La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en particular y giró al Senado el proyecto de ley de responsabilidad penal empresaria, que apunta a sancionar a aquellas personas físicas (empresas, asociaciones) que incurran en delitos de corrupción. Asimismo convirtió en ley un proyecto que limita las excarcelaciones por delitos graves y otro que declara la emergencia para productores frutícolas.
Responsabilidad penal empresaria
La norma, que ya se había aprobado en general la semana pasada, fue votada en particular tras un arduo debate de más de cinco horas. Consagró la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y elevó los montos de las penas para que no sean excareclables.
La mayor controversia estuvo centrada en el texto del artículo 37, que contemplaba una fórmula para que empresas ya acusadas de haber cometido hechos de corrupción pudieran celebrar acuerdos (en sede administrativa) para brindar información sobre el pago de sobornos. Ese artículo, propuesto por el oficialismo, fue objetado por el Frente para la Victoria, el Frente Renovador, el bloque Justicialista y el socialismo. Básicamente, lo consideraban inconstitucional por interpretar que incorporaba un elemento de retroactividad en la aplicación de una ley penal. Por mayoría se rechazó el texto propuesto por el oficialismo, que finalmente fue reemplazado -tras un acuerdo del que participó el interbloque de Cambiemos-, por un artículo elaborado desde la bancada del Frente Renovador y que incorporó la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.
El presidente de la Cámara, Emilio Monzó, convocó, en un cuiarto intermedio, a los presidentes de los bloques. En ese marco se alcanzó el consenso para aprobar un nuevo artículo 37 que cosechó 123 votos afirmativos y 79 negativos. También se agregó el artículo 38 para elevar las penas por corrupción. En este caso, el apoyo fue más amplio: 195 votos afirmativos, 12 negativos y 9 abstenciones.
Rechazado en primer lugar el artículo 37 propuesto por el interbloque Cambiemos (por 130 votos negativos contra 88 afirmativos), se dio lugar al artículo propuesto por la diputada Mónica Litza que, en primer lugar, hace una modificación al artículo 62 del Código Penal para incorporar la imprescriptibilidad de todos los delitos de corrupción y eleva las penas a los efectos de que no sean excarcelables.
De esta manera, y tras un arduo trabajo en comisión y de negociaciones en el recinto, se aprobó un proyecto que originariamente había sido enviado por el Poder Ejecutivo. Es el que habilita la sanción penal de las empresas por el pago de sobornos a funcionarios u otros delitos de corrupción. Hasta ahora, la legislación vigente sólo permite sancionar a personas físicas.
Antes del cuarto intermedio en el que se definió el consenso para el texto final, las distintas bancadas plantearon posiciones contrapuestas sobre la versión original del artículo 37.
El diputado Fernando Sánchez, del interbloque Cambiemos, sostuvo que “el artículo 37 hoy en día está más vigente que nunca. Odebrecht reveló que funcionarios públicos, hoy ausentes, aceptaron las coimas” y añadió: “Queremos saber los nombres y la empresa los quiere dar. El pueblo argentino se los va a agradecer”.
Al respecto, la diputada Graciela Camaño, presidenta del bloque del Frente Renovador, apuntó que el mencionado artículo es “sumamente peligroso” y que “no puede ser lógico en un régimen de división de poderes. Lo tiene que hacer la Justicia, aunque sea tarde. Nosotros vamos a seguir insistiendo en lo que es justo y correcto”.
El diputado Rodolfo Tailhade, desde la bancada del Frente para la Victoria, afirmó que con el 37 “quieren llevarle a la Justicia información sesgada”.
El jefe del bloque del FpV, el diputado Héctor Recalde, alegó que “darle facultades al Poder Ejecutivo (en alusión a la facultad para hacer acuerdos con empresas acusadas de corrupción para obtener información sobre el pago de sobornos) resulta inconstitucional y genera inseguridad jurídica”.
Por su parte, la diputada del bloque GEN Margarita Stolbizer indicó que “la corrupción se va a termina cuando haya un Nunca Más de la corrupción. Cuando la sociedad deje de votar a los corruptos. El artículo 37 es inconstitucional”.
En ese sentido, el diputado de la fuerza justicialista Néstor David sostuvo que “como está escrito el artículo 37 no es justo, claro ni transparente. El Poder Ejecutivo quiere resolver lo hecho en el gobierno anterior, pero no en su gobierno”. Por el mismo bloque político, el diputado Pablo Kosiner sostuvo: “Este Gobierno también tiene pasado. Nosotros no estamos dispuestos a aprobar una ley que garantice la impunidad, sea del gobierno que sea. Tampoco vamos a ser cómplices de este gobierno para ningún empresario”.
Desde el oficialismo, el diputado del interbloque Cambiemos Luis Petri, aludió al art. 37: “La respuesta a la colaboración no la podemos encontrar en el derecho penal. Por eso buscamos un instrumento jurídico que nos permitiera que las empresas, que no son punibles, puedan celebrar convenio de colaboración de carácter administrativo, con efectos penales para esclarecer hechos de corrupción. Pretendemos encontrar alguna herramienta para que esa empresa con información valiosa se pueda presentar. Pero no supone que pueda intervenir el PE. Esta ley es una herramienta clave para combatir la corrupción del pasado”.
También se pronunció el diputado Ricardo Alfonsín, quien destacó que “la ley es un avance, ya que la necesitamos los argentinos y sabemos que no deja satisfechos a todos. El 37 resuelve sobre asuntos delicados y hay que actuar con mucha responsabilidad”.
Todo este debate, como se dijo, derivó en el rechazo de la versión del artículo 37 impulsada por el oficialismo y en su reemplazo por el texto que propuso el Frente Renovador, finalmente acordado entre todos los bloques.
LÍMITE A LAS EXCARCELACIONES POR DELITOS GRAVES
El proyecto limita las excarcelaciones a condenados por violaciones, muertes por torturas, robos a mano armada, trata de personas o narcotráfico.
Al principio del debate y ante familiares de víctimas, la diputada Graciela Camaño, de Federal Unidos por una Nueva Argentina, celebró el tratamiento del tema y lo consideró “un paso muy importante que estamos dando”.
En tanto, el diputado Juan Carlos Giordano manifestó que, ante el proyecto de ley que limita las excarcelaciones, el Frente de Izquierda presentó un dictamen de minoría. Y explicó que “esta reforma salió después del femicidio de Micaela García pero el aumento de las penas es una política que fracasó”.
“Hay que gobernar por más prevención”, afirmó Giordano, en base a un documento firmado por el colectivo Ni Una Menos.
La diputada Diana Conti puso reparos sobre el texto y explicó que el Frente para la Victoria dio libertad de acción sobre el proyecto.
“No lo considero una medida apropiada para luchar contra la inseguridad ni para favorecer a las víctimas de los delitos -dijo Conti-. No protegemos a ningún delincuente pero estamos aferrados a la defensa de los derechos humanos”.
En similar sentido se expresó la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur, quien consideró que “este proyecto no va a mejorar ni la seguridad del pueblo, ni cambiar la inseguridad que sufrimos las mujeres todos los días”.
La diputada Alcira Argumedo, de Proyecto Sur, también se manifestó en contra, al considerar que el texto “tiene ciertas vetas que pueden ser malinterpretadas” ya que “puede dar fundamento a represión de protesta social”.
Araceli Ferreyra, del Peronismo para la Victoria, pidió que “no se recorten fondos en el Consejo Nacional de la Mujer” y consideró que “den la oportunidad de crear políticas realmente preventivas”.
Ayuda a los productores de peras y manzanas de las provincias de Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa
A la hora de los argumentos, la diputada María Emilia Soria, del Frente para la Victoria, celebró que se incorporen nuevas provincias a la declaración, pero denunció que las importaciones de manzana -según un informe del SENASA- alcanzan más de 3.400 toneladas, lo que implica un incremento del 2200% desde 2016.
En tanto, Soria reclamó que “cierren de una vez por todas la importación de manzanas; eso ayudaría a la emergencia frutihorticola”.
En este sentido también se explayó Darío Martínez, del FpV, quien consideró que “es importante que esta ley empiece a aplicarse en más provincias, ya que todavía no han tenido acceso a sus beneficios los productores y las pymes; esto es fundamental para el desarrollo de nuestra región”.
La diputada Soledad Sosa, del Frente de Izquierda, manifestó que “no podemos apoyar una emergencia en contra de los trabajadores”, al igual que su compañero de bancada, Juan Carlos Giordano, quien denunció que “se van a eximir de impuestos a los grandes grupos concentrados”.
Asimismo, la diputada Silvia Horne, en nombre del Peronismo para la Victoria, sumó a los problemas estructurales de los sectores productivos “el achique del consumo del mercado interno, la importación y el precio de los combustibles”. A su vez, Horne celebró que se apruebe el texto tal cual vino del Senado.
Desde el PRO, la diputada Susana Balbo remarcó los motivos climáticos que produjeron la emergencia y negó que la importación genere conflictos económicos. “Tenemos necesidad de equilibrar los mercados, no hagamos uso político de los accidentes climáticos”, dijo.
Sobre el cierre, previo a la votación, el diputado Gilberto Alegre, de Federal Unidos por una Nueva Argentina, mencionó que “hay otras regiones que vienen sufriendo, como en la producción de la cebolla” y coincidió en que las importaciones y la carga tributaria también afectan a las economías regionales.
Juró Domínguez en reemplazo del fallecido Luis Lusquiños
El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, tomó juramento al diputado por San Luis Ramón Alfredo Domínguez, quien ocupa su banca en reemplazo del diputado Luis Lusquiños, fallecido el pasado 17 de junio.
La Cámara dio su consentimiento para la incorporación de Domínguez, quien deberá completar ahora el mandato que cumplía Lusquiños hasta el próximo 10 de diciembre. Ambos habían sido electos en los comicios legisaltivos de 2013.