El ministro de Economía, Axel Kicillof, señaló hoy en la Cámara de Diputados que el proyecto de ley que declara de interés público la protección de las participaciones del Estado en empresas privadas «es un anticuerpo ante cualquier intento de privatizar» esas acciones en el futuro.
Al participar esta tarde de un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social, Kicillof expuso sobre el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, que ya cuenta con sanción del Senado.
El ministro, que estuvo acompañado por el titular de la ANSES, Diego Bossio, volvió a advertir que «la venta de una sola de las acciones de empresas privadas que el Estado posee a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), es un acto de privatización».
Kicillof insistió en «la necesidad de que cualquier autorización de venta tiene que contar con el voto positivo de dos tercios del Parlamento» debido a que «se trata de decidir sobre la enajenación del patrimonio del Estado».
«Al redactar el proyecto se puso mucho énfasis en los criterios para las ventas de participaciones del Estado, pero el voto de los tercios es un elemento esencial de cara al futuro», remarcó el titular del Palacio de Hacienda.
Sobre la creación de la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (Anpee), dijo que existen cuerpos de este tipo en otros países «que regulan sobre la participación del Estado en empresas privadas».
En ese sentido recordó que «no fue una decisión de este gobierno comprar acciones de empresas privadas, sino que fue producto del fin del régimen de capitalización de los 90 del que formaron parte de las AFJP que implicó una ruptura radical con lo que había sido el régimen solidario de jubilaciones».
Enfatizó también que «este Gobierno no vendió ni una sola acción desde que llegaron de las AFJP», que «las tenencias accionarias dan derecho político a participar en la decisión de las compañías» e insistió en que «si hoy esas acciones son públicas y las vendemos, estamos privatizando esa parte de la compañía que hoy es pública».
Kicillof puntualizó que «las tenencias accionarias dan derecho político a participar en la decisión de las compañías”, y que «los directores nombrados en las compañías sólo percibirán el sueldo pagado por el Estado y que el dinero que les corresponda por su integración en la compañía seguirán siendo donados».
El plenario de comisiones que presidio el titular de Presupuesto, Roberto Feletti (Frente para la Victoria), se reunirá nuevamente mañana a las 11.
Alli, el oficialismo intentará emitir dictamen al proyecto para poder habilitar su tratamiento en el recinto en una sesión especial prevista para el miércoles.
La iniciativa enviada hace un mes por el Poder Ejecutivo al Parlamento declara de interés público la protección de las acciones de empresas que el Estado tiene en su poder y que forman parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
De ese modo, se prohíbe la venta, la transferencia o cualquier otra acción que implique que el Estado se desprenda de esas acciones, salvo que el Congreso de la Nación lo autorice a través del voto de los dos tercios de sus miembros.
Mediante la ley se crea la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas como continuadora de la Dirección Nacional de Empresas con Participación del Estado que deberá entender en la ejecución de las políticas y acciones que hacen al ejercicio de los derechos societarios de las participaciones accionarias o de capital de las empresas comprendidas en el proyecto.
La Anpee tendrá a su cargo ejercer los “derechos políticos” inherentes a las acciones que integran la cartera de inversiones del FGS.
La nueva agencia se integrará con un Directorio y un Consejo Consultivo, previendo la conformación de una Comisión Bicameral Permanente de Participación Estatal en Empresas conformada por ocho miembros de Diputados y ocho del Senado.
El Directorio estará conformado por un presidente, ejercido por el Director Ejecutivo de Anses; dos directores designados por el PEN y dos directores propuestos por la Comisión Bicameral: uno por la mayoría o primera minoría y otro por la primera minoría o segunda minoría.
FUENTE: TELAM