La ley sancionada definitivamente tras muchos años en que fue demorada, permite a cualquier persona solicitar y recibir del Estado información completa, adecuada, oportuna y veraz. La nueva legislación también establece la creación de una Agencia de Información Pública.
El oficialismo logró incorporar el proyecto al temario y tratarlo sobre tablas, ya que no contaba aún con dictamen de comisión y necesitaba una mayoría especial para incluirlo en la sesión.
El cuerpo aprobó por 182 votos y 16 en contra la sanción original de la Cámara baja y rechazó los cambios incorporados por el Senado.
Entre otras cuestiones, y a instancias principalmente del Frente para la Victoria, el Senado había propuesto que el director de la autoridad de aplicación requiera acuerdo del Senado y eliminó además el artículo que exigía a dicho funcionario no haber ocupado cargos electivos o partidarios en los últimos cinco años previos a su designación.
Al fundamentar la decisión del oficialismo, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli, puso de relieve que “luego de consultas hemos llegado a la conclusión que es conveniente que la Cámara insista en la sanción originaria de este cuerpo”.
La diputada Karina Banfi (UCR), que integró el grupo de expertos que elaboró la Ley Modelo Interamericana de Acceso a la Información Pública y su guía de implementación para la OEA, puso de relieve que a partir de ahora “por ejemplo el Poder Judicial va a tener que difundir sus declaraciones juradas”.
Tras sostener que se trata de “una ley para los funcionarios más que para los ciudadanos”, Banfi destacó que el objetivo de la norma apunta a «conocer cómo el Estado administra el dinero de los argentinos».
Se trata de una deuda del Congreso y un reclamo de organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles que fue tratado varias veces en ambas cámaras pero que nunca logró suficiente consenso como para llegar al recinto.
Al anunciar el envío al Congreso del proyecto, el presidente Mauricio Macri destacó la importancia del proyecto para lograr la transparencia en organismos públicos y aseguró que la ley “va a permitir que cualquier persona pueda pedir datos, documentos, registros y que el funcionario tenga que contestar en 15 días, sino podrá ser sancionado».
Entre otras cuestiones, la ley establece que en caso de no recibir contestación en tiempo y forma, el solicitante podrá reclamar por vía administrativa o judicial.
La Ley establece además la creación de un órgano de aplicación por cada poder del Estado con autarquía y con funcionarios elegidos por concurso y sistema de impugnaciones.
A través del proyecto se crea una Agencia de Información Pública ante la cual cualquier persona tendrá el derecho a solicitar y a recibir del Estado información completa, adecuada, oportuna y veraz.
La iniciativa regirá para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Ministerio Público Fiscal, organismos centralizados, descentralizados, empresas, sociedades estatales y cualquier entidad privada que reciba subsidios o aportes del Estado Nacional, manteniéndose sin embargo el privilegio para YPF que el Senado pretendió eliminar.
OTROS PROYECTOS CONVERTIDOS EN LEY
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138-S-15 PRESUPUESTOS MINIMOS DE PROTECCION AMBIENTAL PARA LA GESTION DE LOS ENVASES VACIOS DE FITOSANITARIOS EN VIRTUD DE LA TOXICIDAD DEL PRODUCTO QUE CONTUVIERON, REQUIRIENDO UNA GESTION DIFERENCIADA Y CONDICIONADA. ESTABLECIMIENTO. ORDEN DEL DIA 403
PROYECTOS REMITIDOS AL SENADO
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19-PE-16 SALIDA DEL TERRITORIO NACIONAL DE MEDIOS, DE PERSONAL MILITAR Y SEGURIDAD, PERSONAL DESTINADO A ACTIVIDADES HUMANITARIAS Y DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL Y DE INFRAESTRUCTURA, PARA PARTICIPAR DE LA MISION DE ESTABILIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS EN HAITI (MINUSTAH). AUTORIZACION. ORDEN DEL DIA 409
3050-D-16 LEY 24.240 -DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR-. MODIFICACION SOBRE NORMAS DE PROTECCION Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES, CONDICIONES DE LA OFERTA Y VENTA. ORDEN DEL DIA 538