Sr. Presidente (Domínguez).- Oportunamente la Presidencia hizo llegar a los señores presidentes de bloque que componen esta Honorable Cámara copia del escrito que fuera remitido por el señor jefe de Gabinete de Ministros, contador público Jorge Milton Capitanich, a efectos de informar los temas sobre los que expondrá.

Previamente quiero recordar que en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria se decidió sesionar en el marco de lo previsto por el reglamento en el sentido de que cada bloque utilice el tiempo correspondiente, dentro de los 240 minutos estipulados.

Si algún presidente de bloque en su exposición no alcanzara a formular alguna pregunta, y el tema lo amerita, tomaremos un margen de hasta el 10 por ciento de lo que le corresponde para que pueda ampliar la fundamentación en el mismo espacio y término que tendrá disponible para hacer uso de la palabra.

          La Presidencia informa que se encuentra en antesalas el señor jefe de Gabinete de Ministros, contador público Jorge Milton Capitanich. Si hay asentimiento de la Honorable Cámara, se lo invitará a ingresar al recinto.

–   Asentimiento.

Sr. Presidente (Domínguez).- Damos la bienvenida al señor jefe de Gabinete de Ministros, contador público Jorge Milton Capitanich, y a todos los funcionarios, con el objeto de que brinde el informe previsto por el artículo 101 de la Constitución Nacional.

 Ocupan sus asientos en el Recinto el señor jefe de Gabinete de Ministros, contador público Jorge Milton Capitanich y los señores secretarios de Evaluación Presupuestaria de la Jefatura de Gabinete de Ministros, contador público Fabricio Néstor Bolatti; de Gabinete y Coordinación Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, contadora pública Laura Fabiana Sambanca; de Integración Nacional de la Jefatura de Gabinete de Ministros, señora María del Carmen Alarcón; de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete de Ministros, doctor Oscar González y el señor subsecretario de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, licenciado Raúl Rigo.

Sr. Giubergia.- Pido la palabra para plantear una moción de orden.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.

Sr. Giubergia.- Señor presidente: hago moción de que luego de que escuchemos el informe del señor jefe de Gabinete de Ministros pasemos a cuarto intermedio hasta la semana que viene a efectos de poder analizar el CD que se repartió a los señores diputados hace una hora. No hemos tenido la oportunidad de analizarlo ni de ver las respuestas dadas a las preguntas de los señores legisladores.

Por eso propongo que luego de escuchar al señor ministro la Cámara pase a cuarto intermedio hasta el próximo martes para que los señores diputados puedan hacer las preguntas sobre la base de la información proporcionada por el señor jefe de Gabinete de Ministros.

Sr. Presidente (Domínguez).- Esto no está previsto en el reglamento.

Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

 Sra. di Tullio.- Señor presidente: ya se ha hecho la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria y se acordó el procedimiento a seguir; el radicalismo no estaba presente, pero el resto de los bloques, sí.

Para votar la moción de orden planteada por el señor diputado Giubergia se requiere apartarse del reglamento, cosa que nuestro bloque no va a apoyar. Tienen toda Semana Santa para leer el CD que ha distribuido la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Camaño.- Señor presidente: el señor jefe de Gabinete de Ministros ha tenido un comportamiento inédito respecto del cumplimiento de la disposición que emana de la Constitución Nacional. Es una autoridad de este gobierno, el mismo cuyo señor jefe de Gabinete anterior nunca ha concurrido a esta Cámara, porque no se ha dignado a cumplir lo que establece la Constitución respecto del informe que debe brindar a este cuerpo.

Los acuerdos parlamentarios están vinculados a la metodología de trabajo en cuanto a los tiempos, pero no lo están –y desde ningún punto de vista pueden estarlo‑ al hecho de contar con la presencia del señor jefe de Gabinete de Ministros sin tener antes el informe. La figura del señor jefe de Gabinete de Ministros tiene un sentido en la Constitución…

Sr. Presidente (Domínguez).- Señora diputada: le pido por favor que se ajuste a la moción.

Sra. Camaño.- Me estoy ajustando a ella. El sentido es la información. Lo que la Constitución Nacional pretende es que este vínculo a través del señor jefe de Gabinete proporcione a los legisladores información. Mal podemos estar informados cuando tenemos la información sin los mínimos tiempos de procesamiento, porque llegó una hora antes. Leer todo en Semana Santa sería lo mismo que escuchar al señor jefe de Gabinete acá.

Entonces, hay una estrategia para que no se cumpla cabalmente lo que establece la Constitución Nacional, con jefes de Gabinete que no vienen al Parlamento o con jefes de Gabinete que vienen con cierta metodología a esta Cámara, ya que en el Senado el procedimiento fue diferente: existió la posibilidad de la repregunta y del debate. Es como que a esta Cámara se le tuviera miedo. Me parece que mal hace el oficialismo en tenerle miedo a los representantes del pueblo de la Nación.

Sr. Presidente (Domínguez).- Gracias, señora diputada.

No haciendo lugar a la moción presentada y ratificando que el propio reglamento prevé que el señor jefe de Gabinete, cuando la complejidad de los temas así lo requiera, tiene cinco días con posterioridad a la sesión para responder por escrito, de acuerdo con el artículo 202 del Reglamento, continuamos con el desarrollo de la sesión.

Tiene la palabra el señor jefe de Gabinete.

Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- Señor presidente, demás autoridades de la Cámara de Diputados de la Nación, señores diputados y señoras diputadas: muchísimas gracias por la deferencia de participar en esta sesión con el objeto de cumplir  lo que prescribe el artículo 101 de la Constitución Nacional.

En ese contexto quiero transmitir a todas y a todos que el objetivo de nuestra exposición va a ser precisamente informar la marcha del gobierno, tal cual lo prescribe el artículo 101, y a su vez responderé cada uno de los interrogantes.

En consecuencia, quiero transmitir que el número de preguntas asciende a 1.046, lo cual implica la implementación de todo un procedimiento para las respuestas correspondientes. No obstante ello quiero informarles que estoy aquí para responder a cada una de vuestras inquietudes con mucha claridad y precisión.

Sin más, voy iniciar mi exposición diciendo lo siguiente.  Estoy aquí por expresa instrucción de la señora presidenta de la Nación en el contexto de la construcción de una agenda de carácter comunicacional que en forma permanente queremos establecer con el pueblo de la Nación argentina a través de los medios.

Asimismo queremos construir una agenda de carácter bilateral trabajando mancomunadamente con las provincias y los municipios de nuestro país estableciendo el principio de ejecución de políticas que tiendan al desarrollo territorial y a su vez a la construcción de una agenda que tiene que ver con el debate político entre los representantes del pueblo, que son ustedes, en virtud del artículo 22 de la Constitución nacional.

En esa inteligencia hemos trabajado en la disposición de 204 objetivos y 274 metas para los períodos 2014 y 2015, que tienen que ver con la marcha y evolución de las políticas públicas y el cumplimiento de estos objetivos, metas, estrategias y mecanismos que permitan instrumentar dichas políticas.

Obviamente, en este contexto es muy difícil sintetizar tanta cantidad de objetivos y metas, pero sí me parece que es posible hacer una síntesis respecto de distintos temas que involucran la agenda temática.

Precisamente, uno de los temas claves es la salud pública, que ha tenido una evolución muy positiva desde 2003 hasta 2013. Se observa la reducción de carácter sustantivo de la mortalidad infantil, que pasó del 16 por mil al 11 por mil, con una proyección para 2013 –la serie abarca desde el 2003 hasta el 2012‑ que tiende a decrecer aún más, generando condiciones de mayor reducción relativa en las provincias del Norte argentino en virtud de políticas activas que tienen que ver con la inclusión social y con estos objetivos.

Lo mismo ocurre con la reducción de la mortalidad materna y la cobertura desde el punto de vista de la vacunación. Existen dieciséis vacunas de carácter obligatorio, de las cuales diez se han implementado en el transcurso de estos diez años.

Asimismo vale destacar la construcción de infraestructura hospitalaria y centros de salud, mecanismos que también tienden a la asignación de recursos que están debidamente direccionados a través del Plan Remediar con el objeto de garantizar la cobertura desde el punto de vista de la atención primaria de la salud.

El diseño de la política sanitaria tiene que ver con una planificación de carácter general por parte del Estado nacional, en concurrencia con cada una de las provincias argentinas para la administración de los recursos globales del sistema.

El cumplimiento de estos objetivos y metas ha permitido una reducción extraordinaria del número de casos de hepatitis A, por ejemplo, una política asociada a las vacunaciones para el caso de la tos convulsa –también con una reducción sustantiva del número de casos‑, y una asignación de recursos para una mejor atención asociada al tema de equipamiento de bienes de capital, tecnología, capacitación e incorporación de recursos humanos calificados.

La República Argentina cuenta con 160 mil médicos en todo el país. También podemos mencionar un mecanismo de inclusión basado precisamente en un programa de capacitación de enfermeras, que a su vez, conjuntamente con las especializaciones correspondientes, permiten sostener y sustentar la calidad desde el punto de vista de la prestación de los servicios en materia de salud.

Del mismo modo podemos mencionar la evolución de la política educativa. En ese contexto, hoy la educación, a partir de un conjunto de iniciativas legislativas impulsadas desde 2003 en adelante, con la asunción del doctor Néstor Kirchner como presidente de la Nación, ha logrado alcanzar objetivos muy concretos.

La ley 25.053, de Fondo Nacional de Incentivo Docente, ha permitido, junto a las estrategias que tienen que ver con los mecanismos de compensación salarial, asignar recursos equivalentes a casi 4.800 millones de pesos desde el punto de vista presupuestario a los efectos de garantizar la cobertura de carácter universal de los servicios educativos en las distintas provincias.

La ley 26.075, de financiamiento educativo, ha permitido incrementar sustancialmente la participación relativa del presupuesto educativo respecto al Producto Bruto Interno. Y lo más trascendente es que al mismo tiempo que se incrementa la asignación de recursos en términos de Producto Bruto Interno, este último expresa un crecimiento sistemático de 2003 a 2013.

En este sentido, es absolutamente imprescindible observar la participación relativa de casi el 6,75 por ciento del presupuesto educativo respecto del presupuesto total, conjuntamente con los parámetros de medición de la evolución del presupuesto de ciencia y técnica, que va desde 0,68 a 0,75 del Producto Bruto Interno. A su vez, lo más trascendente es la incorporación de más de mil científicos y técnicos que han sido repatriados a partir de la asignación de recursos y del diseño de una política pública a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

Pero al mismo tiempo que se asigna una mayor proporción de recursos educativos en términos del Producto Bruto Interno es necesario admitir que las políticas de inclusión social forman parte de esta estrategia desde el punto de vista de la cobertura universal del componente educativo. El 1,2 por ciento del Producto Bruto Interno representa la asignación universal por hijo y el 0,55 por ciento de dicho Producto Bruto Interno representa el Plan Progresar. A su vez, y en forma complementaria, la distribución de netbooks a cada uno de nuestros adolescentes dentro del sistema educativo permite garantizar la asignación equivalente a casi 9 puntos del Producto Bruto Interno en materia educativa.

Nosotros tenemos aproximadamente 862 mil trabajadores docentes y el equivalente a 1.425.000 cargos en el sistema educativo de todo el país; también tenemos 13 millones de alumnos y 43 mil establecimientos educativos. En ese contexto, no solamente se han asignado más recursos y se ha garantizado el Fondo Nacional de Incentivo Docente sino que también se ha garantizado una nueva ley de Educación: la 26.206, que ha permitido, conjuntamente con cada una de las provincias argentinas, un convenio que implica la elección de siete o cinco años en materia de primaria y secundaria, o eventualmente la opción de seis y seis, a los efectos de garantizar el cumplimiento de las metas educativas.

Todo eso se suma a un conjunto de recursos asignados por parte del Estado nacional y de los estados provinciales para incrementar sustancialmente la infraestructura edilicia, tanto de edificios nuevos en materia de infraestructura escolar como la ampliación de nuevos edificios y también la estrategia que ha permitido la remodelación, refacción, ampliación o mejoramiento de la infraestructura escolar en toda la República Argentina.

Esto se da también en el marco de la ley de educación técnica, que ha permitido la asignación equivalente al 0,2 por ciento de los recursos corrientes, lo cual ha implicado un incremento sistemático año tras año a fin de garantizar la formación de recursos humanos con inserción y salida laboral de modo de recuperar no sólo la infraestructura edilicia de las escuelas técnicas sino también para crear las condiciones para que éstas cuenten con el equipamiento necesario para una capacitación de base educativa de buena calidad.

Por ello no es menor pensar lo que esto ha significado conjuntamente con la complementación de políticas inclusivas en materia de educación, como el plan FinEs, que tiene una meta de un millón y medio de personas, de las cuales más de 500 mil han cumplido efectivamente la finalidad del programa correspondiente.

Esta conjunción de elementos por supuesto ha permitido corroborar que el esfuerzo desde el punto de vista de asignación de recursos, de infraestructura y de tecnología, permitirá sin lugar a dudas generar las condiciones para sostener una política de mayor calidad educativa en el corto, mediano y largo plazo.

Así como hemos hecho referencias en materia de salud y educación, también es bueno observar el comportamiento desde el punto de vista de distintos programas de inversión en materia de infraestructura, que han permitido mejorar sustancialmente la competitividad sistémica de la economía argentina. La inversión en materia energética es equivalente aproximadamente a 8.700 megavatios, y es posible que entre los años 2014 y 2015 lleguemos con 3.250 megavatios adicionales, a partir de una sumatoria de centrales de producción energética, del mismo modo que las proyecciones para 10 mil megavatios adicionales, que van a permitir satisfacer efectivamente la demanda energética de carácter estructural.

Voy a hacer una mención muy breve en materia de infraestructura, porque seguramente formará parte del debate en este recinto, y para no aburrir con tantos indicadores me parece importante remarcar solamente estos. En cuanto a la red vial, ha habido una inversión de casi 130 mil millones de pesos. Esto implica nuevas rutas y rehabilitación y mantenimiento de otras a partir del programa CREMA, por un total de 12 mil kilómetros, con nuevas licitaciones.

Asimismo cabe señalar la inversión tendiente a generar el equivalente a 51 mil kilómetros de fibra óptica a los efectos de garantizar la conectividad a través de la modernización que permite naturalmente el vínculo de carácter estructural en provincias que de otra manera, sin intervención del sector público, no tendrían la conectividad correspondiente.

Me refiero a provincias como La Rioja, Formosa o Chaco, así como también la extensión que está generando en muchas otras.

Por su parte, la hidrovía Paraná-Paraguay, tiene una inversión proyectada de 112 millones de dólares, en gran parte cumplida desde Santa Fe, al norte, pasando de 34 a 25 pies de calado y a 12 en la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay. Tiene como objeto mejorar y fortalecer el comercio bilateral o multilateral en el ámbito del Mercosur. Una hidrovía de las características de la que estamos hablando, con 3.446 kilómetros de extensión, que une desde Palmira, en Uruguay, hasta Puerto Cáceres, en la República Federativa del Brasil, constituye naturalmente, junto con el transporte multimodal de cargas, una estrategia para abaratar los costos de transporte y mejorar la competitividad sistémica de la economía argentina. Obviamente, ello implica un aliciente muy adecuado para el desarrollo de las economías regionales, que podrán mejorar la competitividad desde el punto de vista del tipo de cambio real y efectivo, de la logística integrada y de la articulación con otros programas de inversión, que tienen que ver con el sistema ferroviario. Este último tiene una meta de casi 5 mil millones de dólares de inversión, dividiendo los 2.500 millones de dólares del transporte ferroviario del Belgrano Cargas, que a su vez tiene una estrategia de financiamiento con la República Popular China. A su vez, debemos tener en cuenta el resto de los recursos relacionados con el mejoramiento del sistema ferroviario de pasajeros.

Se trata de inversiones muy significativas que, obviamente, tienden a la mejora de la calidad del servicio de transporte de pasajeros, y además, del de cargas como una modalidad de integración con el resto de las provincias argentinas para perfeccionar la competitividad sistémica de la economía.

Estas son demandas insatisfechas, porque uno siempre debe recordar que aquel 9 de julio de 1947, cuando se produce la nacionalización de los ferrocarriles por parte del general Juan Domingo Perón, la República Argentina contaba con 47.000 kilómetros de vías férreas, muchas de las cuales hoy están en desuso, y en consecuencia, requieren inversión del Estado para lograr
competitividad y una conectividad que integre los transportes marítimo, fluvial, ferroviario de cargas y automotor. Ello, dentro de un programa que exige sistematización de los proyectos de inversión, y su seguimiento y fiscalización.

El plan de infraestructura de la República Argentina abarca desde la televisión abierta digital, cuya cobertura tiene carácter universal y gratuito para lograr el acceso a la información, hasta la fibra óptica, que permite llegar a última milla para generar condiciones de comunicación de un modo aceptable, a fin de que la construcción del sistema de comunicación del país sea verdaderamente federal, pues las empresas privadas solamente invierten en la aglomeración potencial de población excluyendo gran parte de la comunicación del resto de la Argentina.

La plena vigencia del federalismo implica un rol del Estado que inexorablemente contribuya al uso de la tecnología para mejorar la calidad y cantidad de información. Por supuesto, esto es posible desde una política activa de parte del sector público.

Entonces, en cuanto a comunicación, el sistema de fibra óptica, la televisión digital abierta, las rutas, las autovías, el sistema ferroviario de transporte de pasajeros y de cargas, más lo que significa la inversión en energía, conjuntamente con la hidrovía y otras obras adicionales, constituyen los desafíos presentes y futuros de la República.

En materia de energía no sólo es necesario invertir en generación sobre la base del incremento de la demanda energética, sino que también deben generarse las condiciones para que esa inversión tenga un precio de energía competitivo; esto es, que la industria pueda recibir un precio sustancialmente inferior respecto de otros países a efectos de atraer inversiones, promover industrialización y crear empleo, y al mismo tiempo, generar un precio de energía para los consumidores elevando el ingreso disponible a fin de potenciar el nivel de compra, maximizar el consumo y fortalecer la demanda agregada como componente indispensable para el sostenimiento de las tasas de crecimiento de la economía en el corto, mediano y largo plazo.

Por eso, el sistema energético proyecta claramente inversión en materia de generación y de transporte, con más de 5.500 kilómetros que ya se han podido ejecutar; asimismo, prevé desde el sistema de comercialización hasta el de distribución, la última de las cuales no es equivalente en cada una de las jurisdicciones provinciales pues muchas tienen que ver con empresas privadas que explotan al servicio, y otras, con empresas estatales. Existe una diferenciación en el valor de la tarifa, que afecta el nivel de ingresos de cada una de las familias según donde se radiquen. De allí que el Estado nacional esté promoviendo sistemas de acuerdo que permitan generar un proceso de ecualización de las tarifas, con alcance federal.

La responsabilidad del Estado y su compromiso para la inversión pública importan un rol absolutamente insustituible para lograr la competitividad sistémica y el desarrollo armonioso de determinado tipo de economía regional.

La infraestructura está directamente vinculada a la inversión privada, y si aquella no existe es absolutamente imposible generar condiciones de competitividad para la producción de petróleo y de gas, convencional o no convencional. Si no hay inversión en infraestructura es imposible generar condiciones para articular una cadena de valor mediante la explotación minera de carácter nacional, en el marco de una adecuada evaluación del impacto ambiental. Si no existe la inversión en materia de infraestructura, que integre la red vial terciaria, secundaria y primaria conjuntamente con el sistema multimodal de cargas, en el marco de los incentivos de la industrialización, tampoco será posible lograr un complejo agroalimentario de alta competitividad, que no solamente permita el abastecimiento al mercado interno sino también el volumen total de exportaciones, que son absolutamente imprescindibles para garantizar la sustentabilidad del modelo macroeconómico de largo plazo.

Por eso nosotros consideramos que es muy importante lo que ha ocurrido en el desenvolvimiento de la economía argentina. Observamos que desde el año 1990 a la fecha el sector agropecuario ha tenido un crecimiento de carácter sustancial, de 20 millones de hectáreas a casi 35 millones. Esto ha implicado un incremento sustancial del número de toneladas producidas, de 60 millones de toneladas de cereales y oleaginosas a una proyección cercana a los 110 millones, depende del rinde por hectárea de los principales componentes del complejo cerealero y oleaginoso de la República Argentina.

En ese contexto quiero transmitir que el sector agropecuario ha experimentado una tasa de crecimiento sin precedentes, pero también con una fuerte disputa desde el punto de vista del uso de la unidad de superficie, generando claramente un debate respecto de la tasa marginal de sustitución del uso por cada unidad de superficie, en virtud de la rentabilidad de cada sector.

Por ejemplo, ha habido un proceso de transformación de 14 millones de hectáreas en materia de sustitución ganadera por agrícola, principalmente a partir de la rentabilidad de un cultivo, que inexorablemente genera un efecto crowding out o un desplazamiento desde el punto de vista del uso de la unidad de superficie.

Lo mismo ha ocurrido con la variación en la superficie de trigo, que históricamente ha oscilado entre 9,4 y 6,8 millones de hectáreas, de acuerdo con la serie estadística comprobable desde 1967, a partir de la información disponible por parte del Ministerio de Agricultura.

En ese contexto, hemos tenido en la última fase una reducción de 3,2 millones de hectáreas efectivamente cosechadas respecto de las 3,6 millones de hectáreas efectivamente sembradas.

El horizonte implica que en base al comportamiento del precio internacional, del efecto que tenga en la rentabilidad de cada unidad productiva, del modelo de planificación desde el punto de vista agrícola por parte de los mecanismos que tienen que ver con la sustentabilidad de los cultivos, podremos generar una visión incremental en la superficie de trigo.

En este contexto tenemos también la producción de maíz, trigo, leche, carne, soja y otro tipo de cultivos. Lo que podemos observar objetivamente es que en materia de carnes el número de cabezas de ganado bovino era de 12 millones en 1875, ha tenido un incremento sistemático a 61 millones en 1976, y después tuvo un decrecimiento hasta 1988 con casi 47 millones. A posteriori hubo un incremento, hasta los años 2006, 2007 y 2008, a casi 58 millones de cabezas, y luego una reducción.

Eso también ha propiciado una modificación en las pautas de consumo, en materia de proteínas, en cada uno de los consumidores de la República Argentina ‑hoy se sitúa aproximadamente en 63 kilos de carne por persona‑ y un incremento sustancial del consumo aviar de 19 kilos por persona a aproximadamente entre 39 y 42 kilos, y también una evolución positiva en la capacidad de consumo porcino, de 4 kilos a entre 10 y 11 kilos. Esto implica que el consumo de proteínas por habitante en la República Argentina sea uno de los mejores en el mundo.

Del mismo modo uno puede hacer una somera descripción desde el punto de vista de lo que ha significado la evolución del precio de la unidad de superficie de tierra, pasando del equivalente a 3.000 o 3.500 dólares por hectárea hasta 17.000 dólares en las zonas núcleo productivas.

Por lo tanto, lo que uno observa es un incremento en la superficie sembrada en todo este período de 10 años, un incremento en el precio de la unidad de superficie de tierra, un incremento en la tasa de rentabilidad correspondiente y un incremento en los niveles de arrendamiento. Obviamente eso también ha generado un proceso de debate muy profundo respecto de determinados tipos de políticas públicas. Por ejemplo, la discusión respecto de la producción láctea, que había tenido un incremento sustantivo en la década del noventa, luego una caída hasta 8 mil millones de litros y posteriormente una recuperación hasta casi 11 mil millones de litros en la actualidad.

Asimismo debemos mencionar el debate respecto de esa tasa marginal de unidad de superficie y la perspectiva de pretender aumentar en términos de metas a 12.870 millones de litros o expandir aún más con nuevas zonas productivas que eficazmente podrían generar nuevas condiciones para el aprovechamiento de la capacidad instalada y el procesamiento de la capacidad industrial de la República Argentina en virtud de la demanda externa de nuestros productos.

Hoy la proyección indica aproximadamente 1.550 millones de dólares de exportación para el complejo lácteo. Obviamente, el gran desafío es cómo generar las condiciones para el abastecimiento del mercado interno, la colocación en el mercado externo, la compensación al productor y, desde luego, el producto final al consumidor.

Pero esto no solamente tiene que ver con el sector agropecuario. Lo mismo podría decir respecto del sector industrial. Hemos tenido un incremento sustancial desde el punto de vista de los empleos industriales, pasando de casi 868 mil empleos a 2,5 millones de empleos, con una participación relativa que se mantuvo con un nivel aceptable desde el punto de vista del producto bruto interno respecto de otros países de la región en los que se ha observado un proceso de primarización. Por el contrario, en la República Argentina se registró una base de industrialización creciente en el número de empleos y en las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario e industrial que forman parte del componente de exportaciones en un mundo que, obviamente, es complejo desde el punto de vista del comportamiento de la demanda externa, tanto en términos de políticas activas para la sustitución de importaciones como de políticas activas para la búsqueda de nuevos mercados.

La República Argentina ha tenido una evolución positiva desde el punto de vista de las exportaciones. De 25.600 millones de dólares de exportaciones en 2002 se pasó a casi 83 mil millones de dólares en 2011 y 2012, registrándose luego una leve caída en un contexto de crisis internacional que afectó el comportamiento de la demanda externa.

Pero a su vez también hemos tenido una política económica que en la primera fase de este ciclo ha permitido generar definitivamente un motor para el crecimiento basado en la demanda agregada, la potenciación del consumo y el sostenimiento de la inversión pública. Como ustedes saben, esta última ha tenido en la República Argentina un comportamiento superior al 6,5 por ciento en la década del setenta, una reducción más significativa en la del ochenta, una caída estrepitosa del 1,6 por ciento en la del noventa y un nivel de participación que oscila entre el 4,5 y el 5 por ciento en términos del producto bruto interno.

Pero también se ha registrado una potenciación del consumo y una participación relativa de la inversión bruta interna en términos del producto bruto interno, pasándose del 12 por ciento al 24,5 por ciento, con una caída posterior al 23,6 por ciento. No obstante, se trata, inexorablemente, de un comportamiento superior al promedio de otros países de nuestra región.

Por eso es muy importante observar que la estrategia desde el punto de vista económico en la primera fase del ciclo precisamente consistió en potenciar una política fiscal expansiva de inclusión y de distribución más equitativa del ingreso y en generar una acumulación de reservas, las que se utilizaron para cancelar los servicios de capital e intereses de la deuda en la segunda fase del ciclo, a los efectos de garantizar sustentabilidad para el cumplimiento de objetivos.

En ese contexto el sistema de seguridad social ha sido un factor que ha coadyuvado de una manera extraordinaria a la inclusión social y a la distribución del ingreso.

Si uno analiza los últimos diez años es importante observar que la seguridad social ha pasado, en términos del producto bruto interno, del 5 por ciento a más del 12,1 por ciento. Verdaderamente eso constituye la estrategia que ha permitido garantizar la inclusión social y mejorar sustancialmente los parámetros de distribución del ingreso. Esto lo observamos en el comportamiento del coeficiente de Gini, en términos de reducción de la pobreza y la indigencia.

Obviamente eso exige esfuerzos no solamente desde el punto de vista de la asignación de recursos en materia de política fiscal, lo que se nota claramente en la mayor capacidad del Estado para la obtención de la recaudación.

A su vez, quiero decir que el sistema de seguridad social se nutre no solamente de aportes y contribuciones sino también de recursos tributarios. En ese contexto, es muy importante que todos conozcan en detalle por qué los aportes y contribuciones tienen que ver con la creación de puestos de trabajo.

Cuantos más puestos de trabajo se generen en virtud de su formalización y de la mejora del salario, mayor será la capacidad de financiamiento del sistema de seguridad social. A mayor actividad económica, mayor recaudación tributaria. La redistribución del 15 por ciento de la coparticipación federal, como así también lo recaudado en concepto de impuesto a las ganancias y del impuesto al valor agregado, impactan inexorablemente en los recursos que se vuelcan a las provincias.

Si observamos cómo se asignan a las provincias los recursos de todo el sistema tributario, advertiremos que el 74 por ciento se ejecuta en el territorio. En el año 2013, se transfirieron a las provincias 221 mil millones de pesos en el marco de la coparticipación federal de impuestos, a lo que debemos agregar otros recursos de jurisdicción nacional. Esto significa un crecimiento de aproximadamente un 1.023 por ciento en la década e implica decir que la recaudación ha permitido mejorar sustancialmente –en más de diez veces- los ingresos recibidos por cada provincia.

También es importante remarcar la evolución positiva del Fondo Federal Solidario, una asignación de recursos que ha permitido a las provincias contar con la coparticipación de los derechos de exportación provenientes de la soja. Esto trajo aparejado que en 2013 muchas provincias recibieran aproximadamente 10 mil millones de pesos adicionales, lo que produjo un mejoramiento cercano al 234 por ciento respecto de la instrumentación de dicho fondo en 2009.

La evolución de la actividad económica, el crecimiento del producto bruto interno, y la optimización de los mecanismos de fiscalización y percepción de los ingresos tributarios permitieron mejorar sustancialmente la capacidad de financiamiento de las provincias no sólo para prestar servicios básicos e indelegables como los de educación, salud, seguridad y justicia, sino también para contar con recursos estratégicos destinados a la ejecución de obras de infraestructura social básica.

Creo que es trascendente observar cómo el comportamiento de cada una de estas acciones permitió el mejoramiento de todas las condiciones.

Algo similar ocurrió en materia de turismo. El nuevo marco jurídico dio el incentivo necesario para incrementar el turismo receptivo, que si bien había caído en los últimos trece meses –si tomamos 2012 hasta octubre de 2013- experimentó una recuperación del 4,4 por ciento en noviembre. Esta tendencia se mantuvo en modo sostenido desde el punto de vista de la percepción de los ingresos del turismo proveniente del exterior y potenció el desenvolvimiento de obras de infraestructura hotelera, hecho que trajo como consecuencia la multiplicación de empleos y una distribución geográfica y regional positiva para el desarrollo de la actividad.

Consideramos que esta definición implica también un conocimiento exhaustivo de los desafíos que la República Argentina tiene para los próximos tiempos.

El primer desafío, que es absolutamente claro y contó con el acompañamiento de la mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, se vincula con el objetivo estratégico de lograr el autoabastecimiento en materia energética.

El autoabastecimiento energético nos lleva a observar el comportamiento de YPF como la nave insignia que generará las condiciones para el financiamiento y la asociación de capitales a efectos de maximizar la tasa de rendimiento de cada peso invertido para producir gas y petróleo convencional y no convencional, con el objeto de autoabastecer la demanda y sustituir las importaciones.

El crecimiento del consumo de energía en nuestro país ha tenido un efecto expansivo como consecuencia de la elasticidad entre consumo de energía y crecimiento del producto bruto interno.

Obviamente, esto ha traído aparejada la necesidad de observar también el comportamiento de YPF desde el proceso de expropiación, tema que seguramente tratarán los señores diputados en el transcurso de la próxima semana, y que ya fue sancionado por el Honorable Senado de la Nación.

Como ustedes saben, la República Argentina tiene una reserva estratégica en materia de gas y petróleo no convencional: la segunda reserva de gas, y la cuarta reserva de shale oil. En ese contexto, hemos podido observar cómo funciona el proceso de inversiones que se está ejecutando a través del liderazgo de YPF en Neuquén. Lo hemos podido constatar personalmente en toda la zona que tiene que ver con Loma de la Lata, Vaca Muerta, Loma Campana, y a su vez también lo que han significado los nuevos descubrimientos de gas convencional en Río Negro a partir de la adquisición por parte de YPF de Apache. Obviamente eso genera las condiciones para incrementar la capacidad de financiamiento y la ejecución.

Por supuesto cuando hablamos de plantear desafíos el primer desafío estratégico del país precisamente es lograr el autoabastecimiento energético, y esto está directamente asociado con la estrategia que tenemos con Yacimientos Petrolíferos Fiscales, una empresa insignia para el desenvolvimiento de la actividad petrolera y gasífera en la República Argentina por su participación relativa en petróleo y gas.

El segundo gran desafío se vincula con una industrialización acelerada para sustituir importaciones, que tiene que ver con una agenda de carácter nacional e internacional.

La agenda internacional se relaciona con el acuerdo con la industria automotriz de la República Federativa de Brasil, en el que hemos avanzado de modo dinámico a partir del viernes de la semana anterior en aquél país en el contexto de la asamblea de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo. Creemos que están dadas todas las condiciones para llegar al mes de junio con un acuerdo de carácter integral y estratégico que fortalezca la cadena de valor con el desarrollo de la industria de autopartes, y que a su vez permita garantizar metas de producción, que la industria automotriz integre el sistema de autopartes, y en rigor no solamente sostenga sino permita expandir sustancialmente el volumen de generación de empleo, como así mismo sustituir las importaciones para generar una tendencia al equilibrio desde el punto de vista de la balanza comercial.

Entendemos que hay otras áreas de carácter estratégico para el desarrollo dinámico y competitivo de las industrias petrolera y minera en términos de calidad e integración de la cadena de valor. Hemos identificado 38 complejos productivos de bienes estratégicos para generar los incentivos necesarios para sustituir importaciones, reducir la informalidad laboral, fomentar el empleo, incrementar las exportaciones y sostener la garantía de la expansión de su actividad.

Un tercer desafío de la República Argentina consiste precisamente en generar las condiciones para una expansión del volumen de exportaciones. Es un volumen de exportaciones que nosotros hemos pergeñado como meta a través del Programa de Aumento y Diversificación de Exportaciones, PADEx.

Este programa tiende a generar una meta de 94 mil millones de dólares para 2014, de 101 mil millones de dólares para 2015, y ya identificamos 24 países con 264 partidas parciales que se ejecutan a través de misiones de carácter comercial, con la integración de sectores de bienes y servicios para expandir sustancialmente el volumen de comercialización.

Estos tres desafíos de la economía argentina están asociados en un contexto de urbanización creciente desde la década del 60 a la fecha que permite tener hoy el 90 por ciento de la población urbana con exigencias y desafíos desde el punto de vista de la regularización dominial y de infraestructura social básica. Son exigencias respecto a una política que tiene que ver con la reducción del desempleo al 6,4 por ciento en virtud de los datos del último trimestre de 2013.

En ese contexto se requiere generar las condiciones para el desarrollo articulado e integrado de un complejo productivo de bienes y servicios que nos permitirá tener definitivamente un posicionamiento de carácter estratégico.

Por último, quisiera transmitir que en el contexto de la agenda bilateral con las provincias argentinas hemos propiciado una estrategia de refinanciación de los pasivos. Esta refinanciación de los pasivos de cada una de las provincias argentinas no implica un demérito para las jurisdicciones que no ingresan a ese esquema de refinanciación, que han recibido un acumulado de casi 4.900 millones de pesos de transferencias, de acuerdo con el monto asignado en el presupuesto para el año 2014. También debemos destacar lo que ello significa desde el punto de vista de la reprogramación del flujo del servicio de capital e intereses, cuyos vencimientos obviamente afectan los niveles de inversión de cada una de las provincias argentinas, con la compensación respecto de los aportes del Tesoro nacional, que equivale a una disminución de 10 mil millones de pesos en términos netos.

Por último quiero transmitir que desde el punto de vista del diseño en términos de políticas públicas hemos estado trabajando desde hace tiempo –es mi responsabilidad como jefe de Gabinete de Ministros a partir del 20 de noviembre de 2013‑ en una política que tiene que ver con asumir responsabilidades que están dadas por parte de esta agenda, una agenda que se vio alterada por una estrategia muy clara de grupos opositores que inexorablemente generaron un proceso de desestabilización.

En ese contexto tenemos que observar el problema asociado a la rebelión de las policías provinciales en muchas jurisdicciones argentinas. En ese sentido, hemos dado una posición pública que se enmarca en la ley 24.059 de seguridad pública y las modificatorias correspondientes, en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 13 de abril de 1869 ‑caso Bonorino s/Plaza de Toros‑, en el entendimiento de que la competencia originaria de la seguridad pública corresponde a las provincias argentinas. Hemos propiciado un esfuerzo extraordinariamente importante para fortalecer a las fuerzas federales de seguridad a efectos de garantizar parámetros de seguridad.

A su vez hemos observado la necesidad de generar las condiciones desde el punto de vista de la política macroeconómica, por una instrucción muy precisa de la presidenta de la Nación, relacionada con el diseño de una política cambiaria congruente con la política monetaria fiscal y de ingresos, que nos ha permitido tener definitivamente estabilidad en el tipo de cambio, estímulos a la demanda en pesos, desde el punto de vista de la política monetaria, y estímulos desde el punto de vista del otorgamiento de políticas crediticias en el contexto de la aplicación de la línea de inversión productiva.

La República Argentina,  a través del Banco Central de la República Argentina, ha generado un esquema de asignación del 5 por ciento de la capacidad prestable que se destina a múltiples proyectos de carácter industrial y productivo, a efectos de expandir la inversión y la tasa de empleo. En este contexto ya hay 52 mil millones de pesos asignados, más 23 mil millones de pesos para este semestre y otro tanto para el próximo semestre, más una articulación con un programa denominado Fondear, más las líneas específicas que tienen que ver con subsidios de tasas de interés con diversas modalidades para expandir los niveles de actividad productiva. Esto también se implementa precisamente para los mecanismos de potenciación de la asignación de recursos en una estrategia vinculada con el financiamiento del capital de trabajo, a partir de la normativa del Banco Central de la República Argentina.

Como ustedes saben, la congruencia de la política cambiaria y monetaria genera también en la República Argentina un impacto desde el punto de vista de la política fiscal, tanto en la previsión en materia de recursos como en la estrategia de la evolución del gasto público. Gasto público que inexorablemente tiene una incidencia significativa desde el punto de vista de lo que antes había expuesto en relación con la demanda energética incremental y el impacto en materia de subsidios.

Uno de los componentes más importantes, cuando uno analiza todas las transferencias corrientes –dentro de dichas transferencias hay múltiples programas y dentro de ellos también existe el esquema de financiamiento de subsidios‑, advertimos que tenemos proyectado 258 mil millones de pesos. Obviamente no todo eso es subsidio, porque tiene que ver con asignaciones familiares, políticas de inclusión social, etcétera. Sin embargo, es absolutamente indispensable observar que la matriz energética de la República Argentina tiene una composición mayoritaria en gas con casi el 52 por ciento, lo que implica que a los valores de producción equivalente a 2,5 dólares por millón de BTU más el esquema de producción de energía plus de 7,5 dólares  por millón de BTU permite efectivamente tener un mecanismo de costo medio mucho más bajo para la utilización como insumo industrial y también para el consumo domiciliario. Eso tiene un impacto muy significativo desde el punto de vista fiscal, porque es parte de la estrategia de estímulos al crecimiento de la economía argentina.

Por lo tanto, en tanto y en cuanto maximicemos los procesos de inversión para la sustitución de importaciones de energía y a su vez mejoremos sustancialmente la capacidad de asignación de los recursos desde el punto de vista de subsidios,  esto tenderá a reducir en términos de impacto, en términos proporcionales el producto bruto interno, y garantizará mayor sustentabilidad de carácter estructural del resultado fiscal primario y financiero.

Esto lo quiero transmitir porque es muy importante observar que la estructura de carácter fiscal del presupuesto público en la República Argentina tiene alta incidencia de algunos componentes que son inelásticos en virtud de las políticas activas en materia de ingresos.

Por ejemplo, 12 puntos del presupuesto en seguridad social, y esto tiene que ver con inclusión social, jubilaciones, distribución de netbooks, con asignación de recursos para potenciar la tasa de crecimiento de la economía, con el tema del componente de subsidios desde el punto de vista del mejoramiento del ingreso disponible o de la reducción del costo industrial. También de lo que significa la participación en el sistema educativo o de ciencia y tecnología, y el componente servicios de capital e intereses de deuda, que ha disminuido sustancialmente respecto de la estructura de carácter genérico que tenía en la década del 90.

Nosotros hemos observado que el diseño de la política económica tiende a generar resultados, y éstos los vemos en la estabilidad del tipo de cambio, en el comportamiento de la tasa de interés, en la perspectiva de la política fiscal, en las estrategias de las políticas de ingresos, todo lo cual naturalmente genera un proceso de expansión en la tasa de crecimiento del producto bruto interno, principalmente en el segundo trimestre del año y obviamente en el transcurso del resto de los meses.

A su vez, Argentina ha impulsado por instrucción de la presidenta una política activa en materia internacional. Lo hemos observado con la resolución de litigios que teníamos en el CIADI. También con una activa estrategia que tiende precisamente a generar las condiciones para aumentar el flujo de préstamos por parte del Banco Mundial y el volumen de desembolsos, porque esto está asociado a la infraestructura pública, a la generación de empleo y a la reducción de los costos sistémicos.

Lo mismo sucede con la modalidad de financiamiento con los organismos multilaterales de crédito, Banco Interamericano de Desarrollo o Corporación Andina de Fomento, o el acuerdo con el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social de Brasil, y también el acuerdo con Repsol-YPF para potenciar la asociación de capitales o la búsqueda de financiamiento, cuyos resultados han sido muy elocuentes.

Hemos tenido precisamente el día martes un dato objetivo: financiamiento a diez años, 8,75 por ciento promedio, que a su vez genera 1.000 millones de dólares con una oferta muy significativa para emprendimientos de inversión asociados a YPF.

Entonces claramente los estímulos están también asociados a la normalización desde el punto de vista de la regularización de la deuda con el Club de París, entendiendo claramente que es una deuda que fue defaulteada por la Argentina, no por esta gestión, que viene cumpliendo rigurosamente todas las obligaciones desde el punto de vista financiero pero que inexorablemente lleva a una propuesta novedosa que a su vez permita generar el cumplimiento de estas obligaciones con una estrategia que no afecte el desenvolvimiento de la actividad económica.

Por último, Argentina tiene una agenda económica internacional que tiene que ver con el respeto irrestricto de lo que significa el artículo 75 inciso 8 de la Constitución Nacional, a las limitaciones claramente establecidas por la Carta Magna y las leyes que reglamentan su ejercicio para los procesos de restructuración de deuda.

Hemos impulsado desde el año 2005 un proceso de canje de deuda pública con una reducción del valor presente neto de la deuda, que en virtud de la tasa de descuento que se tome es un ahorro significativo de entre 75 y 81 mil millones de dólares para la República Argentina.

La Argentina tiene normalizada el 93 por ciento de su deuda; el 7 por ciento está en litigio, y de ese porcentaje una ínfima parte es la que corresponde a esos fondos que han accionado permanentemente en los tribunales de Estados Unidos.

Creemos que la política que hemos impulsado por instrucción precisa de la presidenta de la Nación ha estado marcando una evolución de carácter positivo. Por eso, en ese contexto, el esfuerzo desde el punto de vista de las políticas activas ha permitido cumplir objetivos y metas.  Estamos dispuestos a seguir trabajando decididamente junto al Congreso y los gobernadores en múltiples iniciativas.

Para el debate he dejado muchos temas que seguramente surgirán a partir de las preguntas de cada uno de ustedes.  Quedo a su disposición, por supuesto, para poder ampliar cada una de sus respectivas preguntas.

Espero que el debate sea maduro y racional, que sea un debate de ideas, porque la democracia argentina requiere el respeto entre todos. Podemos pensar diferente, pero la democracia exige claramente que las diferentes posiciones puedan ser procesadas con la racionalidad que esto significa. Por lo tanto, la construcción de un debate plural, abierto y democrático es lo que corresponde.

Quiero transmitir a ustedes que si el tiempo no es suficiente en esta instancia -el próximo mes volveré al Senado-, no tengan la menor duda que al siguiente estaré nuevamente en esta Cámara. Seguiré viniendo todas las veces que sean necesarias para cumplir con lo que establece el artículo 101 de la Constitución Nacional, porque entiendo que como ex senador de la Nación y como gobernador de la provincia del Chaco electo por la voluntad popular, se exige claramente mi presencia. (Aplausos.)

Respetuosamente finalizo aquí mi exposición y me someto a las preguntas de cada uno de ustedes.

Sr. Presidente (Domínguez).- Gracias, señor jefe de Gabinete.

De acuerdo con la distribución horaria del tiempo y recordando que habíamos acordado la utilización de 240 minutos, tiene la palabra la presidenta del bloque del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio.

Sra. Di Tullio– Gracias, señor presidente, y también agradezco mucho al señor jefe de Gabinete de Ministros por su exposición y su compromiso ante este Parlamento.

El Frente para la Victoria, en su condición de bloque oficialista, no pregunta ni repregunta. El jefe de Gabinete ha contenido cabalmente a este bloque en su exposición.

Por lo tanto, vamos a reservarnos este tiempo que nos corresponde por reglamento para el caso de que creamos conveniente su utilización a lo largo de esta sesión, pero en este momento preferimos que sea la oposición la que pregunte y tenga un intercambio con el jefe de Gabinete.

Sr. Presidente (Domínguez).- Corresponde que haga uso de la palabra el bloque de la Unión Cívica Radical, que dispone de treinta minutos.

Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Negri.- Más la yapa, señor presidente, obviamente.

Bienvenido, señor ministro: quiero decirle que si se cumple lo que acaba de manifestar –que me parece bien‑ va a romper la inercia. En estos últimos once años de gobierno, a un promedio de cinco presencias por año calendario que deberían tener los jefes de Gabinete, sacando los meses de enero y febrero, en este Parlamento tendríamos que haber contado con la presencia del jefe de Gabinete en cincuenta y cinco oportunidades. Lamentablemente, con la presencia del señor jefe de Gabinete en el día de hoy llevamos sólo doce presencias. De manera que resta al señor jefe de Gabinete elegir quedarse en el cargo o cumplir hasta el final del mandato con lo que acaba de prometer, si puede, lo cual sería muy satisfactorio.

Nosotros hemos presentado 312 preguntas, y el total de los colegas, 1.000 preguntas. Como todos saben, no es una chicana. Es difícil; debo reconocer que vamos medio a ciegas, porque no sé que contiene el CD que nos ha hecho llegar. El señor jefe de Gabinete debe comprender esto que digo ya que también ha sido legislador. Entendemos que es enorme la cantidad de preguntas, por lo que el cuarto intermedio serviría para emprolijar, ahorrar repreguntas y encontrar respuestas satisfactorias.

Yo le acepto el reto. Nosotros no venimos a discutir el pasado, sobre el que el señor jefe de Gabinete ha afirmado centralmente los logros de estos once años. Los interrogantes que nosotros tenemos son sobre el presente y sobre la hoja de ruta que tiene el gobierno para terminar su mandato, es decir, por dónde vamos a ir hasta fines de 2015. Nuestros interrogantes fundamentalmente se han despertado en el último tiempo.

Queremos saber si el gobierno va a tratar de durar o va a tratar de resolver los problemas que en alguna medida se presentan con bastante gravedad. Escuché atentamente alguna caracterización económica del señor jefe de Gabinete, que siempre la hace bien y disimula lo que hay que disimular. En realidad, en tres o cuatro palabras diría que el ciclo de estos once años tuvo tres momentos diferenciales: el primero, de 2003 a 2007; el segundo, hasta 2011, y ahora este giro copernicano que tuvimos en diciembre, que se llevó el relato y todo lo que había acompañándolo y que ha puesto al gobierno a examinar un poco lo que está sucediendo.

No los voy a cansar con cifras, pero quiero mencionar algunas cuestiones. Rescatamos lo que pasó entre 2003 y 2007: la economía creció a un promedio del 8 u 8,5 por ciento, lo que ha permitido al gobierno afirmarse en el tiempo. Sin embargo, de 2008 a 2013 creció a un promedio del 2,5 por ciento. En 2011 no creció, y está claro que en 2014, después de las medidas que en dos palabras podremos decir, estamos a las puertas de una gran recesión, o por lo menos de mucha restricción en la economía por los índices que se van dando.

Los superávits gemelos, que tanto fueron aplaudidos en el primer tramo de esa etapa, se terminaron convirtiendo en déficits gemelos. No quiero nombrar las cifras primarias porque me va a llevar mucho tiempo. Todos sabemos que las reservas internacionales bajaron 25 mil millones de dólares desde junio de 2011, y hoy en términos del PBI se ubican en un nivel menor al de 2001: 5,5 por ciento.

Ni hablar de lo que sucede con la pobreza. Aunque el gobierno ha sostenido otra cifra, se mantuvo sin cambios desde 2007: es de casi el 30 por ciento. Hay 10 millones de personas que viven bajo la línea de pobreza en el momento de mayor expansión económica que tuvo la República Argentina.

Tuvimos el capítulo Moreno, que ahora está dando vueltas por Italia, con la imaginación de los cepos, el del relato, que es el que concluyó ahora, y los que vinieron después, es decir, el agropecuario y el cambiario, pero que no dieron resultados.

Recordemos también lo que pasó con el control de precios: “milanesas para todos” y todo lo que vimos. Hoy estamos hablando de precios cuidados. Ojalá que tengan éxito, pero tengo la impresión de que la idea de precios cuidados es más un desafío de los que tienen que poner los precios, porque lo que quieren con cuidado es seguir aumentándolos, y no de los que tienen que tener la política de precios pagados, que son los que soportan la situación de la crisis que ha derivado en este último tiempo.

Lo que sucedió con la fuga de capitales no lo quiero recordar porque ustedes lo han padecido con gran dolor de cabeza. En 2008 se han ido 73.500 millones de dólares, según la fuente del propio Banco Central. También hubo un blanqueo de capitales de 4.000 millones, con todo lo que significó de los que pueden venir, entrar, sumarse, no mostrar nada. Estamos en 600 millones y acaba de prorrogarse. Es casi una afrenta a otras medidas que el propio gobierno toma; se contradicen, chocan y abren una ventana para que entre cualquiera desde cualquier lugar.

Pero bueno, todo el mundo tiene derecho a equivocarse. El problema es la ruta. Recuerden ustedes cuando la presidenta nos dijo “el que quiera devaluar, que espere a otro presidente”, y que con un 25 por ciento de inflación hubiera estallado la Argentina. No estalló pero tiene problemas serios a partir del sinceramiento. Eso está claro. Y en diciembre, producto de la conspiración, se construyó un “combo” peligroso: una devaluación del 23 por ciento en enero, 60 por ciento comparado con el 2013, y ahí nomás, para retener la fuga de dólares, se duplicó la tasa de interés al 30 por ciento. ¡Pobres los de las tarjetas de crédito y las pymes que estén en descubierto al 50 y al 60 por ciento! Políticas restrictivas, saquemos los pesos, que no se fuguen los dólares. Obviamente, como bien nos dijo el presidente del Banco Central, esa es una medida monetaria temporal, pero hay que saber cuál es la política fiscal que va a acompañar esto, sobre lo cual le vamos a preguntar a usted.

Por otra parte, las paritarias no pueden cumplir los niveles del salario, con una inflación que se vislumbra del 40 por ciento.

Asimismo existe una caída del consumo. Los índices de caída de la actividad industrial son muy marcados para los próximos meses. El panorama que se nos presenta, si bien no es de incendio, no es lo que hubiéramos querido. Pasamos de una época de bonanza a “tratar de llegar”. Lamentablemente en la Argentina hemos tenido mucho costo de oportunidad.

Pregunto al jefe de Gabinete qué estrategia tendrá el gobierno en materia de política cambiaria para terminar su mandato, si va a haber mini devaluaciones, si nos vamos a encontrar frente a otra, cuánto tiempo más van a mantener la tasa de interés, si es temporal, si se pretende salir de allí por lo que significa la recesión, qué política fiscal va a acompañar esa política montería y, por supuesto, usted que sabe mucho y es un experimentado, cuándo se va a actualizar el presupuesto, que quedó prácticamente en la ficción frente a los nuevos datos de la economía.

No quiero detenerme en el endeudamiento porque se me va a ir mucho tiempo, pero de aquellos 178 mil millones de dólares de 2003 pasamos a 201 mil en 2013. Obviamente que si sumamos lo que va a ser el acuerdo amistoso con Repsol, lo que hay que pagar a los holdouts y los juicios del CIADI, estamos en casi 217 mil millones.

Recuerden ustedes que la estrategia fue desendeudarnos afuera manteniendo un discurso épico, bien progresista, que nadie nos controle, que nadie nos mire, aunque había tasas muy bajas, pero nos endeudábamos adentro. En 2007 el endeudamiento con el sector público era del 10 por ciento; ahora estamos en el 52 por ciento. Ahí estuvieron los jubilados, la ANSES y el Banco Central prestándole al Tesoro. Obviamente que este giro copernicano que ha hecho el gobierno nos ha colocado en una situación de dificultad. Se cayó definitivamente el cepo del discurso. De estar en aquellos lugares donde nos comían el hígado los entes financieros internacionales, hoy –a un costo altísimo‑ andamos dando vueltas por el mundo y, como hemos perdido confianza, nos piden tasas de locos, porque además nos creen muy poco. Este es un costo adicional que tiene que pagar este gobierno y desgraciadamente el que venga.

Por eso le pregunto al señor jefe de Gabinete si puede estimar con qué nivel de deuda vamos a llegar a fines de 2015 y cuál es el cronograma de pagos que debe cumplir el país hasta que concluya el mandato de este gobierno.

Una preocupación que tenemos es la siguiente: ya Martínez de Hoz usaba a las empresas públicas para endeudarse porque conseguían una tasa más baja. Hoy eso está pasando con YPF: consigue una tasa de endeudamiento al 8 por ciento mientras que el Estado tiene un piso más alto, cuando debería haber sido a la inversa. ¿Vamos a tener a YPF con un nivel de búsqueda de endeudamiento para gastos corrientes? Esperemos que no sea así.

Por otra parte, en cuanto al mínimo no imponible, desde 2011 hay en esta Cámara de Diputados 35 proyectos de sectores opositores pidiendo la actualización de dicho monto, cuando no se reconocía la inflación, de la mano de Moreno, pero se vivía en la realidad. Además de eso, hubo cuatro sesiones de la oposición en las que no hubo quórum, y el año pasado 110 legisladores de bloques opositores, junto con la CTA y la CGT, pedimos que fuese actualizado el mínimo no imponible. Corremos contra la inflación, como todos sabemos, aunque de algún sector digan que sólo afecta a dos millones de argentinos, como si eso tuviera menos valor. Con esta inflación del 35 por ciento, los que aplauden el aumento salarial, dentro de unos días van a llorar cuando los vuelva a tomar ganancias. Ya hay docentes que van a tener que pagar ganancias. Hay docentes que tendrán que pagar ese impuesto, como ya lo hacen algunos jubilados. Quisiera saber si el gobierno está dispuesto a que se modifiquen las alícuotas y el mínimo no imponible, y como desde la oposición hemos reiterado en muchas ocasiones, a que eso se haga por ley, Sería lo correcto, resolvería un problema para el gobierno y constituiría un acto de justicia.

No quiero detenerme en el tema de las deudas provinciales, pero como el ministro hizo referencia a un federalismo que nos envuelve, diré lo siguiente. El gobierno vive con la emergencia económica desde hace once años –no hay otro caso similar‑, a pesar de que en un principio hubo niveles de crecimiento del 8,5 por ciento. Esto significa que todas las facultades del Congreso están delegadas en el Poder Ejecutivo; es más, junto con la ley del cheque, lo hicieron hasta la finalización del mandato.

Obviamente, las provincias están endeudadas, y usted, señor ministro, trabajó con algunas de ellas. Ahora han establecido un cronograma trimestral para renegociar las deudas; es decir que los gobernadores andan con una soga en el cuello, y si tropiezan se van a ahorcar. No sé quién va a ponerse contento.

Estamos hablando de pasivos de 75.000 millones de pesos. ¿Tienen prevista una refinanciación? ¿Pedirán a algunos que tengan determinado color, que se pongan de rodillas, que definan su perfil interno? ¿Cuál es la realidad? ¿El problema se resolverá con ATN?

Usted, señor ministro, ha dicho que las provincias han recibido fondos. Globalmente, sí, a raíz del crecimiento de los ingresos del país; pero eso no es respetar la ley. El Estado juntó 850.000 millones de pesos y sólo repartió a las provincias 250.000 millones. El señor ministro sabe mejor que nadie que el 75 por ciento de los recursos quedan en la Nación y sólo el 25 por ciento se destina a las provincias; entonces, es un problema no de cantidad de plata, sino de incumplimiento de la ley de coparticipación, que establece rangos diferenciales. (Aplausos.)

Quiero ser preciso en esto: ahora, en forma acelerada, después de que durante ocho años el gobierno dijo que los subsidios eran un círculo virtuoso, adoptó una decisión. ¿Qué recibía entonces de nuestra parte? Una reprimenda: los subsidios pueden existir, pero no con este grado de inequidad y falta de control. Están creciendo como una bola de nieve que se hace incontrolable. El gobierno creía que así paraba inflación, pero por otro lado corría al Banco Central para asistir al Tesoro de la Nación.

De esa manera llegamos a la cifra que hoy conocemos: 135.000 millones de pesos, equivalentes al 5 por ciento del PBI. El grueso de las transferencias fue en un 60 por ciento al sector energético y en un 26 por ciento al transporte público.

¿Cuál es el dato central de la inequidad sobre la que venimos reclamando desde 2008, pidiendo que el retiro de los subsidios fuese progresivo? Esto, respecto de ningún subsidio ocurrió: ni de agua ni de gas ni de electricidad. En términos generales, los más pobres recibieron el 20 por ciento de los subsidios, y los que más tienen, el 30 por ciento. Ahora se han dado cuenta de ello, luego de que algunos estuvieron enriqueciéndose innecesariamente.

En relación con el transporte público de pasajeros ocurrió exactamente lo mismo. El 20 por ciento de los más ricos concentra el 29 por ciento de los subsidios, y los más pobres, sólo el 12 por ciento. De esta manera, ha habido inequidad entre la Capital Federal, el AMBA, y el interior del país.

Señor ministro: ¿cuáles serán las próximas quitas de subsidios? Nosotros pensamos que se producirán en el sector de la energía. ¿En cuánto tiempo serán establecidas?

Teniendo en cuenta los informes de la AGN sobre el reparto de subsidios al transporte del servicio público respecto de las empresas, ¿qué piensa hacer el gobierno para que haya equidad entre el AMBA y el resto del país? Los otros días, a raíz de una obra en el sur, la presidenta hizo un anuncio. ¿Puede informarnos el señor ministro en qué fecha casi 40 millones de argentinos dejaremos de abonar en la factura de luz el fondo de Santa Cruz, que venimos pagando desde hace mucho tiempo, siendo que como usted ha destacado el gobierno ha puesto mucha plata en obras?

Quiero referirme a un tema crucial que usted abordó, que rescata el gobierno; no importa si nació de la oposición y después lo tomó el gobierno, porque en definitiva beneficia a los argentinos. Me refiero a la asignación universal por hijo, tema que hay que resolver rápidamente porque constituye un acto de justicia.

Le pregunto al señor ministro por qué el gobierno se niega a que la asignación universal por hijo se actualice automáticamente; por qué se niega a que esa actualización automática sea por ley, como se ha reclamado en este Congreso desde diversos sectores.

También le pregunto por qué el nuevo IPCN, índice de precios al consumidor en los núcleos urbanos, no incluye el cálculo de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total, que son determinantes para los niveles de pobreza.

Ahora quiero hacer una breve referencia al tema de la energía, que usted mencionó. Todos sabemos el problema que tenemos y algún día se escribirá el libro blanco.

Las importaciones de energía en el 2013 fueron de 11.400 millones; en febrero pasado, comparado con febrero del año anterior, aumentaron el 40 por ciento. Obviamente que esto es un viaducto de dinero que tiene que salir de la Argentina.

Lo que necesitamos saber es cuál es el nivel y costo de la importación energética que tiene previsto el gobierno, usted como jefe de la administración, para 2014, y cuánto se gastará en importación.

También queremos saber si usted nos puede informar –después vendrán los funcionarios de YPF‑ si tiene conocimiento de si las reservas de los yacimientos de petróleo, de gas convencional y no convencional, son comprobadas o todas estimadas.

Por último, respecto de la crisis energética, de generación y transporte, queremos saber cuál es el cronograma de obras de culminación de la central Atucha II y cuánto demorará la puesta a punto y mantenimiento cuando salga para reparación la central de Embalses, y qué costo tendrán ambas.

Me quiero detener un segundo en el contrato con Chevron y la compra de Apache. No voy a detenerme mucho, porque todos sabemos las condiciones y cuánto se ha pagado.

YPF argumentó que las cláusulas que ha pactado con Chevron son secretas, y ha agregado que es el modelo de contrato que se tendrá hacia adelante con las empresas con las que se pueda contratar.

¿Cuál es la razón para que el acuerdo con Chevron sea secreto? ¿Por qué lo puede conocer la Bolsa de Nueva York y no el Parlamento argentino? ¿Cuál es la razón, cuáles son los fundamentos? ¿Hay ventajas excepcionales que se han otorgado, además de la prórroga de jurisdicción?

Lo mismo respecto del contrato con Apache, con un agregado: hemos adquirido Apache, una empresa que ya tiene vencimiento del contrato de explotación. Necesitamos información para el Congreso, de la forma más urgente.

En nombre de mi bloque quiero abordar el tema de la seguridad y el narcotráfico, aclarando que lo hacemos sin demagogia. No trabajamos por los votos, estamos preocupados por lo que le pasa a la sociedad argentina.

Este tema lo tenemos que ver de manera conjunta. Ya no se puede hablar de inseguridad y narcotráfico en forma separada.

Estamos dispuestos a ponernos al lado de cualquier política de Estado que perdure en el tiempo en este sentido.

Los últimos datos sobre homicidios y criminalidad que tenemos son del 2009. Hay que actualizarlos. ¿Está en condiciones de informarnos cuáles son los índices de los delitos cometidos en la Argentina, teniendo en cuenta que crece la complejidad y gravedad del delito y también el marco de la edad?

Nosotros consideramos que el gobierno ha mirado el tema de costado y que tuvo dos errores básicos. Uno suyo -y se lo digo con respeto‑, cuando ni bien asumió le tocó enfrentar, a fin de año, el conflicto con la policía de Córdoba. Usted ha insistido siempre con que el problema de la policía es de la provincia, y yo creo que se equivoca. El problema de liderar una política de seguridad que tiene que ver con la vida de la gente no tiene frontera. La debe liderar el Estado nacional, obviamente con los consejos de Seguridad provinciales.

Pero hay una línea rectora del debate que el Estado nacional no puede resignar respecto de este tema, como así también en materia de educación, aunque las escuelas hayan sido transferidas.

Quiero decir respetuosamente al señor ministro que en mi opinión se cometió un error, y así fue como en aquella huelga se corrió la mancha a todo el país.

El segundo dato que no se leyó fue el anticipo de Córdoba. Es un síntoma de anomia social que se mostró abajo. En aquellos sucesos registrados en Córdoba había gente de sectores medios que entraba con una camioneta, robaba una heladera –nunca lo había hecho‑, la subía a Facebook y la vendía. Esto implicaba la pérdida del miedo a la ley. Es el síntoma de la anomia, que necesita un liderazgo y ejemplaridad desde el Estado, la política, las instituciones y la Justicia. De lo contrario estaremos al borde de la disolución social o experimentando síntomas que nos hagan mirar en esa dirección.

En ese sentido quiero preguntar al señor ministro cuál es, a su juicio, la tasa de criminalidad que actualmente hay en la Argentina. No existe un plan de seguridad íntegro, sistémico y que comprenda todo. ¿Cuándo fue la última vez que el Consejo de Seguridad se reunió con las provincias?

Obviamente, también hay que analizar el tema del narcotráfico. El gobierno debe ponerse de acuerdo en cuanto a si existe o no narcotráfico. Me refiero a las declaraciones del ministro de defensa y a los contrapuntos que hubo. Este no es un tema menor; no lo estoy diciendo como una chicana. Necesitamos una política de Estado en esta materia. El país está inmerso en el flagelo del narcotráfico. El problema no se circunscribe solamente a la cocaína y a la marihuana, sino que también comprende el tráfico ilegal y la elaboración de drogas sintéticas.

Voy a suministrar algunos datos al señor ministro. En el norte argentino existen aproximadamente 1.500 pistas clandestinas; esto lo sabe todo el mundo. Hay 750 pasos clandestinos entre la Argentina y Bolivia, y 70 entre nuestro país y Paraguay.

Por su parte, la Fuerza Aérea Argentina dio cuenta de la existencia de 700 vuelos irregulares desde 2011.

El informe de la Organización de las Naciones Unidas elaborado en 2011 establece que nuestro país ocupa el tercer puesto a nivel mundial como proveedor de cocaína, detrás de Colombia y de Brasil. Es decir que cuando a un narcotraficante le preguntan cuáles son los lugares de salida, responde que la Argentina está en tercer término.

Por su parte, la Sedronar elaboró en 2011 un informe que da cuenta de la existencia de 80 centros ilegales de procesamiento.

Por eso debemos ponernos de acuerdo. Además, quiero preguntarle al señor ministro si se han resuelto las diferencias existentes en el seno del gobierno.

En relación con el tema de los precursores químicos, que es muy importante, solicito al señor ministro que nos informe si se ha previsto la prórroga del uso obligatorio del Sistema Nacional de Trazabilidad y cuándo se estima que empezará a regir efectivamente.

También le quiero preguntar al señor ministro por qué no se ha reglamentado hasta ahora la ley que establece el Registro Nacional de Precursores Químicos.

Por otra parte, deseo formular una pregunta muy importante y sensible al señor ministro. ¿Se ha previsto la creación de fuerzas especiales para combatir el narcotráfico? ¿Se prevé que el Ejército ingresará en esa lucha? ¿Van a modificar la ley de seguridad interior? El Escudo Norte del general Milani, que tenía 1.600 efectivos y ahora ha pasado a tener 4.000, ¿hace turismo? ¿Hace inteligencia? ¿Trabaja contra el narcotráfico en forma solapada? ¿Qué es lo que hace? ¿En qué anda? ¿Cuál es la razón? Esto merece una explicación sin chicanas, porque nos compromete a todos.

¿El gobierno tiene previsto el envío de proyectos referidos a la creación de tribunales orales contra el narcotráfico y delitos complejos?

¿Cuántas son las personas que en la Argentina reciben algún tipo de tratamiento y rehabilitación de adicciones? ¿Cuánto es el dinero que el Estado destina a cada una de estas personas? ¿Cuántos son los centros de tratamiento públicos y privados que tenemos?

Voy a suministrar un dato al señor ministro, porque fue un desafío suyo y fracasó. El señor ministro quiso modificar el Fútbol para Todos para que se mantuviera solo, pero no pudo hacerlo. Yo estaba con usted en eso. Pero le voy a dar un dato que a lo mejor lo alentará nuevamente. El Fútbol para Todos insume 1.410 millones de pesos. Por su parte, la Sedronar tiene un presupuesto de 128 millones y la Superintendencia de Drogas Peligrosas, de 132 millones. Es decir que entre las dos reciben menos del 20 por ciento del monto destinado al Fútbol para Todos. Entonces, propongo al señor jefe de Gabinete que cambie los números y destine 140 millones de pesos al Fútbol para Todos, que además debería vender publicidad privada, y 1.200 millones a la Sedronar. Verá cómo en la Argentina se puede trabajar articuladamente con los centros de prevención y cambiar el orden de prioridades. (Aplausos.)

Por otra parte, quiero referirme a la Justicia y a lo que ha ocurrido en estos últimos días tan dolorosos con los llamados “linchamientos”. La justicia por mano propia no es justicia, sino venganza.

A mi juicio, es preciso ver en qué contexto se dan estas situaciones sociales. Por eso insistí en que el Estado debe liderar la política de seguridad contra el crimen organizado y la lucha contra el narcotráfico; pero también debe haber ejemplaridad en la Justicia.

Es cierto que hay condenas en el 3 o 4 por ciento de los casos, y que algunos entran por una puerta y salen por la otra. También lo es que la sociedad estalla en miedo por todos lados, pero eso no significa desorden social por fuera de la ley; para eso está el Estado.

Como es sabido, en los últimos días asistimos al primer caso confeso de un juez que ha violado la ley. Me refiero al juez Oyarbide -la propia Cámara le pidió al Consejo de la Magistratura que inicie las actuaciones-, quien ha interrumpido un procedimiento luego del llamado de un funcionario del Poder Ejecutivo que depende de su administración. Lo confesó por escrito.

Frente a este contexto de falta de credibilidad en la Justicia, pregunto al señor jefe de Gabinete si los representantes del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura tienen previsto proceder en forma inmediata no a la condena, sino a la suspensión en el cargo del juez Oyarbide hasta tanto se sustancie el jury de enjuiciamiento. (Aplausos.)

Por otro lado, nos sentimos absortos ante la noticia vinculada con Cerro Dragón, que ha tomado estado público. Nosotros no tenemos información; solo contamos con lo que se ha publicado en los medios de comunicación. Lo que más nos preocupa es el entrecruzamiento de responsabilidades entre funcionarios y ex funcionarios del gobierno de la provincia del Chubut y del gobierno nacional.

El señor jefe de Gabinete sabe mejor que nadie que en la SEC ha habido con anterioridad muchas autoincriminaciones de empresas privadas. Me pregunto por qué el gobierno, a efectos de dilucidar este hecho rápidamente y dar señales de ejemplaridad, no se presentó ante el Ministerio Público de turno para que abra en forma paralela una investigación y solicite, por los medios que corresponda, información a la SEC, que si bien realiza una investigación privada, no está impedida de suministrar datos de Estado a Estado y, menos aun, a la Justicia.

El señor jefe de Gabinete hizo muchas referencias a la educación. Rescatamos las acciones del gobierno en materia de inversiones en el área de ciencia y técnica, y en el Conicet. Si bien habría que hacer algunas correcciones, vale la pena rescatarlas. También reconocemos que ahora se destine al área el 6 por ciento del PBI, pero cuando falta un año y medio para terminar su mandato pedimos al gobierno que sin descalificaciones reconozca que estamos muy lejos de cumplir con el objetivo de los 180 días de clase.

Muchos han descalificado los resultados de las pruebas PISA, según los cuales hay un retroceso en el nivel educativo de los jóvenes de 15 años; de ocupar el lugar 59, pasamos al 65.

El 70 por ciento de los estudiantes no posee conocimientos mínimos de matemática y el 53 por ciento no tiene capacidad de lectura básica. Según la UNESCO, el 50 por ciento no termina la escuela secundaria. Entre 2003 y 2011, la proporción de alumnos que deserta pasó del 22 al 28 por ciento.

Me gustaría saber si se está estudiando alguna medida, además del Plan Progresar, para revertir esta situación y evitar la deserción escolar. ¿Hay alguna convocatoria convocatoria a las provincias, aunque tengan la responsabilidad de las escuelas, para hacer una evaluación global de la calidad educativa en la Argentina?

Para finalizar, quiero formular dos preguntas sobre un tema muy complejo que nos preocupa de la política exterior. Había un consenso básico sobre los atentados a la AMIA y a la DAIA en la República Argentina; nadie lo discutía, ni la política ni el Estado ni la sociedad.

El canciller –yo digo que era como Chamberlain, pero Chamberlain renunció‑ de un día para el otro hizo aprobar un memorándum con Irán. Fracasó, como prácticamente lo ha reconocido la señora presidenta -en una actitud que me pareció valiente- al abrir el período de sesiones ordinarias. Además pidió que le den ideas.

Aquí convocamos a una audiencia pública a la que asistieron la DAIA, la AMIA y casi todos los partidos opositores. Pero más importante que lo que hicimos nosotros es lo que ha hecho el Congreso Mundial Judío en Francia. Por eso pregunto al señor ministro por qué no derogan el memorándum y en forma inmediata nos llaman, que estaremos a su lado para construir una política de Estado que restituya el consenso en la búsqueda de justicia y verdad. (Aplausos.)

Por otra parte, como bien ha dicho la presidenta a raíz de la situación de Rusia y de Crimea, las grandes potencias tienen doble estándar. Explíquenos, señor ministro, por qué la Argentina también actuó con doble estándar y votó con las potencias en el Consejo de Seguridad y se abstuvo en la asamblea después que Putin habló por teléfono con ella. Eso marca una enorme contradicción que debilita la política exterior de nuestro país que, como todos conocemos y estamos dispuestos a acompañar, es una política de Estado. Debido a ello queremos saber cuál es la posición oficial que tiene el gobierno argentino en este sentido.

Finalmente, quiero referirme a un tema que es medio caro para todos. A nosotros nos une con el gobierno y la región ‑creo que a todos los partidos políticos‑ las cláusulas democráticas contra cualquier intento de golpe de Estado, más allá del color político que nos guste, y estamos por la defensa de la democracia en Venezuela. Ahora bien, la Argentina no puede perder el papel rector en los mismos foros internacionales para reclamar racional y responsablemente que se dilucide si hay violación de derechos humanos en la lucha contra los opositores en Venezuela. No significa inmiscuirse en los temas internos, es una cláusula que está en la Constitución Nacional y en los foros regionales en los que nosotros participamos.

No hay que tener miedo, no hay que pensar que se van hacia la derecha o retroceden. Se trata de afirmar una política reivindicada durante 30 años de democracia en nuestro país. Los derechos humanos no tienen dueño ni color político de acuerdo con el que gobierna, son de la gente, para la gente y son iguales para todos. (Aplausos.)

Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- Señor diputado Negri: usted ha formulado una cantidad muy extensa de preguntas. He tratado de tomar nota, pero seguramente habrá muchas que se repetirán por parte de los otros bloques.

–   El señor diputado Negri hace entrega del cuestionario al señor jefe de Gabinete de Ministros.

Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- Muchísimas gracias por su gentileza, señor diputado.

Es probable que ‑y no lo tome a mal‑ si no respondo todas las inquietudes en esta exposición; seguramente las contestaré con el devenir del tiempo. Y si usted considera que algunas no fueron respondidas me avisa para que pueda terminar de responderlas, dado que son muchísimas las preguntas.

Comienzo por algunas observaciones respecto a la metodología de medición del Índice de Precios al Consumidor, producto bruto interno, canasta básica alimentaria, canasta básica total. Quiero transmitir lo siguiente desde el punto de vista de la metodología. Se trata de los cambios metodológicos que se han introducido en el Índice de Precios al Consumidor y las ventajas que esto tiene sobre el índice de precios del gran Buenos Aires.

Por primera vez en la República Argentina se institucionaliza un indicador de nivel nacional para medir variaciones en el consumo final de los hogares, que implica una mayor representatividad geográfica. El IPC anterior abarcaba solamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a veinticuatro partidos del gran Buenos Aires. Ahora la población de referencia abarca la totalidad de las veinticuatro jurisdicciones que componen nuestra Nación. El área anterior era mucho más reducida que ésta. Esto se hizo en base a una encuesta nacional de hogares para el año 2013, de cobertura nacional urbana, que representa a todos los hogares residentes en localidades de cinco mil y más habitantes. En cambio, en la base anterior solamente se relevaban los residentes en el área geográfica mencionada, es decir, un rango mucho menor.

Cada canasta regional del Índice de Precios al Consumidor nuevo, de carácter universal y urbano, tiene una base 100 para el cuarto trimestre del año 2013 y está compuesto por 520 variedades de precios. El Índice de Precios al Consumidor del gran Buenos Aires tenía una base 100 de abril de 2008, con 440 variedades, pero de esta única división geográfica: Ciudad Autónoma de Buenos Aires y veinticuatro partidos del conurbano. La cantidad de variedades se incrementó aproximadamente en un 20 por ciento.

Uno debe observar que la extensión del relevamiento de precios para el Índice de Precios al Consumidor nuevo en todo el territorio nacional permite minimizar el impacto que tienen los rubros locales de la dinámica en la Capital Federal y el área metropolitana; ejemplos: taxis y subtes, que sesgaban el Índice de Precios al Consumidor del gran Buenos Aires como uso de indicador nacional. Desde esta perspectiva ustedes saben que no todas las poblaciones en la República Argentina utilizan el transporte público de pasajeros en virtud de la distancia de traslado, y eso es un indicador que eventualmente puede distorsionar el índice de precios a nivel global. En el caso de un ejemplo muy concreto sobre la distorsión de focalizar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su área metropolitana, podemos mencionar el impacto local que produjo el aumento del 66 por ciento en la tarifa del transporte urbano.

El transporte urbano de pasajeros, en general, recibe una proyección, en materia de subsidios, equivalente a casi 20 mil millones de pesos. Un ajuste en materia tarifaria tiene un impacto de ahorro de 3.700 millones de pesos, estimativamente. Es importante observar que la elaboración de este nuevo índice, a diferencia del anterior, que tenía 100 mil precios, 6 mil comercios y contaba con un equipo de alrededor de 100 personas, cuenta con 160 personas, 230 mil precios y 13 mil locales de información. Por lo tanto, la cantidad de precios disponibles y los locales informantes se han más que duplicado. Paralelamente con esto, el plantel de encuestadores se ha incrementado aproximadamente en un 60 por ciento.

Generalmente, las encuestas de gastos se realizan con bastante antelación al cálculo del indicador; por eso las ponderaciones suelen actualizarse mediante las variaciones de precios observadas entre el período de referencia de las ponderaciones y el de los precios. A esto se llama ponderaciones híbridas o actualizadas. En el IPC del Gran Buenos Aires hubo un retraso entre ambos valores, pero esto no ocurrió con el Índice de Precios al Consumidor nuevo. En consecuencia, con el Índice de Precios al Consumidor nuevo del cuarto trimestre de 2013, con base igual a 100, se utilizan los resultados de esta encuesta nacional de gastos de los hogares casi sin modificaciones gracias a que se utilizaron los datos recientemente.

Es un dato muy importante desde el punto de vista metodológico que yo quería transmitir para ponernos de acuerdo respecto de estos indicadores. Por lo tanto, lo que quiero transmitir es que la diferencia existente entre los índices reside principalmente en la metodología de su elaboración, de un modo sustancial. O sea, hay una evidente y profunda diferenciación metodológica.

En segundo lugar, la comparación metodológica del producto interno bruto base 1993 y base 2004. El cambio de bases del producto interno bruto significó un conjunto amplio de modificaciones metodológicas, ya que metodológicamente se suelen aprovechar los momentos de cambios de base para mejorar los indicadores. Por ende, no extraña que haya tanta variación entre una y otra medición. Por ejemplo, el crecimiento del año 2013 resultó del 3 por ciento del producto interno bruto medido a precios del año 2004, pero acumulaba el 5,7 por ciento hasta los primeros nueve meses en la base 1993 igual a 100. No es la primera vez que ocurre esto. Por ejemplo, en el año de la crisis de 1995 la economía argentina observó una caída del producto interno bruto equivalente a menos 4,6 por ciento, según la base de 1986, pero la variación se redujo a menos 2,8 por ciento según la base 1993.

Los ajustes más importantes ocurridos en el presente cambio de base son, primero, las diferencias de valuación. La valuación del producto interno bruto en la base 2004 es a precios básicos, mientras que en la base 1993 aún se valuaba a precios de productor. Esto significa que para la valuación actual se restaron del producto interno bruto a precios de mercado los impuestos netos de subsidios a los productos, mientras que en la valuación a precios del productor sólo se neteaban el Impuesto al Valor Agregado y los derechos de exportación. Entonces, la primera diferencia está en la valuación.

La segunda diferencia radica en la estimación de la variación de existencias. Se estimó la variación de existencias de productos en proceso y productos terminados para los sectores agricultura, ganadería, caza, silvicultura, minería e industria manufacturera. Esto no se efectuaba en la anterior base del año 1993. Esta es la segunda diferencia: estimación de la variación de existencias.

La tercera diferencia está en los cambios en la estructura de las aperturas. En consonancia con las recomendaciones internacionales, las aperturas del producto interno bruto se modificaron con la base del año 2004. Esto permite distinguir mejor la evolución de algunos sectores, al observarlos por separado. Por ejemplo, se divide en dos letras el sector salud y educación, que anteriormente figuraba todo junto. Otro ejemplo lo constituye el servicio doméstico, ahora separado del grupo “otros servicios personales”. Esta es la tercera diferencia.

La cuarta diferencia es la actualización de las ponderaciones. Las ponderaciones tienen que ver con la estructura productiva del país. En plena convertibilidad los sectores de servicios pesaban mucho más debido al tipo de modelo económico vigente que privilegiaba a éstos por sobre la industria. Es decir, la participación relativa del sector servicios era sustancialmente superior a la del sector de bienes.

Luego de los cambios ocurridos después de las crisis, los sectores productores de bienes se recuperaron rápidamente; más aún, el peso de los bienes era mucho mayor al principio del modelo actual debido a que todavía los servicios no habían reaccionado plenamente a la recuperación económica.

En 2013 los productores de servicios constituyeron los sectores más dinámicos del año: 3,8 por ciento por encima de los vinculados a los bienes, del 2,7 por ciento. Sin embargo, los servicios redujeron su peso específico en el producto interno bruto del 65,3 por ciento en 1993 al 57,4 por ciento en 2004. Por ende, el producto interno bruto crece menos con la base 2004.

Un ejemplo concreto dentro del sector servicios es la intermediación financiera. En 2013 se expandió 21,5 por ciento, pero su peso se redujo prácticamente a la mitad del nuevo año base, pasando del 4,2 al 2,9 por ciento. Por lo tanto, el sector financiero pesó menos para el crecimiento. De todos modos, esto no significa que sean los grandes ganadores. De hecho, dado que su peso cayó entre 1993 y 2004, esto significa que otros crecieron más.

Otro cambio importante se produjo en el principal sector de producción de bienes, la industria, que incrementó su participación del 19,5 al 23,1 por ciento.  Esto es trascendente también en la comparación respecto a otros países de la región que tuvieron lo que se denomina mayor grado de primarización o mayor caída relativa de la industria en términos del producto bruto interno. Esto afectó a la baja del producto bruto interno ya que en 2013 se redujo el comportamiento de la industria manufacturera en menos 0,03 por ciento. Esto también modificó a la baja el crecimiento total del producto bruto interno.

Es muy importante entender las diferencias en el crecimiento en base 2004 y 1993 porque exceden por mucho el efecto puro de las ponderaciones debido a estos cambios metodológicos, inclusive las variaciones que venían teniendo lugar hasta el tercer trimestre de 2013, que también sufrieron modificaciones.

Tengo un cuadro en mi poder, que seguramente después formará parte del nivel de ponderaciones.  Por ejemplo, para la industria manufacturera se observa que en base a 1993 el acumulado al tercer trimestre asciende al 3,1 por ciento, y en base a 2004, cae a menos 0,3 por ciento.  En cuanto al comercio al por mayor y al por menor y a las reparaciones, 1,8 por ciento en 2004 y 9,3 por ciento en base a 1993 acumulado al tercer trimestre.

También debemos tener en cuenta la intermediación financiera a la que hice referencia anteriormente y el servicio de transportes de almacenamiento de comunicaciones, que era mucho mayor en el tercer trimestre en el año 2013: en base a 1993 con el 6,9 por ciento y 2,7 por ciento respecto del período de valor agregado bruto.

Sr. Buryaile.- ¿Por qué no avanzamos hacia otra pregunta, señor ministro?

Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- Perfecto…

Sr. Presidente (Domínguez).- Disculpe, diputado Buryaile: tiene el uso de la palabra el señor jefe de Gabinete.  No vamos a permitir interrupciones. Deje que el ministro termine el desarrollo de la respuesta.

Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- En ese sentido, me parecía importante establecer la diferenciación metodológica porque seguramente será motivo de otras preguntas y quería dejar en claro cuál era la metodología del nuevo índice de precios al consumidor y del cálculo del producto bruto interno.

Otra de las respuestas importantes se vincula a la transferencia en concepto de coparticipación federal, leyes especiales y Fondo Federal Solidario. Claramente nosotros tenemos la curva asociada a la coparticipación federal, leyes especiales y Fondo Federal Solidario a partir de 2009.

En 2013 la participación relativa es equivalente al 37 por ciento, y cumple lo estipulado por el artículo 7° de la ley 23.548 y modificatorias. La metodología de cálculo obviamente está claramente identificada con la administración central y la exclusión del tema de la seguridad social tal como entendemos una metodología apropiada.

En primer lugar quiero transmitir que de acuerdo con las transferencias de jurisdicción nacional efectivamente se cumple con el artículo 7° de la ley de coparticipación federal 23.548 y modificatorias, amén de las observaciones que esto tiene respecto del acuerdo fiscal suscripto oportunamente entre el gobierno nacional y las provincias argentinas en el mes de febrero de 2002 con respecto a la exclusión de este indicador como base de cálculo desde el punto de vista de las transferencias.

En virtud del cumplimiento de la cláusula de las disposiciones transitorias asociadas a un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos ‑como usted sabe, en este contexto se ha dado la reforma constitucional de 1994, la cláusula transitoria y el artículo 75 inciso 2°)‑ nosotros entendemos lo siguiente, y esto forma parte de los considerandos de los acuerdos que hemos establecido con las provincias argentinas. Hasta que no exista un consenso respecto de una ley de coparticipación, el que debe darse entre el presidente de la Nación y los gobernadores de las provincias argentinas –como todos saben, este acuerdo debe ingresar por la Cámara de Senadores, luego pasar por la Cámara de Diputados y una vez transformado en ley debe ser ratificado por las Legislaturas provinciales‑, lo que nosotros advertimos es, por un lado, que la transferencia total de recursos desde el punto de vista de la distribución geográfica en base territorial es el equivalente al 74 por ciento en las provincias argentinas, producto de la asignación universal por hijo, de las jubilaciones y de las transferencias efectivas en seguridad social, hasta la ejecución de obras públicas en materia de infraestructura en el territorio, los recursos que efectivamente se transfieren en materia de coparticipación federal y otras leyes correspondientes.

A partir de esta base, obviamente nosotros tenemos diferencias cualitativas y cuantitativas respecto de los indicadores de pobreza. Nosotros advertimos claramente que el contexto no solamente está asociado a la tasa de crecimiento sino también a los indicadores sociales y a la recuperación del salario real, y tenemos mucho para trabajar y debatir en esta materia.

Quiero advertir básicamente la existencia de un contexto. Junto al ministro Axel Kicillof hemos estado en la asamblea de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo el fin de semana. Quiero transmitir que la República Argentina no es un país autónomo en cuanto al desenvolvimiento, porque está circunscripto a la evolución de los parámetros de la economía mundial. Usted sabe que hemos tenido una crisis desde las hipotecas subprime hasta la agudización de ella –en 2007 y 2008‑, junto a la caída de Lehman Brothers; el contexto de crisis financiera internacional afectó sustancialmente a la principal potencia del mundo en materia económica, que es Estados Unidos.

Si uno toma los últimos quince años observará claramente el cambio de participación relativa desde el punto de vista de los motores de crecimiento de la economía mundial. Pero también es necesario advertir que Estados Unidos y Europa tienen una participación equivalente al 50 por ciento del producto bruto interno mundial: 28 y 22 por ciento, respectivamente. Y lo que uno observa en los últimos quince años es que la participación relativa de China e India, con el 40 y el 15 por ciento restantes, ha generado una contribución como motor del crecimiento y el desarrollo, más otros países que se denominan emergentes, entre los cuales está la República Argentina, y que tienen incidencia en la participación proporcional del crecimiento de la economía mundial.

Lo que quiero transmitir con este tema es que la crisis financiera internacional, que desde el punto de vista de su magnitud algunos la asocian a la de 1929, ha provocado un fuerte nivel de contracción en la actividad económica de Estados Unidos como principal potencia económica del mundo, ha afectado severa, notoria y objetivamente a la Unión Europea y obviamente también ha generado en los últimos años una desaceleración con respecto a la tasa de crecimiento promedio de la economía de los últimos cuarenta años en la República Popular China.

En ese contexto me parece muy importante ver lo que opina la economía global en camino de recuperación, que es el documento que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo. Claramente determina que en América Latina se pronostica un crecimiento del producto bruto interno del 3 por ciento en 2014 y del 3,3 por ciento en 2015, cifras superiores al 2,6 por ciento observado en 2013. Y ahí toma en consideración efectivamente distintas tasas de crecimiento: en 2013 la economía de Estados Unidos estuvo cercana al 1,8 o 2 por ciento; en 2014, cercana al 2,8 por ciento; para el año 2015 en Estados Unidos se prevé un incremento del 3 por ciento estimativamente, las economías emergentes y en desarrollo superarán el 5 por ciento para 2015; están en alrededor del 5 por ciento para 2014 y fueron inferiores al 5 por ciento para 2013.

En cambio –esto es importante resaltarlo‑ América Latina y el Caribe tienen un crecimiento que está en torno a esos parámetros que transmití.

¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente la tasa de crecimiento de la economía tuvo una fase expansiva de más alto crecimiento en la primera parte, pero luego no es sólo la Argentina la que reduce su tasa de crecimiento del producto bruto interno sino que también lo observamos en Brasil y en otras economías de la región.

Sr. Presidente (Domínguez).- Señor jefe de Gabinete: está concluyendo su tiempo. Terminó el 10 por ciento del tiempo por respuesta, así que procederemos a continuar con la segunda formulación y luego la respuesta.

La metodología que prevé el reglamento consiste en adjuntar por escrito dentro de los cinco días hábiles aquello que no se alcanzó a responder aquí.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Giustozzi.-  Señor presidente: no sé si el presidente del bloque de la UCR ya hizo uso de su tiempo.

Sr. Presidente (Domínguez).- Sí, ya utilizó todo su tiempo. Habló veinte minutos y después otros dos minutos.

Sr. Giustozzi.- No entendí la respuesta a una de las preguntas que formuló el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, así que durante mi exposición voy a volver sobre el tema. Creo que en muchos casos no se trata de una coincidencia sino que refleja una realidad que angustia de una punta a la otra no a la política sino a los ciudadanos argentinos.

En caso de que usted esté en el mismo cargo dentro de un año, hoy es la última oportunidad que tenemos los representantes del pueblo de asumir con madurez, templanza y humildad algunos errores cometidos. Esperamos que nuestras preguntas no tengan como respuesta una acumulación de números sino que podamos empezar a encontrar un camino que sobre el final de este tiempo inaugure un período distinto que tenga que ver con el respeto. Digo esto porque el hecho de haber entregado las respuestas hoy por la mañana nos cercena la posibilidad de hacer más eficaz el uso del tiempo en representación del pueblo argentino.

Debemos asumir con humildad los problemas. Podría simplificarlo a grandes rasgos de la siguiente manera: cuando se habla de coparticipación, en definitiva nos estamos refiriendo a un apéndice fundamental de la Nación que tiene que ver con el federalismo, uno de los pilares de este país que nació en las provincias pero que hoy es una realidad que se resquebraja.

Advertirá usted, señor ministro, que por vía de la coparticipación, por vía de una decisión discrecional al momento de otorgar obras, hay una alta concentración en las decisiones, una discrecionalidad en la aplicación de los recursos, en definitiva, un incremento de la dependencia y una desfederalización en los últimos años.

Queremos saber si tienen previsto implementar políticas concretas. No disponen de mucho tiempo para iniciar el camino inverso, para profundizar y consolidar uno de esos pilares.

Otro de los pilares consiste en comunicar los actos de gobierno.

Después volveré sobre el tema específico de la canasta básica, que traza la línea de pobreza en la Argentina, y de lo que se necesita para comer, que traza la línea de indigencia.

Cuando no hay forma de medir o no se quiere medir existe un germen de violencia porque la realidad empieza a contrastar con el discurso. Ese germen de violencia se multiplica cuando se ejercen presiones sobre el resto de los poderes. Al respecto, el señor diputado Negri ha dado ejemplos. Hay empresarios con temor a sufrir represalias. Dirigentes sindicales, sociales o políticos son víctimas de falsas denuncias, de difamaciones, y posiblemente de causas judiciales inventadas.

Otro de los pilares de la República es la independencia de los poderes y la necesidad de que ninguno de ellos abuse de sus atribuciones. Debemos hacernos cargo de la realidad, que es demostrada por las estadísticas.

Como decía, por repetición empiezan a engendrarse, multiplicarse y potenciarse situaciones que generan impotencia y frustración. ¿Cuántos son los sectores sociales y las representaciones sectoriales que hoy conviven con impotencia y frustración a raíz de que no se reconoce su realidad? Nosotros, los diputados de la Nación, que representamos tales realidades, somos quienes tenemos que decirlas de una u otra manera, con datos que deben ser expuestos con precisión porque estamos en contacto con nuestra gente, con nuestro pueblo, y sabemos lo que están sintiendo.

Una cosa es un comentario al pasar, un discurso, y otra, una realidad que a todos nos tiene en un bolillero. Cuando se construyen discursos y elaboraciones dialécticas sobre la base de falsas estadísticas se inicia un proceso de violencia dialéctico que se transforma en cultural. Cuando a lo largo del tiempo se acumula una mentira tras otra, ésta emerge como signo de violencia absolutamente injustificado. Nadie puede justificar forma alguna de violencia, sea del tipo o del lugar que fuere; sin embargo, hay responsables de haber generado un marco de violencia fomentando el fanatismo y apelando a él.

Se trata de una doble moral para la mirada de las acciones de algunos dirigentes, grupos y personas en determinados espacios. Violencia es estar distraído en encontrar una estrategia de comunicación para no resolver problemas; es no asumir una pobreza y una indigencia crecientes ni el fracaso de las políticas de inclusión social que hoy, por ejemplo, tiene como víctima a un delincuente que habiendo cumplido con su pena es liberado pero no socializado, como consecuencia de la situación del sistema penitenciario.

Por lo tanto, como hay un fracaso completo de las políticas de inclusión, queremos saber qué propondrá el gobierno en los dos años que tiene por delante para empezar a revertir esta realidad y alumbrar un camino distinto en este sentido.

Violencia es también que una comunidad viva atemorizada porque su victimario de ayer hoy se pasea en forma arrogante por las calles del barrio, generando así una situación de tormento psicológico que cambia la calidad de vida de dicha comunidad, y entonces, aun cuando una persona pueda disfrutar de haber conseguido un buen trabajo, no puede ir a trabajar y volver a su casa cómoda ni segura.

Queremos saber qué políticas concretas va a desarrollar el Estado nacional en esa dirección.

Hay violencia si no funciona el sistema de estadísticas, y no lo decimos sólo por el INDEC respecto de la inflación sino cuando se dice que con la canasta básica –esa debió ser la respuesta en su última presentación‑ de 1.700 pesos por mes una familia tipo está sobre la línea de pobreza, y con 700 pesos por mes una familia se puede alimentar, es decir, 8,5 pesos por día por persona. Eso es violencia.

Estamos generando por repetición, por acumulación, por acción, por omisión, una contracultura del orden, un orden que tiene que estar asumido como un valor cultural, un orden que no viene de la mano de una policía más dura sino de una policía profesional, eficaz, con recursos y tecnología; un orden que viene de la mano de señales claras.

Las señales claras nacen en los dirigentes y se planifican, organizan y ejecutan desde los gobiernos. Esa es una responsabilidad. Queremos saber qué es lo que está haciendo el gobierno en esa dirección.

Festejamos la existencia de programas sociales, como la asignación universal por hijo, pero ‑como dijo el diputado Negri‑ no entendemos por qué no se ajustan de manera automática y por ley. Porque hay violencia cuando se festeja la existencia de un programa –que lo hacemos todos y lo esperábamos‑, pero se ha quedado en el tiempo y ya no significa más inclusión social sino que al combinarse con otros programas que se crearon para regenerar la cultura del trabajo terminan siendo lo opuesto. En muchos casos terminan diciéndole a la persona que se vuelva a su casa, que ya tiene el presentismo y va a cobrar a fin de mes, y eso genera la cultura opuesta, violencia y frustración. Esta es la sensación que tiene cualquier vecino que con mucho esfuerzo vuelve a su casa.

La negación de la realidad como conducta genera una violencia política institucional. La inflación que no es reconocida es como el caso del médico que va a ver a un paciente y no lleva el termómetro, piensa que puede tener fiebre y lo deja pasar; si la fiebre crece, puede terminar en un gran problema.

Eso es lo que tenemos en la Argentina por la falta de estadísticas confiables y por no asumir la realidad. Ello termina haciendo que un discurso, una dialéctica, como efecto contraste, se choque contra una pared. Y lo que choca puede ser un colectivo con millones de argentinos adentro como víctimas, algunos por la pérdida de sus ingresos a fin de mes por el incremento de los precios.

La verdad es que cuando uno ve que dentro de las distintas áreas de competencia del Estado nacional las respuestas además de ser contradictorias no son contundentes ni precisas ‑hay muchas palabras‑, lo que piensa es que necesitamos pocas palabras, simples, maduras y templadas.

¿Hay o no avance del narcotráfico en la Argentina? ¿Cuántas pistas clandestinas se desmantelaron en el último año? El diputado Negri dijo que había alrededor de 1.500; nosotros creemos que son 2.000. ¿Cuáles son las políticas concretas y cuántos recuperados hay en materia de adicciones?

–   Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Domínguez).- Pido a los señores diputados que respeten al orador.

Sr. Giustozzi.- La inflación, además de recortarle los ingresos a los sectores más vulnerables, es algo que no se quiso ver durante mucho tiempo.

Del mismo modo, nos da la sensación de que hoy no se quiere ver la necesidad de establecer una política de Estado en materia de seguridad ciudadana. En alguna oportunidad, desde el Estado nacional hubo algún esfuerzo en esa dirección, pero eso hace que por momentos sintamos que un dibujo detrás de otro transforma a un organismo que debería ser el lugar en el que todos vamos a abrevar para encontrar la punta del ovillo y, de esa manera, empezar a generar respuestas y soluciones con creatividad. Parecería que estuviéramos viendo Paka Paka, con un dibujo detrás de otro, aunque eso, por lo menos en ese caso, tiene un sentido. Pero el tema que estamos analizando ahora no es divertido cuando tiene tantas víctimas a cuesta.

Hay fracasos respecto de la política de resocialización de liberados. Hay abandonos en la política de seguridad ciudadana. De acuerdo con estadísticas de la Procuraduría de la provincia de Buenos Aires –voy a ser directo para no profundizar‑, en un semestre habrá cuatro víctimas fatales por día en las calles de esa provincia y 200 víctimas por casos de inseguridad. ¿Saben qué significa eso? Que quizá el número sea equivalente al doble porque aquí también las estadísticas están falseadas.

Estos son los casos que registran las fiscalías. Todos sabemos que hay un mecanismo en virtud del cual las comisarías arrojan a un tacho de basura el 50, el 60 o el 70 por ciento de las denuncias.

Necesitamos transparentar la realidad para que contraste con lo que nuestro pueblo escucha decir a sus dirigentes. No podemos ver un canal estatal que parece estar a disposición de una unidad básica o de un grupo minoritario. Debemos tener un canal estatal que refleje la realidad. Allí estará el gobierno colaborando en la lucha contra la violencia cotidiana que tenemos, que a veces se refleja de una manera increíble y, por momentos, hasta ridícula.

Cuando decimos que hay fracasos y abandonos estamos expresando que queremos saber cuál es la cantidad de obras que se han construido en el último año para combatir las inundaciones y cuántas están previstas para el próximo. Ayer se cumplió un año de una de las peores inundaciones.

No es un municipio ni un dirigente con creatividad y con una gran voluntad los que podrán resolver un problema que debe constituir una cuestión de Estado.

Cuando en una provincia fracasan las políticas de seguridad y el conflicto se extiende a la totalidad del territorio nacional, el problema, que en principio es de la primera, también es de carácter nacional. No basta que un funcionario reciba con cara de congoja a los familiares de la víctima o de los inundados, sino que hay que construir las obras necesarias para que las inundaciones no se produzcan.

Hay que profesionalizar a las policías. Esto deberá hacerse como una política de Estado y en una mesa de coordinación entre los niveles federal, provincial y municipal. De esa manera podremos tornar eficiente la incorporación de una mayor policía mejor remunerada y, al mismo tiempo, con una mayor tecnología y sin una mirada confusa o prejuiciosa en el sentido de que la seguridad tiene un componente ideológico en el desarrollo de las políticas y los programas.

En cuanto a la violencia, el gobierno federal –y volvemos al tema del narcotráfico‑ no dice qué tendremos en el futuro.

Sabemos que el avance del narcotráfico es un fenómeno mundial. Sabemos también que la República Argentina necesita que el gobierno nacional desarrolle una política de Estado coherente y que los gobiernos provinciales estén atentos -hemos dado muestras de nuestra preocupación cuando pedimos el endurecimiento de las penas para los delitos vinculados con el narcotráfico‑ porque esto puede pasar en Rosario, en el Chaco, en Buenos Aires o en Salta.

No hay una política precisa, eficiente y eficaz donde los recursos del Estado y las fuerzas federales muestren resultados concretos. Necesitamos saber si el gobierno asumirá el problema con humildad y templanza, buscando la armonía y sin recurrir al discurso fácil. Muchas veces pensamos que hacer uso de la palabra consiste en articular conceptos para representar de la mejor manera posible a nuestros votantes, pero nuestras expresiones no tienen que quedar como un mero discurso legislativo. Por el contrario, deben guardar relación directa con las soluciones.

Por ello, desde nuestro bloque nos gustaría escuchar soluciones concretas y saber por qué no se continuó con el Programa de Seguridad Ciudadana, implementado en algún momento desde la Jefatura de Gabinete de Ministros, que permitió –como uno de sus apéndices- fortalecer los recursos tecnológicos, los patrulleros y los centros de monitoreo. Si fracasamos en la política de inclusión social, en la de atención a los liberados –es decir, quienes ya cumplieron su condena- y en la eficacia judicial, y además desalentamos a la buena policía –que la hay-, el resultado es una sociedad acorralada que reacciona mal. Pero nosotros no podemos entenderla peor; debemos comprender la realidad y asumirla con humildad.

Esperamos que el año próximo, si el señor Capitanich ocupa el mismo cargo, venga y nos diga que mejoraron en estos aspectos, que son centrales y perturban la vida cotidiana de todos los argentinos.

Por otra parte, advertimos que hay municipios que reciben fondos para ejecutar algunas obras y que a otros no se destina nada. Consideramos que hay cuatro o cinco temas que requieren urgente tratamiento y la implementación de políticas de Estado mediante programas plurianuales.

Cuando se produce una inundación, el agua no respeta límites jurisdiccionales. Desde la mirada del ciudadano común que sufre esa contingencia, es responsabilidad del Estado y de la dirigencia política resolver el problema. De la misma manera, respecto de la inseguridad, no se puede pensar que tal o cual persona está parada en determinado rincón buscando algún beneficio cuando lo único que hace es pedir que se tome contacto con la realidad y se desarrollen políticas de Estado en la materia.

Por otro lado, pregunto al señor ministro si es cierto –según nuestra información- que mantuvo una reunión con un grupo de intendentes del Gran Buenos Aires para ofrecer únicamente a ellos la continuidad del Programa de Seguridad Ciudadana. Hago la pregunta porque no solo el Gran Buenos Aires sino el país en su conjunto necesitan políticas que no reparen en el signo partidario de quien gobierna a nivel municipal.

Esa es una discriminación de argentinos que también genera violencia, y esa violencia acumulada que se repite finalmente genera impotencia y frustración en dirigentes de distinto tipo. Pero a los ciudadanos no los podemos poner en el banquillo de los acusados por cometer un error. Los acusados somos los dirigentes de la República Argentina que no hemos sido capaces de construir políticas de seguridad eficientes, concretas, y sostenerlas en el tiempo sin ningún tipo de mezquindad.

Señor ministro: queremos saber por qué no hay más recursos en materia de infraestructura social básica, como cloacas y agua potable a sólo 15 kilómetros de aquí. Hay vecinos que no tienen trabajo, que conviven en un marco de inseguridad y alta vulnerabilidad social, que no tienen cloacas, lo que significa que un carro atmosférico debe ir de vez en cuando, lo que a cualquiera incomoda…

–   Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Giustozzi.- No queremos tener miradas parciales sino que se implemente, se continúe y se financie…

Sr. Presidente (Domínguez).- La Presidencia informa al señor diputado que sólo le resta un minuto de exposición, y solicita al resto de los señores diputados que respeten al orador.

Sr. Giustozzi.- Señor presidente: pido el mismo respeto que he tenido yo y el resto de mi bloque hacia quienes hicieron uso de la palabra.

Queremos saber si va a haber más recursos en materia de infraestructura social básica, señor ministro. Creemos que hay que empezar a trabajar y nos interesa conocer si el gobierno tiene pensado generar programas para una nueva cultura democrática.

Al hablar de una nueva cultura democrática sostenemos que está bien que se inviertan recursos en calidad educativa, que implica más inclusión. Porque si hay pérdida de calidad educativa también fracasamos con las políticas de inclusión, y ello no sólo se soluciona con más recursos, multiplicando programas sociales por cientos, sino haciendo un uso eficaz de los recursos. No midamos las políticas sociales de acuerdo con lo que se gasta sino según su resultado. Y el resultado muestra que hoy no estamos en un buen momento y que tenemos que hacernos cargo de ese problema, señor ministro. Esperemos que dentro de un año, si a usted le toca venir a este recinto, empecemos a encontrar la salida a todos estos temas. (Aplausos.)

Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- Señor presidente, señor diputado: responderé rápidamente para no extenderme.

Sobre las obras realizadas en La Plata en relación con los hechos acaecidos el 2 de abril de 2013, se suscribió un convenio de 1.973 millones de pesos entre la provincia de Buenos Aires y la Nación Argentina.

Las obras en proceso de ejecución con este financiamiento deberían ser claramente el saneamiento de la cuenca del arroyo El Gato, la construcción del derivador de la avenida 31, la construcción del derivador de la avenida 143, desagües pluviales en la cuenca del arroyo Maldonado, adecuación de los arroyos Rodríguez y Don Carlos, adecuación de los arroyos Carnaval y Martín, desagües pluviales en Barrio Universitario, desagües pluviales en la cuenca Watzenborn, desagües pluviales en cuenca Zoológico y reurbanización de márgenes de arroyos. Para responder con claridad a su pregunta, eso es equivalente a 1.973 millones de pesos.

En lo referente a la cuenca del Río Salado hay inversiones que tienen que ver con la recuperación de un millón doscientas mil hectáreas para la producción agropecuaria, sistematización del Río Salado superior por 440 millones de pesos, sistematización del Río Salado inferior y obras ejecutadas en la limpieza del cauce, etcétera.

Puedo hacer una descripción, pero el monto de la inversión equivale aproximadamente a 2.300 millones de pesos, con mil obreros empleados. Una descripción muy exhaustiva de cada una de las obras figura en el informe correspondiente que usted podrá leer conjuntamente con el resto de los diputados que están interesados en esta materia.

Sr. Presidente (Domínguez).- La Presidencia solicita a los señores diputados que no dialoguen.

Continúa en el uso de la palabra el señor jefe de Gabinete de Ministros.

Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- Se hizo el convenio para la ejecución, y es una responsabilidad de ejecución en la provincia de Buenos Aires.

Respecto del tema de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total, saben que hay un problema de carácter metodológico. La canasta básica alimentaria expresada originalmente es de 16 australes del año 1985. Por eso, existe una inconsistencia de carácter metodológico para brindar cobertura. La determinación de la nueva metodología del producto bruto interno y del nuevo índice de precios al consumidor se divulgará próximamente  debido a una cuestión de carácter metodológico.

En tercer lugar, quiero expresar claramente lo que significa el sistema de estadística creíble o confiable, que señalaba el señor diputado. Creemos que la actualización metodológica es una condición sine qua non para tener definitivamente la validación por parte del sistema de información estadística. Esta metodología adoptada tiene estándares de carácter internacional, y así es reconocida. Por lo tanto, entendemos que es una base para garantizar precisamente confiabilidad desde el punto de vista del diseño de las políticas públicas con consenso. Digo esto, porque no es exactamente lo mismo lo que ocurre con otro tipo de estimaciones, cálculos o indicadores de carácter privado, que tienen no solamente inconsistencias metodológicas sino también un margen de error grosero que no sirve para medir confiablemente en forma estadística. Es muy importante remarcar este punto.

El señor diputado ha hecho referencia a la independencia de los poderes. En estos años, a partir del 25 de mayo de 2003, hemos presentado un conjunto de iniciativas vinculado claramente con el desenvolvimiento del sistema político en nuestro país. El sistema político en la Argentina tenía una tensión en forma sistemática entre gobernabilidad y calidad institucional. Debemos asumir este debate, porque finalmente lo que ha ocurrido es que hay liderazgo político, la política no se subordina a las corporaciones y poderes económicos, y existe independencia de poderes. ¿Acaso no se reconoce al ex presidente de la Nación, doctor Néstor Carlos Kirchner, haber impulsado el decreto 222/03 para elegir a los miembros de la Corte Suprema de Justicia; o la metodología para la reducción de los miembros de dicha Corte, o un sistema de concurso y selección de los jueces del máximo tribunal,  o que efectivamente en el año 2009 este Congreso y esta Cámara ‑que tuvo la minoría por parte de nuestro espacio político‑ dejó sin presupuesto a la Nación argentina en el marco de una política marcadamente opositora? Sin embargo, se ejerció el liderazgo por parte de la presidenta de la Nación y las instituciones de la República funcionaron claramente. (Aplausos.)

¿Acaso no observamos que la ley 26.522 de sistemas de medios de comunicación audiovisual estuvo detenida cuatro años, producto de la corporación mediática concentrada en la República Argentina que impidió su aplicación, a pesar de que cumplió todas las instancias en el máximo nivel de independencia de los poderes de la República? Nadie puede decir que en la República Argentina no existe la plena y más absoluta libertad de expresión. Todos los días, los que ejercemos las responsabilidades del gobierno en este espacio político recibimos injurias, calumnias, diatribas, ataques duros y personales de todo tipo, y sin embargo jamás respondemos con la misma moneda. (Aplausos.)

Aceptamos los desafíos de ejercer la responsabilidad institucional que nos compete. Esto está claro para la presidenta de la Nación y los funcionarios. En este sentido, somos absolutamente respetuosos; de lo contrario, vamos a ir al debate en boga desde el punto de vista sociológico y filosófico del antagonismo y agonismo. Las posiciones políticas en democracia exigen el debate profundo desde el punto de vista de las ideas y de las concepciones, y naturalmente de la participación de este escenario, para no caer precisamente en la contradicción de que los representantes del pueblo no se transformen en representantes de grupos corporativos, de intereses que forman parte de procesos de presión política para cambiar la dirección o el rumbo de determinado tipo de ejecuciones. (Aplausos.)

Por lo tanto, bienvenido sea el debate político, el debate en la construcción de una democracia plural, donde la relación de amigo-adversario implique profundidad y metodología de análisis, y bienvenido sea que esto empiece ahora y continúe en el tiempo.

La otra cuestión que quiero transmitir es la siguiente. Respecto al tema de seguridad pública y narcotráfico, ahora aprovecho el tiempo y digo al señor diputado Negri que voy a ir respondiendo algunas cuestiones que dejé sin contestar antes, primero desde el punto de vista del enfoque conceptual.

Voy a leer algo y después ustedes me van a decir quién lo escribió: “Hoy en muchas partes se reclama mayor seguridad. Pero hasta que no se reviertan la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos será imposible erradicar la violencia. Se acusa de la violencia a los pobres y a los pueblos pobres pero, sin igualdad de  oportunidades. Las diversas formas de agresión y de guerra encontrarán un caldo de cultivo que tarde o temprano provocará su explosión. Cuando la sociedad –local, nacional o mundial– abandona en la periferia una parte de sí misma, no habrá programas políticos ni recursos policiales o de inteligencia que puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad. Esto no sucede solamente porque la inequidad provoca la reacción violenta de los excluidos del sistema, sino porque el sistema social y económico es injusto en su raíz. Así como el bien tiende a comunicarse, el mal consentido, que es la injusticia, tiende a expandir su potencia dañina y a socavar silenciosamente las bases de cualquier sistema político y social por más sólido que parezca. Si cada acción tiene consecuencias, un mal enquistado en las estructuras de una sociedad tiene siempre un potencial de disolución y de muerte. Es el mal cristalizado en estructuras sociales injustas, a partir del cual no puede esperarse un futuro mejor. Estamos lejos del llamado ‘fin de la historia’, ya que las condiciones de un desarrollo sostenible y en paz todavía no están adecuadamente planteadas y realizadas.

“Los mecanismos de la economía actual promueven una exacerbación del consumo, pero resulta que el consumismo desenfrenado unido a la inequidad es doblemente dañino del tejido social. Así la inequidad genera tarde o temprano una violencia que las carreras armamentistas no resuelven ni resolverán jamás. Sólo sirven para pretender engañar a los que reclaman mayor seguridad, como si hoy no supiéramos que las armas y la represión violenta, más que aportar soluciones, crean nuevos y peores conflictos. Algunos simplemente se regodean culpando a los pobres y a los países pobres de sus propios males, con indebidas generalizaciones, y pretenden encontrar la solución en una ‘educación’ que los tranquilice y los convierta en seres domesticados e inofensivos. Esto se vuelve todavía más irritante si los excluidos ven crecer ese cáncer social que es la corrupción profundamente arraigada en muchos países –en sus gobiernos, empresarios e instituciones– cualquiera que sea la ideología política de los gobernantes.” Exhortación Apostólica del Papa Francisco. (Aplausos.)

          Lo que quiero transmitir precisamente es que la seguridad es un fenómeno complejo y el señor diputado Negri y usted señalaron claramente que se trata de una cuestión de alcance nacional y obviamente forma parte de una estrategia comunicacional permanente desde los grupos mediáticos concentrados hasta los factores de oposición, y también de los problemas que surgen de la realidad cotidiana.

Entonces, me parece que es muy importante y quiero transmitir lo siguiente: es competencia de las provincias, a excepción de delitos de carácter federal, y no me cabe la menor duda. Esto lo podemos corroborar claramente desde el fallo del 13 de abril de 1869 en la causa Bonorino sobre Plaza de Toros respecto a la competencia originaria por parte de las provincias argentinas.

Esa misma competencia está perfectamente explicitada en la ley 24.059. Lo mismo ocurre con la responsabilidad; y a mí me ha tocado en el ejercicio, porque yo sigo siendo gobernador en uso de licencia, electo por la voluntad popular con el 67 por ciento de los votos el día 18 de septiembre del año 2011.

Nosotros promovimos –y es importante remarcarlo- la cuestión desde el punto de vista estructural. ¿Esta cuestión se soluciona solamente desde el ejercicio de la acción de las fuerzas de seguridad? No. Por eso es necesario tener una visión omnicomprensiva.  Para eso…

–   Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.-  Señor diputado: lo escuché atentamente, y por eso quiero aportar datos.

Sr. Presidente (Domínguez).- Señores diputados: va a ser una sesión larga.  Les pido que escuchen el informe del señor jefe de Gabinete. Sean respetuosos.  El procedimiento está acordado. Por lo tanto, pido silencio a los señores legisladores.

Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.-  Quiero transmitir lo siguiente, y lo hago con mucho respeto: hoy tenemos aproximadamente 108 mil agentes en las distintas fuerzas de seguridad entre la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía Federal, la Prefectura Naval Argentina y la Gendarmería Nacional.  Eso ha implicado un esfuerzo sistemático de parte del Estado porque prácticamente se trata de la duplicación del número de agentes de la seguridad pública.

Por lo tanto, ha habido un proceso de asignación creciente de recursos por parte del Estado nacional para tratar la problemática.

No se pueden desmentir las estadísticas, porque son absolutamente confiables.  Los agentes de seguridad están perfectamente determinados. Por ejemplo, en el caso de la Gendarmería Nacional de la provincia del Chaco, durante la gestión del ex presidente de la Rúa el Escuadrón 14 fue disminuido a Jefatura de Sección.  En cambio, en esta gestión, ha habido un incremento sustancial del número de agentes, de vehículos, de tecnología y de cámaras en el Escuadrón 14 –Las Palmas y La Leonesa‑, en el Escuadrón 51    –Resistencia‑, en la Jefatura de Sección en San Martín, en la Jefatura de Sección en Villa Angela y en el Escuadrón 1 ‑Presidencia Roque Sáenz Peña-.

O sea, quiero transmitir que la problemática de seguridad es un tema que forma parte de la agenda pública y no tengan la menor duda de que ha habido un proceso de inversión de carácter sistemático tanto de inclusión social como de mejoramiento en los parámetros de distribución. Pero es necesario mejorar aún más, y este es el gran desafío.

Me parece importante reconocer lo siguiente: primero, que no es una cuestión que se circunscribe estrictamente al rol de las fuerzas de seguridad.  En segundo lugar, no es una cuestión que se resuelve estrictamente desde el punto de vista de políticas de inclusión o de equidad, porque se necesita un proceso que permita mejorar sustancialmente la calidad educativa.  Y la calidad educativa se necesita en términos de inversión en infraestructura y tecnología, pero también debe haber continuidad en las políticas públicas en esa materia.

Quiero transmitir que los casos a nivel internacional han sido muy claros.  Los países nórdicos son los que tienen mejor distribución del ingreso y los que han promovido reformas de carácter estructural en materia educativa.  Siempre se habla del caso de Finlandia, y estos ejemplos justamente han promovido una primera instancia, que es la inclusión.

La segunda instancia de la inclusión es la continuidad para mejorar la calidad. No le quepa la menor duda que, cuando se logra que todos los niños, adolescentes y jóvenes estén en las escuelas producto de la asignación universal por hijo –que dicho sea de paso se incrementó en un 35 por ciento el año pasado‑, adicionalmente debe invertirse.

Nadie puede decir que este gobierno no ha hecho un esfuerzo extraordinario en la asignación de recursos presupuestarios para mejorar la inclusión social como una de las bases para mejorar la calidad educativa.  No hay ninguna duda en este sentido.

En ese contexto quiero decir que si hay 6,4 por ciento de desempleo, si hay 6 millones de puestos de trabajo, si hay un mejoramiento de 1.500.000 de pesos para el plan FinEs, si hay un plan Progresar, si existe todo esto quiere decir que hay una política deliberada para resolver los problemas de inclusión, mejorar la distribución y potenciar el gran desafío de la calidad educativa.

Esto también implica mejorar los temas para la universalización educativa en salas de 5, al igual que en las salas de 4 para el año 2016.  Esta es la continuidad de las políticas de Estado, y lo lograremos cuando más anticipadamente garanticemos la inclusión y la permanencia de los alumnos en las aulas, cuando tengamos también los procesos de capacitación tal como están firmados en las últimas paritarias desde el punto de vista educativo y cuando tengamos definido este análisis, que es absolutamente claro.

Aquí se ha preguntado sobre el Consejo Federal Educativo, que tiene una agenda sistemática por la que se reúne periódicamente, y en ese contexto hay un tema que tiene que ver con la cuestión del ausentismo docente. Esta cuestión forma parte de una agenda que la han planteado los mismos gremios también para mejorar continuidades, calidad y formación. Todo esto tiene que ver con estas políticas de diseño. Por eso creo que en materia de seguridad pública es muy importante pensar que los problemas no se resuelven solamente duplicando el número de patrulleros, de agentes o de cámaras. Hay que plantear claramente todas estas cuestiones pero sobre todo también mejorar la cuestión de infraestructura social básica. Cuando uno habla de seguridad sabe que seguridad es garantizar la propiedad del terreno para que la gente pueda construir su vivienda, tener una vereda, abrir calles para que entre una ambulancia y sus hijos puedan ir a la escuela, que el padre tenga acceso al trabajo y perciba un salario adecuado, y que en definitiva construyamos infraestructura deportiva, que es la base.

En ese sentido quiero transmitir lo siguiente. Usted se refería al tema del presupuesto de la Sedronar. Este último pasa a 250 millones de pesos con la asignación de recursos. Pero este programa que ha planteado la señora presidenta de la Nación, que se llama “Recuperar inclusión”, recupera inclusión por una multiplicidad de obras significativas que forman parte de las referencias correspondientes para la articulación de las casas educativas terapéuticas y los centros preventivos locales de adicciones. Este es un tema objetivo. Nosotros tenemos un número de becas que es insuficiente para atender la problemática de las adicciones.

Dicha problemática está fuertemente asociada a la infraestructura social educativa, que tiene que ver con la construcción de valores. La sociedad tiene el desafío de la construcción de valores, y el deporte es definitivamente una plataforma para la construcción de esos valores, entre los cuales podemos mencionar la lealtad, la fidelidad, la amistad, el compañerismo, la solidaridad, la mesura, la humildad, la dedicación, el esfuerzo, el compromiso, etc. Son valores que se van forjando desde esa perspectiva.

Por eso este programa pretende construir las casas educativas terapéuticas y los centros preventivos locales de adicciones. Se prevé la construcción de cuarenta nuevas casas educativas terapéuticas y la remodelación de veinte espacios, con una inversión de 714 millones de pesos. Esto está dado sobre la base de convenios específicos para Río Grande, en Tierra del Fuego; para Comodoro Rivadavia, en Chubut; para Bariloche, en Río Negro; para Maipú, Godoy Cruz y San Rafael, en Mendoza; para Granadero Baigorria, en Santa Fe; para Frías, en Santiago del Estero; para San Miguel de Tucumán, en Tucumán; para San Salvador de Jujuy, Palpalá y La Quiaca, en Jujuy; para la Fundación Pupi, en Lomas de Zamora. También podemos mencionar Río Gallegos, Caleta Olivia, Las Heras y Río Turbio, en Santa Cruz; Morón, Avellaneda y San Vicente, en Buenos Aires; San Juan; Corrientes; Formosa; Resistencia, en Chaco; y la cárcel de Devoto. También integra los centros preventivos locales de adicciones por 1.279 millones de pesos que implican espacios de recreación y esparcimiento.

El objetivo es prevenir que los jóvenes se encuentren con la droga.

Por lo tanto, lo que quiero transmitir es que no solamente se ha incrementado el presupuesto de la Sedronar, que asciende a 250 millones de pesos, sino que la presidenta ha dado instrucciones de ejecutar 1.993 millones de pesos en centros de prevención de adicciones.

De manera que sus expectativas, señor diputado, han sido superadas de una manera extraordinaria. (Aplausos.) Hemos superado todas las expectativas porque ustedes tienen menos expectativas que nosotros. Nosotros tenemos muchas expectativas para resolver adecuadamente el tema. (Aplausos.)

A su vez quiero transmitir lo siguiente. Me parece bien debatir la problemática del narcotráfico con todos los elementos necesarios y también con los distintos documentos a nivel internacional. Entonces, me parece que es muy bueno pensar en el documento “La guerra contra las drogas” y los problemas que eso tiene a nivel internacional. Ustedes saben que es una cuestión que mueve 320 mil millones de dólares en el ámbito mundial. También saben que el principal consumidor de estupefacientes en el mundo es precisamente la principal potencia. Este documento de seguridad e inequidad tiene que plantearse básicamente los parámetros que tienen que ver con la distribución del ingreso. Ustedes saben que el 1 por ciento de la población mundial concentra entre el 43 y el 47 por ciento del ingreso. Eso forma parte de una inequidad distributiva extraordinaria y espantosa. Por eso me parece que es muy bueno pensar que el documento del 57º período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes, celebrado en Viena el 13 y 14 de marzo de 2014, ha planteado una serie de recomendaciones que me parece que son muy importantes y que le haré llegar para no abundar en esta cuestión, pero hay un párrafo que entiendo que merece que se los lea. Dice así: “Somos plenamente conscientes de que el problema mundial de las drogas sigue siendo una responsabilidad común y compartida que ha de afrontarse en un entorno multilateral mediante una cooperación internacional más intensa y efectiva y exige estrategias de reducción de la oferta y la demanda basadas en un enfoque integral, multidisciplinario, equilibrado y exhaustivo, con medidas que se refuercen mutuamente, y reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable de garantizar que todos los aspectos de la reducción de la demanda, la reducción de la oferta y la cooperación internacional se aborden de plena conformidad con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y la Declaración Universal de Derechos Humanos y, en particular, con pleno respeto de la soberanía y la integridad territorial de los Estados, del principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados, de todos los derechos humanos, de las libertades fundamentales, de la dignidad intrínseca de todas las personas y de los principios de igualdad de derechos y respeto mutuo entre los Estados.”

Quiero transmitir que también la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes –JIFE‑, en el resumen correspondiente ‑en la agenda bilateral con la Argentina visitará nuestro país en el segundo semestre para un proceso de supervisión y fiscalización de las políticas en esta materia‑,  señala que es falso el informe de las Naciones Unidas que usted mencionó. En algún momento se había establecido la ocupación del tercer lugar, que luego fue desmentido en otro documento correspondiente.

Por otra parte, ustedes hicieron alguna referencia al Ministerio de Defensa y su rol. Obviamente se ciñe de manera clara a la ley de seguridad interior, pero no es menor que en el marco de la Ley de Defensa Nacional, es función de las fuerzas armadas dentro de su función principal la tarea de vigilancia y control del espacio aéreo. Aquí es importante remarcar que fue esta gestión de gobierno la que logró pasar de tener cuatro a veintidós radares, y también en este contexto debo decir que el 60 por ciento de la integridad del territorio tiene una cobertura del ciento por ciento y que el 95 por ciento de las rutas aéreas de la República Argentina tiene radarización.

Sr. Presidente (Domínguez).- Señor jefe de Gabinete: concluyó el bloque de respuestas.

Sr. Negri.- ¡Pido la palabra!

Sr. Presidente (Domínguez).- Espere un momento, por favor, diputado Negri.

Antes de dar la palabra al diputado Pinedo, quiero manifestar que hay una solicitud del diputado De Narváez ‑que por razones familiares y personales debe retirarse del recinto‑ para que se le autorice  a hacer las preguntas en el tiempo del que dispone, que son cinco minutos.

Sr. Pinedo.- Sí, señor presidente.

Sr. Negri.- Permítame sólo un momento, señor presidente.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

 Sr. Negri.- Señor ministro: quiero que se lleve la tranquilidad de que nosotros –y creo que todos los legisladores‑ nos negamos a entrar en una pelea callejera en materia de seguridad y narcotráfico.

Queremos estar juntos para definir una política de Estado, pero no niegue la realidad de lo que está pasando en la Argentina. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. De Narváez.- Señor presidente: le agradezco a usted, señor presidente, y a los presidentes de los bloques que han autorizado alterar el orden del uso de la palabra.

Señor jefe de Gabinete: le agradezco su presencia y de todo su equipo. Durante las exposiciones anteriores he tenido el tiempo de leer las respuestas que recibimos por escrito. Muchas de ellas nos complacen y muchas otras van a ser repreguntadas –como usted bien mencionó‑ en su próxima visita.

Al comienzo de su exposición, señor jefe de Gabinete, usted planteó la necesidad de construir una agenda. Habló de las metas y objetivos y de tres desafíos fundamentales en el marco económico, pero yo quiero hacer uso del tiempo para dirigirme puntualmente al tema de la seguridad ciudadana.

Usted manifestó ‑y recién lo argumentó con fallos de la Corte y leyes vigentes‑ que la seguridad pública corresponde a las provincias; o sea, concretamente a los gobernadores, uno de los cuales es usted, aunque en uso de licencia. Este es un punto central sobre el que tenemos que buscar un acuerdo; si no, los argumentos van y vienen y no podemos fijar un ámbito para discutir una única política de seguridad ciudadana.

Comparto lo señalado en cuanto a que la seguridad ciudadana es multicausal, y sabemos que el problema no tiene una única solución ya que se trata de una cantidad de factores: educación, salud, vivienda, trabajo, asistencia a las adicciones, etcétera. Sin embargo, también sabemos que la presencia de armas ilegales y de drogas ha hecho que lo que antes era un delito común hoy sea un robo seguido de muerte. La violencia que hoy tenemos es producto de la combinación de estos dos factores –drogas y armas ilegales‑, no en forma exclusiva pero sí de manera preponderante.

Siendo que los delitos de narcotráfico, de armas y municiones ilegales, de lavado de dinero, de secuestro ‑como usted mismo dijera, señor ministro‑, corresponden al ámbito de la Justicia federal y del gobierno nacional, quisiera hacer una pregunta puntual: ¿está dispuesto el gobierno a convocar al Comité de Crisis del Consejo de Seguridad Interior, para sentar a una mesa a todos los actores que tenemos responsabilidad en el tema a los fines de plasmar un único y coordenado plan de seguridad ciudadana?

Espero de usted, señor ministro, una respuesta concreta, porque la pregunta es específica.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor jefe de Gabinete de Ministros.

Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- La respuesta concreta es que nosotros hemos ido mucho más allá que eso. Convocamos a todos los ministros de Gobierno y Seguridad de las provincias argentinas, conjuntamente con los ministros de Desarrollo Social y de Justicia, y de dicha convocatoria surgió una inversión de casi 2.000 millones de pesos destinados al sistema de prevención de adicciones y a un mecanismo de intervención rápida.

En cuanto al tema de las armas ilegales, efectivamente, como hoy señalara en la conferencia de prensa matutina, la República Argentina ha tenido un proceso de recuperación que supera las 160.000 armas, que incluso ha sido reconocido a nivel internacional. Obviamente, es necesario establecer condiciones para generar un mecanismo de quita de armas ilegales, que forman parte de episodios de violencia y se traducen en homicidios.

En respuesta también a una cuestión planteada respecto de los intendentes del conurbano en cuanto a un pretendido sesgo de carácter parcial, es cierto que ellos han venido al ámbito de la Jefatura de Gabinete para plantear esa preocupación. El proyecto, que inicialmente trataba sobre la seguridad ciudadana, tenía varias etapas. Nosotros consideramos necesario plantear una reformulación de carácter estructural, sobre la base de diferentes acciones.

En primer lugar, nos compete trabajar sobre el tema de la resocialización. En ese sentido, tenemos instrucción precisa de parte de la presidenta de la Nación para asignar los recursos correspondientes. Si no existe la resocialización de quienes salen de las cárceles de los sistemas penitenciarios tanto provinciales como de la Nación, hay una enorme posibilidad de reincidencia. Por lo tanto, en coordinación con todos los intendentes y gobernadores, tenemos un programa para la resocialización de las personas que son liberadas.

En segundo término, se trata de un compromiso muy importante que trabajaremos a nivel de la Corte Suprema y de los superiores tribunales de Justicia provinciales, a través de la Junta Federal de Cortes, por una razón muy sencilla: entendemos que hay un rol absolutamente insustituible e indispensable de los poderes judiciales de cada una de las provincias argentinas, así como también del Poder Judicial de la Nación en el ámbito de la competencia federal.

Saben los señores diputados que estamos trabajando en la reforma del Código Procesal Penal en el ámbito federal, precisamente para la sustitución del sistema inquisitorio por el acusatorio, que efectivamente rige en el ámbito de la mayoría de las provincias.

En consecuencia, tenemos una agenda relacionada con la reforma de ese Código, la asignación de recursos que tienen que darse desde la resocialización, la inclusión, y la utilización de herramientas que son indispensables y que tienen que ver con combinar un mapa de prevención del delito entre las fuerzas nacionales y de carácter provincial para tener una cobertura geográfica y territorial, sobre la base del análisis de la densidad del delito, del mapa del delito, mediante mecanismos vinculados con la existencia de patrulleros y cámaras digitales, y a su vez con el seguimiento de información de inteligencia y en el marco de la estructuración de políticas preventivas y correctivas en materia de seguridad.

Consideramos, en definitiva, que el fenómeno multicausal de la seguridad pública exige una estrategia que involucre a múltiples actores, de distintos niveles, y a todos los poderes del Estado, asignando recursos para cumplir metas y objetivos.

Es un tema de agenda que lo estamos haciendo; ya lo hicimos y pretendemos seguir haciéndolo en el transcurso de este y el próximo año.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Pinedo.- Señor presidente: mi bloque tiene un orden diferente en el uso de la palabra. Lo va a informar el diputado Sturzenegger.

Sr. Presidente (Domínguez).- El orden que me ha aportado el diputado Sturzenegger es el siguiente: Cáceres, Mac Allister, Durand Cornejo, Miguel Torres, Gladys González, Christian Gribaudo y Federico Pinedo.

Solicitamos a los señores diputados que sean rigurosos en el tiempo que tiene asignado el bloque de 25 minutos en total.

Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Sturzenegger.- Señor presidente: más allá de la intensidad casi religiosa de algunos colegas, quiero decir que es un hecho muy positivo que el señor jefe de Gabinete esté hoy aquí, y esperamos que se repita la visita.

Nuestro enfoque va a ser diferente porque no vamos a hacer discursos ni diagnósticos, ya que todo el mundo conoce los de ustedes y los nuestros; vamos a hacer preguntas muy puntuales y concretas entre todos los integrantes de mi bloque, de allí la lista de oradores tan amplia.

Hemos visto que en la discusión hasta ahora se ha tratado cómo se gastan los recursos públicos. Es una pregunta que va y vuelve porque es un tema donde el Congreso tiene un papel fundamental al considerar la ley de presupuesto de gastos y recursos, donde se debe asegurar que el gasto público y su financiamiento se haga con un criterio de inclusión social e igualdad de oportunidades.

En ese contexto, me gustaría empezar preguntando cómo se justifica para un votante, para un trabajador que paga el IVA, para quien paga sus cargas laborales y el impuesto inflacionario, el pedido que todos los años hace el gobierno nacional –es mejor tomar un gasto puntual para ilustrar lo que ocurre‑ de 600 millones de pesos, que es lo que le cuesta al Estado argentino que Aerolíneas Argentinas vuele entre Buenos Aires y Madrid. ¿En qué sentido eso aporta a la inclusión social y a la igualdad de oportunidades? Me gustaría que el señor jefe de Gabinete lo conteste.

En el documento que nos entregó –tuve bastante tiempo para mirarlo‑ usted contesta sobre el tema. Todos sabemos que Aerolíneas recibe 3.500 millones de pesos de subsidio, y que la pérdida está concentrada en el segmento internacional. Me gustaría que me explique cómo el gasto de miles de millones de pesos de los impuestos de los argentinos es la mejor manera de generar inclusión e igualdad de oportunidades.

Entendemos que tanto ustedes como nosotros apuntamos a proteger la producción nacional, sobre todo en un ámbito tan estratégico como la energía. En ese contexto, me gustaría una explicación de por qué el gobierno nacional está dispuesto a poner recursos de los contribuyentes argentinos para comprar gas importado a 17 dólares el millón de BTU, o gas boliviano a 10 u 11 dólares el millón de BTU, mientras que al productor argentino, que contrata empleo argentino, que invierte y genera divisas y producción sólo se le reconoce 2,30 dólares el millón de BTU.

Si el gobierno está dispuesto a usar esos recursos, ¿por qué dárselos a los extranjeros y no a los productores argentinos y a nuestros trabajadores? Esta es una de las preguntas que le entregamos por escrito y no fue respondida en el documento.

Por último, quiero hacer un comentario sobre la explicación de los temas metodológicos referidos a los cambios de los índices de precios y del producto bruto interno. Esto es algo que hemos discutido mucho con la señora diputada Patricia Giménez, del bloque de la Unión Cívica Radical.

Quiero comentarle al señor ministro que el índice de precios mayoristas no vio modificada su metodología en absoluto. Sin embargo, hasta diciembre reportaba números que estaban muy por debajo del 1 por ciento, mientras que desde enero reporta valores superiores al 4 por ciento, sin que se registre ningún cambio de metodología. Lo que esto quiere decir es que antes se mentía y ahora no. Si el señor ministro me lo permite, quiero decirle que lo felicito porque hoy se mienta menos.

Asimismo, deseo expresarle que se sigue mintiendo en cuanto al valor del producto bruto interno y con los índices de inflación y desempleo, aunque menos que antes. Me parece que eso, por lo menos, constituye un pequeño paso hacia adelante.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.

Sr. Cáceres.- Señor presidente: pertenezco a la provincia de San Juan y deseo formular una pregunta respecto de la actividad minera. Por un lado, el Estado nacional ha recibido en los últimos años una gran cantidad de beneficios económicos. Más precisamente, se lleva casi el 90 por ciento de la rentabilidad minera. Por el otro, los titulares de las empresas mineras han asumido el cambio de reglas impuesto por el gobierno nacional en relación con la aplicación de retenciones y el impedimento para liquidar divisas en el país de origen, que es el principal obstáculo para efectuar el giro a sus empresas.

Por lo tanto, me gustaría saber si el Estado nacional, teniendo en cuenta estos factores, está analizando la implementación de algún plan para devolver el empleo a los 1.900 sanjuaninos que quedaron en la calle hace dos días y que se suman a los casi 10 mil que en los últimos meses han quedado en esa situación dentro del sector minero.

Para finalizar, y ante la posibilidad de que el señor ministro incluya el tema en su respuesta, quiero señalar que los 4 mil millones de dólares que en la Argentina se invertirán en 2014 representan un monto cuatro veces inferior al que se va a invertir en Perú, al tiempo que está siete veces por debajo del que se invertirá en el mismo período en la República de Chile.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Mc Allister.- Señor presidente: en primer término deseo efectuar una breve reflexión en el sentido de que resulta increíble –y aclaro al señor ministro que esto no constituye una cuestión personal‑ cómo utilizamos muchas veces la figura del Papa y nos metemos debajo de su sotana para que avale el desastre que hicimos en este país durante muchísimo tiempo. (Aplausos.)

Cuando el actual Papa se encontraba aquí como cardenal eran muy pocos los que lo iban a ver. Hoy, a 14 mil kilómetros de distancia, hacen cola para que los atienda. Realmente siento un poco de vergüenza y de bronca por esto, por lo que quería señalarlo.

La pregunta que deseo formular al señor ministro se refiere a un tema que él conoce muy bien y que es el vinculado con el cultivo de girasol, que también se lleva a cabo en la provincia del Chaco. En 1997, la provincia de La Pampa cultivaba 600 mil hectáreas de girasol. Hoy se cultivan 240 mil hectáreas, es decir, un 60 por ciento menos. Este gobierno, que dice ser federal y que trata de proteger a las economías regionales, nos ha perjudicado muchísimo mediante la aplicación de las retenciones del 32 por ciento.

Por lo expuesto, la pregunta que deseo formular es cómo hará este gobierno para que las provincias de La Pampa y del Chaco, como así también una parte de Buenos Aires, puedan recuperar esa importante cantidad de hectáreas destinadas a este cultivo, lo que les permitiría contar con los ingresos que necesitan.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por la provincia de Salta.

Sr. Durand Cornejo.- Señor presidente: quiero aclarar al señor ministro que no me referiré a temas económicos. Ya se ha hablado mucho de ellos y se seguirá haciéndolo en el día de hoy. Seguramente tendremos tiempo para enmendar la situación con el próximo gobierno.

Aquí el problema consiste en que a la provincia de Salta –y en consecuencia, a la República Argentina-  le han sacado 640 kilómetros cuadrados de territorio, sin que se diga nada sobre el particular. Quiero decir al señor ministro que resulta incomprensible que tres legisladores nacionales de la provincia de Salta hayan solicitado hace tres meses una audiencia con los responsables de la Dirección de Límites y Fronteras de la Cancillería argentina, y que todavía no se hayan dignado a responderles. Tal actitud es realmente inadmisible.

En otro orden de cosas, respecto de la divergencia que ha minimizado el gobierno nacional y aun el de la provincia de Salta, cabe recordar que en 1925, a raíz del acuerdo limítrofe con Bolivia y de manos del ministro plenipotenciario Carrillo ‑que escribió al respecto un libro que cualquiera puede leer- se decidió sobre la situación.

¿Cómo es posible que casi cien años después, por un pedido de la Gendarmería Nacional, la Cancillería de nuestro país acuda a hacer un corrimiento del hito de un sistema que no es el correcto?

En la Argentina, durante toda su historia los problemas de límites han estado ligados a la frontera con el país vecino de Chile. Debido a su geografía, se tomó como base el clarísimo sistema de límites arcifinios. Igual topografía observamos en Salta, en la localidad Abra de Santa Cruz, pero por obra y gracia de algún funcionario de la Cancillería de dudosa capacidad se tomó el sistema lineal de límites, que como bien sabe el señor ministro es utilizado por su provincia y también por Formosa.

En este punto se ha presentado una controversia verdaderamente grave. Estamos hablando del territorio nacional, y no es que vino Bolivia a correr un hito o a ocupar un metro cuadrado de tierra argentina. Se trata de que nuestros gendarmes tuvieron la actitud de clarificar ‑según han dicho- los límites, situación que sirvió para que decenas de familias argentinas queden en el limbo.

Hay funcionarios que trataron de convencer a los pobladores para que se conviertan en ciudadanos bolivianos, diciéndoles que con la doble nacionalidad podrían obtener una serie de beneficios. Me parece una actitud gravísima; pero más grave aún es que el gobierno nacional no diga nada al respecto.

Estamos acostumbrados a que ocurran estas cosas, pero porque un país trata de aprovecharse de un descuido nuestro, no porque desde el propio gobierno, a través de la Gendarmería Nacional ‑cuya misión es custodiar las fronteras‑ nos hagan perder miles de kilómetros cuadrados de territorio.

Por las razones expuestas, solicito al señor ministro que nos explique cuál será la actitud del gobierno nacional en relación con este problema. Aunque no se trate de miles de ciudadanos, basta con que haya uno que quede fuera de su patria o se vea obligado a cambiar de nacionalidad, para que el gobierno nacional tenga que asumir verdaderamente en serio el problema. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Torres del Sel.- Señor presidente: es muy bueno escuchar, pero a veces me cuesta entender cuál es la verdad. Se han dado muchos datos, pero cuando recorro la provincia de Santa Fe me doy cuenta de que la realidad es distinta a la que ellos muestran. Ojalá se cumplan todos los anhelos que nos comunicó el señor ministro, cuya presencia me parece importante.

Por otro lado, agradezco al señor presidente el recuerdo a Jorge Obeid, un amigo de mi misma ciudad.

Cuando hace dos años me animé a entrar en política e inicié mi campaña, hablé de dos ombligos: uno es el de la salvación, que va de la mano de la educación y de la verdad, que reclamaré en forma constante porque creo que debemos tener confianza y tirar del carro todos juntos. No creo que haya tanta diferencia de pensamiento entre los diputados que fuimos elegidos por una misma sociedad.

El otro, el ombligo malo, es el de la corrupción. En estos dos años lo vengo palpando, viendo, comentando y escuchando de mis conciudadanos el reclamo constante por todos los hechos de corrupción que suceden a menudo.

Mi pregunta al ministro es si cada vez que se investigue a un funcionario público ligado a algún empresario amigo del gobierno van a seguir apartando jueces y fiscales de las causas. (Aplausos.)

Asimismo deseo formular dos breves preguntas relacionadas con los reclamos de la gente que está inundada en miles de hectáreas del centro oeste de la provincia de Santa Fe. Ellos me decían si yo podía preguntarle hoy –lo estoy haciendo‑ si puede haber créditos blandos para ellos o que se los exceptúe de pagar impuestos. La idea es ver qué vuelta se puede dar para tenderles una mano.

El otro tema son las rutas nacionales que constantemente recorro todas las semanas. Muchas son provinciales, y están en un estado pésimo, y respecto a las nacionales hago un reclamo especial por la ruta nacional número 34. Quisiera saber si entraría en el presupuesto de 2015 la construcción de la autovía, un reclamo constante de mucha gente que padece accidentes con secuelas de muerte, discapacidad y todo lo que provocan los accidentes de tránsito. Además hay producción agropecuaria que sale por allí en su gran mayoría.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. González (G.E.).- Señor ministro: la presidenta de la Nación dijo en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias que las cifras que maneja sobre tasa de mortalidad materna son de 2009, o sea, de hace 5 años. En verdad me quedé preocupada por ese tema.

Vengo investigando la situación social de la mujer y los temas de familia y niñez, y es difícil encontrar estadística oficial, pero cuando la propia presidenta aseveró que sólo tenía datos de 2009 me preocupé todavía más. No es un tema de búsqueda, sino que los datos no existen.

Por lo expuesto, mi pregunta es por qué no tenemos mediciones más actualizadas de indicadores sociales tan importantes, y cómo se trabaja desde la gestión nacional para diseñar y ejecutar una política pública y  planes sociales con estadísticas que no están actualizadas.

A su vez, quisiera saber si en función de esto se prevé algún mecanismo para el corto plazo que provea a todos –a ustedes y a nosotros‑ de esas estadísticas, y algún mecanismo de acceso a la información pública en función del fallo de la Corte, con respecto a la demanda del CIPPEC, que nos permita a todos tener información sobre los planes sociales.

La última pregunta sobre los planes sociales es cuáles son las decisiones para reasignar el dinero que hasta hoy se destinaba a los subsidios, y que según declaraciones públicas de algunos de ustedes se destinaría a planes sociales. Quisiera saber a cuáles, cómo se va a distribuir, la cantidad de beneficiarios y qué es lo que va a provocar esto en beneficio de la gente.

Sumándome a la pregunta que recién formuló el señor diputado del Sel, como diputada por la provincia de Buenos Aires me preocupa mucho el estado de las rutas, tanto provinciales como nacionales. Hice algunas preguntas, cuya respuesta acabo de leer en su informe, sobre el atraso de la autopista Pilar-Pergamino. Sólo se ha construido un tramo muy pequeño y en su momento la presidenta había prometido que se terminarían los 180 kilómetros para este año. Lo cierto es que sólo se han construido 12 kilómetros. Quisiera conocer la verdadera razón del atraso de esa obra, y también lo referido a la autopista 5.

Otra obra muy demandada por los vecinos de la provincia es la construcción de la autopista 3, que hoy es ruta, que está presupuestada desde 2012. Esa obra es muy necesaria, porque la mayoría de los accidentes se produce cuando los autos se pasan entre ellos, generándose choques de frente, y una autopista evitaría tantas muertes. En la actualidad hay más de 7.800 muertes anuales en la Argentina por estas causas, lo que significa 22 muertes por día.

Me interesa mucho lo referido a la ruta 3, porque está presupuestada desde 2012 y no hay movimiento en la ejecución ni se ve movimiento de obra en la ruta.

La última pregunta sobre las rutas es cuáles son los beneficios que usted evalúa de utilizar el mecanismo de iniciativa privada en estas trazas que no son nuevas, existen, las transitamos y es obvio que hay que encarar la obra de la autopista. Sin embargo, el mecanismo de licitación para llevar a cabo estas obras es de iniciativa privada, y disculpe si no alcanzo a comprender la razón.  Las obras de mecanismo de iniciativa privada debieran tener otro tipo de características de innovación y demás, en lugar de trazas que no son nuevas y cuando es obvio que las obras se deben realizar.

Sr. Presidente (Domínguez).- Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Gribaudo.- Señor jefe de Gabinete de Ministros: agradecemos que cumpla con su responsabilidad, y esperamos verlo en esta Cámara el próximo mes.

El sabor que nos va quedando a lo largo de este cuasi debate es que no hay debate real, porque hay preguntas que son respondidas y no existe la posibilidad de repreguntar. Por eso, dejamos planteada esta inquietud al señor presidente de la Honorable Cámara a fin de que en la próxima sesión podamos discutir un tema que es común denominador entre oficialistas y opositores. También es importante que el oficialismo se exprese y que no venga al recinto a mirar y aplaudir al señor jefe de Gabinete, y a repudiar algunos dichos de la oposición. Seguramente, deben tener muchos proyectos y cosas para decir.

Hay un gran tema que tiene que ver con el narcotráfico y la inseguridad, que a esta altura debería ser abordado como una política de Estado por la demanda de la sociedad ante el Congreso de la Nación. Creo que la agenda del Parlamento no puede estar tan lejos de la agenda de la gente. No se trata sólo de intendentes que instalan cámaras para paliar los hechos de inseguridad. El Congreso puede responder, por ejemplo, con una ley de derribo. Nosotros y muchos bloques, incluso integrantes del oficialismo, han participado en la redacción de esta iniciativa. Entonces, la pregunta concreta es si el señor jefe de Gabinete está de acuerdo con avanzar en la discusión de una ley de derribo para ser tratada rápidamente junto con otro proyecto sobre radarización.

La segunda pregunta se vincula con algo señalado por el señor diputado Giustozzi y creo que con otro de la Unión Cívica Radical. Me refiero a las inundaciones ocurridas en la ciudad de La Plata el año pasado. Antes de que el señor jefe de Gabinete diga cuántas obras se están encarando por convenio o si comenzaron o no, me gustaría saber si conoce qué cantidad de muertos arrojó la tragedia de las inundaciones ocurrida en la ciudad de La Plata el año pasado. Hay muchas familias argentinas que esperan por parte del gobierno el reconocimiento oficial de la cantidad de muertos. Por último, desearía saber si el gobierno está cumpliendo o no con la compensación prometida a las familias damnificadas por el desastre.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Pinedo.- Señor presidente: en primer lugar, desearía saber si se reglamentará prontamente la ley de diabetes.

En segundo término, ¿por qué no se ha cumplido en materia de cuota Hilton, lo que ha originado una pérdida importante para la Argentina?

En tercer lugar, quiero referirme al tema del narcotráfico. En este sentido, en lugar de disputas políticas debería haber trabajo en común. El  señor jefe de Gabinete dijo recién que habíamos avanzado bastante, porque habíamos pasado de tener cuatro a veinte radares. Recuerdo cuando estaba otro jefe de Gabinete, el señor Alberto Fernández, y le formulé la misma pregunta sobre los radares. Me contestó –consta en la versión taquigráfica‑ que el tema de los radares era una estupidez; él planteaba: ¿para qué queremos los radares si no estamos dispuestos a derribar aviones? De esto no hace tantos años.

– Ocupa la Presidencia la señora      vicepresidenta 1ª de la Honorable Cámara, profesora Norma Amanda Abdala de Matarazzo.

Sr. Pinedo.- A manera de introducción deberíamos analizar algunos datos para ver si son o no ciertos. Por ejemplo, Chile tiene 1.300 kilómetros de frontera con Bolivia y Perú –países productores de drogas‑ y gastó en el plan Frontera Norte sobre radarización, otras aplicaciones tecnológicas y control de mar, tierra y aire, 70 millones de dólares. El programa argentino Escudo Norte habría costado 400 millones. Ellos del 2010 al 2012 incautaron cocaína de importación, de 18 toneladas pasaron a detectar y confiscar 27 toneladas, o sea un aumento sustancial.

La Argentina del 2009 al 2013 pasó de 12 toneladas a 5,6 toneladas el año pasado, o sea que hemos disminuido. Respecto de los chilenos, el decomiso de cocaína exportada de Chile a puertos extranjeros bajó el 52 por ciento, detectada en puertos extranjeros. Me encantaría que sea falsa la información de que la Argentina es el tercer país exportador de cocaína del mundo.

Quiero saber si hay un programa que trate de coordinar o que efectivamente coordine la acción de las fuerzas de seguridad, policías provinciales y fuerzas de seguridad nacionales, de las fiscalías en materia de combate contra el narcotráfico y de los jueces en materia de resoluciones vinculadas al narcotráfico. Por una ley que se aprobó con nuestra oposición hace unos años, las provincias también intervienen en temas de menudeo, y entonces me parecería importante que tuviéramos mecanismos de transparencia: registros de sentencias, actuaciones policiales, de acusaciones fiscales, coordinación, auditorías centralizadas, de manera de tomarnos en serio el narcotráfico en todo el país y de que no se nos cuelen por los huecos de las jurisdicciones.

Esto, por cierto, requiere el acuerdo de la Nación y las provincias. Si no hubiera un programa de este tipo, solicitaría al ministro que evalúe la aplicación de un programa en ese sentido, siendo la propuesta del bloque del PRO.

Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- Son múltiples las preguntas. El tema de los recursos públicos y el del vuelo a Madrid ha sido respondido por escrito, pero en definitiva no se compadece con los datos brindados sobre pérdidas de 600 millones de pesos, sino que en definitiva constituye una ruta estratégica en la prestación del servicio y, a su vez, también está asociado a una ruta de carácter rentable.

Respecto del tema de energía, efectivamente los mecanismos de costo de producción para la producción de gas es el tradicional de 2,5 dólares por millón de BTU, un sistema de Gas Plus que incrementa el precio, y eso se torna insuficiente en virtud de la composición relativa de la participación del gas en la matriz energética argentina. En consecuencia, el faltante efectivamente se importa.

A partir del rol de YPF, esta empresa adquiere Apache, incrementa su grado de participación relativa en la producción de gas y con más financiamiento en el acceso al mercado de capitales y, eventualmente, con asociación de capitales producirá más y, obviamente, sustituirá el proceso de importación de gas.

En definitiva, todas las empresas privadas han tenido un comportamiento decreciente desde el punto de vista de los niveles de producción. Por lo tanto, las empresas privadas, que establecen los mecanismos de explotación de gas y petróleo, han tenido números decrecientes como consecuencia de su propia incapacidad para generar los mecanismos de inversión.

Por eso obviamente se tienen que generar los mecanismos de inversión para la importación y garantizar el suministro con el subsidio correspondiente desde el punto de vista del precio final de la energía en el costo medio. La participación del gas en la matriz energética es equivalente al 52 por ciento y el subsidio en términos de generación es equivalente al 80 por ciento para, precisamente, generar incentivos de industrialización, para que el costo de acceso a la energía por parte de la industria sea más barato y, en consecuencia, promueva la industrialización con valor agregado y generación de empleo, y también que aumente el ingreso disponible para incrementar la capacidad y el poder de compra de las familias.

Respecto de los cambios metodológicos, usted ha tenido una observación de que se miente menos. La verdad es que esa es una ofensa al sistema de estadísticas del Estado, producto del uso de una metodología debidamente coordinada y reconocida por organismos multilaterales.

Si se lo sigue considerando de la misma manera, entiendo que de ningún modo se puede desvirtuar lo que los organismos consideran. Precisamente, estamos siendo reconocidos en cuanto al tema del diseño metodológico conforme a un estándar que genera calidad y  cooperación por parte de organismos internacionales.

En otro orden de cosas, quiero referirme a la actividad minera.  Aquí se ha hecho una apreciación respecto a la actividad minera en la provincia de San Juan.  Esta situación se debe al problema que tiene la empresa Barrick Gold del otro lado de la cordillera, que abarca Chile y la provincia de San Juan, en la Argentina.

En este sentido, los niveles de inversión o la no ejecución del programa de inversión conforme al plan inicial se deben a la cotización del precio del oro. Por lo tanto, eso es lo que ellos han planteado. También es cierto que la República Argentina tiene una base minera muy importante en distintas provincias.  Prácticamente tenemos casi cuatro mil millones de dólares de inversión extranjera directa para este año, y también un incremento sustancial de la participación de las exportaciones para este año y el próximo.  Obviamente, también existe un nivel de multiplicación del empleo directo e indirecto, lo que afecta a las provincias argentinas.

En ese contexto lo que quiero transmitir es que existe un marco legislativo que funciona. Me refiero al Acuerdo Federal Minero y las leyes correspondientes. Se mantienen inalterables los parámetros de estabilidad fiscal, de manera que no es un problema asociado a la República Argentina.  Inclusive, desde el punto de vista de nuevos emprendimientos, podemos hablar desde Cerro Negro, en Santa Cruz, hasta lo que significan los proyectos en la provincia de Chubut u otras.

La Argentina tiene un alto nivel de participación relativa en la producción de litio y es una de las reservas de carácter mundial junto a Bolivia.  Asimismo nuestro país constituye una de las principales reservas de oro, plata y cobre.

En consecuencia, existe un marco jurídico que nosotros vamos a respetar, y las empresas que invierten lo hacen en ese contexto, dentro de ese marco jurídico.

Respecto al tema del girasol, en primer lugar, la invocación de un documento papal me parece que es absolutamente imprescindible, independientemente de las relaciones que cada uno de nosotros tenga. Yo lo puedo afirmar desde el punto de vista de la fe o de lo que cada uno pueda creer.

Obviamente, en ese contexto me parece que es muy importante entender que cuando existe un documento de esta naturaleza –que puede ser avalado o no por quienes estamos acá‑ debe ser dado a conocer porque es una visión interesante para reconocer. No se trata de una cuestión de manipulación de ninguna naturaleza, porque precisamente entendemos que se trata de una profundidad en el uso de la palabra y la descripción de la problemática que ciertamente es compleja.

Respecto al tema del girasol quiero transmitir que no necesariamente puede asociarse el tema de la ampliación o reducción de superficie al de las retenciones.

La República Argentina es un gran actor en el mercado mundial del girasol, y son tres provincias las que siempre se disputan la participación relativa. Me refiero a la provincia de Buenos Aires ‑que es lejos la más importante‑, Chaco y La Pampa. Estas dos últimas compiten conforme a la realidad desde el punto de vista climático.

Chaco tiene alta volatilidad desde el punto de vista de la producción del girasol, porque está fuertemente asociada al régimen de lluvias. El año pasado hemos tenido un nivel de producción muy importante, pero también hemos tenido un nivel de superficie sembrada que superó justamente a La Pampa.  A veces cae a 57 mil hectáreas y en otras ocasiones aumenta a 380 mil, siempre dependiendo del factor climático.

En cuanto al tema de las retenciones, puede ser asociado o no, pero también hay una cuestión que tiene que ver con los precios.  El precio del girasol es muy importante y se puede ver afectado, del mismo modo que el conflicto internacional entre Ucrania y Crimea tiene impacto desde el punto de vista del precio del trigo, independientemente de las cuestiones vinculadas con los niveles de rotación de los cultivos con el sector agropecuario.

Concretamente, no existe por parte del Estado ninguna modificación desde el punto de vista de la política de retenciones.  Entendemos que esta cuestión será trasladada al ministro de Agricultura para que haga su evaluación respecto a este tema pero, por supuesto, gran parte de la superficie sembrada de girasol depende mucho del clima y también del precio y de su impacto desde el punto de vista de la rentabilidad del productor.

Con respecto al tema de Salta, nosotros tenemos respondido el informe. El miércoles 29 de enero de 2014 hubo un comunicado de la Cancillería argentina que desmiente cambios en las fronteras de Bolivia. La información para la prensa es la número 15 del año 2014 y dice textualmente: “El límite internacional entre Argentina y Bolivia está determinado por el tratado definitivo de límites del año 1925. No se ha modificado ni existe ningún proyecto de hacerlo. El límite internacional, como informan erróneamente algunos medios, entre la República Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia no hay diferencias en materia de límites fronterizos”.

Incluso le puedo responder con mayor profundidad aún. La localidad de Abra de Santa Cruz se ubica en la provincia de Salta, junto al límite con el Estado Plurinacional de Bolivia. Según informa el Consulado argentino, en Villazón viven 192 familias distribuidas en Santa Cruz, Yavi, Guaica Grande y Abra del Acay, a 4.470 metros sobre el nivel del mar. Le pregunto al señor diputado si quiere que yo lea esto o se remite a la información que está contestada por escrito.

–   No se alcanzan a percibir las palabras del señor diputado por haber sido pronunciadas fuera de micrófono.

Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- Quiero llevar absoluta tranquilidad en el sentido de que nunca existió un hito limítrofe 32 kilómetros al norte de Abra de Santa Cruz, como lo indicaron erróneamente algunos medios de prensa. En ningún momento se desplazó hacia el sur la frontera Bolivia-Argentina. La densificación efectuada con la erección del hito 4-2-A fue realizada, como todas las densificaciones que lleva a cabo la Comisión Mixta, sobre el mismo límite internacional, determinado en este caso por la línea recta que une los hitos 4-2 y 4-3 erigidos en el año 1940 y en cumplimiento del tratado definitivo de límites del año 1925.

Por lo tanto, es claro e indubitable que no hay ningún conflicto de límites y que no debe haber ningún tipo de cuestión que afecte los límites establecidos en el año 1925 o que afecte a las familias. Esta es una respuesta concreta a la inquietud planteada.

También se planteó alguna inquietud con respecto al tema de la ley de derribo. Nosotros tenemos una serie de antecedentes de países con legislación sobre derribo o intercepción de aeronaves. La posición oficial de la República Argentina es que no compartimos la instrumentación de reglas de empeñamiento o ley de derribo. Esto es así por una cuestión muy concreta: porque significaría para nosotros establecer un sistema de ejecución sin juicio previo.

Pero en ese contexto también es necesario –y lo pongo a la consideración de ustedes- decir que hemos hecho una evaluación de lo que sucede en el mundo con respecto a esta legislación. Estados Unidos sí posee ley de derribo. Es la ley 112 del año 1993, llamada Ultralight Air Path Smuggling Prevention Act. Esta es una ley que funciona.

En el caso de Asia, en India no se pudo corroborar legislación existente, aunque se admite la existencia de una norma. En Rusia hay ley de derribo en casos de acciones terroristas desde el año 2004. En Brasil existe el decreto 5144 del año 2004; existe ley de derribo con reglas de empeñamiento que establecen un procedimiento correspondiente.

En Colombia, el 17 de marzo de 2010 se han establecido reglamentos aeronáuticos; por lo tanto, existe. En Cuba no se pudo corroborar legislación existente, pero versiones periodísticas afirman que sí existe. En Perú hay un proyecto de ley que data del año 2013 y allí ha existido el derribo de un avión que transportaba pastores de una iglesia. En Venezuela existe ley de derribo. En Medio Oriente no se pudo corroborar. En Israel y en Alemania solamente para aquellas aeronaves que no acaten la orden de aterrizar. En Polonia no hay ley de derribo, como tampoco en Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua ni Paraguay.

En Latinoamérica también hay un proyecto de ley de intercepción aérea y marítima en República Dominicana. Uruguay no posee una ley específica; el código aeronáutico prevé medidas de coerción, pero no existe una ley de derribo. Tampoco poseen ley al respecto Belice, Guatemala, Haití, Panamá o Puerto Rico.

En cuanto a hechos de derribo, se observan en Cuba dos aviones pirata tipo Cessna, que fueron derribados en el año 1996; en Perú, en 2001, un hidroavión que fue confundido e interceptado y que llevaba una familia –es el caso al que hice referencia anteriormente; en Venezuela hubo un avión mexicano derribado en 2013 y en Perú –según notas‑ hay quince hechos de derribo adicionalmente a los que comentaba antes.

En cuanto a lo que mencionaba el diputado del Sel con respecto al tema de la autovía 34, hay 12 mil kilómetros de rutas en proceso de licitación  por el contrato de rehabilitación y mantenimiento, que incluye la ruta 34 y también obras de autovía. Eso se encuentra en proceso de licitación y ejecución para el período 2014-2015.

Con respecto a los lugares inundados, el gobierno de la provincia cuenta con un procedimiento en las leyes de emergencia nacional y provincial para la identificación de los casos, lo cual nos parece muy importante. Efectivamente, con la clasificación en zona de emergencia y/o desastre se puede recurrir a mecanismos de financiamiento. Por lo tanto, cuando usted lo considere necesario y conveniente, estaremos a disposición suya y del gobierno de Santa Fe para evaluar esta situación. No tengo ningún inconveniente al respecto.

Por otra parte, el sistema de información de mortalidad infantil está actualizado hasta el año 2012, y existe un menor nivel de actualización a nivel nacional por una razón muy sencilla: todos los datos están absolutamente descentralizados en el sistema de formación estadística de cada una de las provincias. Para la corroboración de los datos a nivel nacional es necesario que cada una de las provincias tenga la metodología homogénea con la Nación y remita la información. Cuando no se publica es porque efectivamente no se han podido constatar con veracidad y objetividad los datos que ameritan la evaluación de la tasa. De todas maneras, la tasa de mortalidad infantil se redujo del 16 a 11 por mil hasta el año 2011; todavía no se han publicado los datos de 2012 y 2013, que necesitan corroboración, y lo mismo ocurre con la información sobre la tasa de mortalidad materna. Pero tomo el dato para lograr trabajar para la publicación en forma inmediata.

En cuanto al fallo del CIPPEC, se trata de la posibilidad de un eventual o supuesto ejecutor de derechos sociales, o beneficiarios de una medida correspondiente. Sobre este tema puede hacer la consulta en la página web para constatar que efectivamente haya tenido o no algún beneficio. Es algo que se puede hacer y que se puede extender para otros programas. Nosotros estamos trabajando en esta dimensión, aunque todos los programas de carácter social tienen alcance universal y pretenden obviamente tener el máximo nivel de transparencia.

Como usted sabe, toda la base de datos que tiene la ANSES, correspondiente tanto a la Asignación Universal por Hijo como al plan Progresar y todos los programas sociales que se ejecutan bajo esa operatoria funcionan de un modo absolutamente claro y transparente.

En el caso de Pilar-Pergamino, está la previsión de la ejecución para la terminación de la ruta 5. En el caso de la ruta 3 está la convocatoria. Se trata de la autovía San Miguel del Monte‑Las Flores. En el mes de junio está prevista la licitación correspondiente, que se efectuará en cuatro secciones.

En cuanto a la ley de diabetes, es posible su aplicación. Pero en este caso es exactamente lo mismo que ocurre en el caso de la ley de trata, cuestión que tiene una particularidad. La ley 26.364, de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a las víctimas, establece un protocolo a seguir en determinados casos. Así, la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual detectó 250.000 avisos. También se cuenta con la Oficina de Rescate y Acompañamiento de Personas Damnificadas por el Delito de la Trata y el Comité Ejecutivo de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que interactúan con el Ministerio de Trabajo, de Seguridad y el área de Niñez, Adolescencia y Familia, y la coordinación del Sistema Integrado de Información Criminal del Delito de Trata de Personas –SisTrata‑, donde se definen competencias y aplicación de la ley.

Por otro lado, la ley complementaria 26.842 determina el funcionamiento del comité, con un plan bianual, en tres etapas que involucran articulación, difusión, sistematización, seguimiento, capacitación y asistencia, y la línea 145.

Han existido 6.339 personas rescatadas: un 47 por ciento, por explotación sexual, un 52 por ciento de explotación laboral, aproximadamente; 713 personas procesadas y 143 condenados.

En lo que se refiere a la ley de diabetes, es posible aplicarla pero requiere la reglamentación pertinente, que espero tener aquí en la próxima ocasión.

En cuanto a la cuota Hilton, como responsabilidad para el país exportador queda la perspectiva de cumplir o no, pero ello no significa que el incumplimiento implique la caída de la cuota. Esto tiene que ver con la capacidad de habilitación de las exportaciones.

Nosotros estamos trabajando con mucha meticulosidad en un plan de corto, mediano y largo plazo sobre la base de los estímulos correspondientes, y evaluamos los mecanismos para cumplir de manera gradual con los volúmenes de exportación en materia de carnes. Como saben los señores diputados, históricamente la Argentina tiene un coeficiente técnico de 80/20, es decir, 80 por ciento para el mercado interno y 20 por ciento para el externo; sin embargo, hoy se registra un 93 por ciento para el mercado interno y un 7 por ciento para el externo. Por lo tanto, es muy importante trabajar en este contexto.

Existe una tasa marginal de sustitución de unidad de superficie ‑14 millones de hectáreas desplazadas hacia el norte‑, lo que ha configurado una problemática con la industria frigorífica, que finalmente sufre las consecuencias del desplazamiento y los problemas de competitividad articulada entre los mercados interno y externo, así como también la estacionalidad relativa al consumo de kilos de carne por habitante. Este tema formará parte de un proceso incremental de cumplimiento de metas de exportación en materia de carne, y para ello está trabajando la Secretaría de Comercio.

En relación con el tema del narcotráfico, independientemente de las cifras corroboradas en el informe deseo señalar que estamos trabajando con el Poder Judicial a los fines de habilitar secretarías especializadas en la problemática del narcotráfico. Este es un elemento a favor desde el punto de vista de la dinamización de las causas que a esa problemática se refieren, a efectos de generar los procesamientos correspondientes y la intervención más activa y efectiva de la Justicia en estos delitos.

En lo relativo a la desfederalización, la ley 23.737, de tenencia y tráfico de estupefacientes, modificada por la ley 26.052, formó parte de un mecanismo de adhesión de Buenos Aires. En ese contexto, esta provincia adhirió y otras han pretendido hacerlo, en algunos casos, sin el consentimiento del Poder Judicial en sus respectivas esferas. De todas formas, en la reunión plenaria con los ministros de las áreas de Desarrollo Social, de Seguridad y de Justicia hemos pensado en estrategias para desfederalizar delitos de menor cuantía. En este punto hay biblioteca a favor y en contra, por lo que no existe unificación por parte de los responsables de las gobernaciones provinciales.

Con respecto al tema de las familias y la instrumentación de los subsidios, se ha hecho y le voy a dar al señor diputado el informe correspondiente.

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Zabalza.- Señor ministro: gracias por acompañarnos. Realmente nosotros le asignamos trascendencia a esta pequeña posibilidad de diálogo y queremos significarle que creemos en él y estamos convencidos de que es el camino que los argentinos tenemos que seguir para encontrar rumbos ciertos que nos permitan afianzar el bienestar de todo nuestro pueblo, particularmente de aquellos que están más castigados.

Estamos en una situación particular del país, ya que ha habido cambios abruptos desde el punto de vista económico; algunas cosas se han transparentado un poco más, otras siguen sin hacerlo. Son momentos complejos que requieren una disposición común, porque en nuestro país, después de haberse realizado la última elección legislativa nacional, viene la próxima elección presidencial.

Obviamente las cosas son como nos marca la realidad. A entender del interbloque del FAP, desde cada uno de los lugares de responsabilidad –sean en el ámbito del Ejecutivo, del Legislativo o incluso del Poder Judicial‑ tiene que haber una actitud –en un claro sentido político‑ para que entre todos tengamos el compromiso de que este proceso político democrático que estamos viviendo en la Argentina pueda siempre mejorarse.

Nosotros estamos convencidos de que la democracia siempre puede mejorarse, y siempre apelamos a lo obvio: la democracia se mejora con más democracia. No hay otro mecanismo para que esto sea posible. Y para que haya más democracia, a nuestro entender tiene que haber más diálogo, más mecanismos de participación, más descentralización de los gobiernos hacia donde están las necesidades reales de nuestra ciudadanía.

En función de la realidad de nuestro interbloque voy a desarrollar algunas preguntas concretas y con posterioridad voy a tomar un tema, que es el de la violencia, la inseguridad y el narcotráfico, que es uno de los ejes que teníamos planteado desde el punto de vista conceptual.

Señor ministro: queremos preguntarle en forma concreta –y aquí incluyo las preguntas que han realizado diputados de nuestro interbloque, que son muchos‑ si como consecuencia de esta situación de desfase que se ha producido en las variables económicas, con este acrecentamiento de la tasa inflacionaria a partir de fines del año pasado, con esta quita de subsidios y con el consiguiente incremento de las tarifas de los ingresos públicos que condicionan claramente una pérdida del poder adquisitivo del salario –me refiero fundamentalmente al poder adquisitivo de nuestros jubilados, ya que a nuestro juicio la ley de actualización que establece un ajuste semestral de sus haberes no resulta suficiente‑, está previsto algún aporte extraordinario por parte del gobierno nacional en función de esta realidad.

En el mismo sentido me gustaría saber si como consecuencia de esta realidad del incremento del costo de vida, que fundamentalmente conlleva un aumento real del costo de los materiales de construcción de viviendas, se ha previsto algún incremento en relación con los montos de los créditos del Programa Procrear.

En la misma dirección y en función de proyectos presentados por integrantes de nuestro bloque, quisiera saber si el Estado nacional ha previsto la impresión de billetes de mayor denominación, ya que objetivamente se agotan de manera muy rápida en las cajas en las que se retiran.

En lo relativo al presupuesto, al que hizo alusión el señor ministro, deseo señalar que en oportunidad del tratamiento en este recinto del proyecto de ley de presupuesto para el corriente año todos los bloques de la oposición y muy especialmente el nuestro cuestionaron el tipo de cambio establecido, como así también los índices y el crecimiento que se preveían en esa iniciativa, ya que eso hace a la consistencia y a la velocidad porque de ellos se desprenden los cálculos de ingresos y de gastos.

Lo cierto es que esos gastos ya no son reales sino que se han modificado abruptamente. Consecuentemente, me gustaría saber cuál es el plan de gobierno previsto por el Poder Ejecutivo para el corriente año si el presupuesto aprobado por este Parlamento ha quedado totalmente desnaturalizado a partir de los acontecimientos que se produjeron y respecto de los cuales no quiero explayarme.

También nos gustaría saber por qué el INDEC dejó de publicar los datos correspondientes a las canastas Básica Alimenticia y Básica Total. En algún momento el señor ministro planteó que el tema de la metodología de cálculo estaba en discusión. En general, a pesar de que en América Latina la cuestión de la metodología de cálculo sigue en discusión, estos índices se siguen publicando. Pero en nuestro país esto se ha discontinuado, lo que no nos parece serio porque consideramos que resulta muy difícil tratar de convencer a alguien de que un varón adulto puede comer con 254 pesos mensuales, es decir, con aproximadamente 8 pesos diarios.

En definitiva, esto nos da una idea de que efectivamente se está escondiendo un problema de pobreza que debemos asumir, ya que hace a la credibilidad de todos nosotros.

Por otra parte hay un tema al que nos hemos referido insistentemente y que es el de la ley de fabricación de medicamentos públicos. Esa norma legal no está reglamentada, lo que implica la imposición de limitaciones respecto de determinadas estructuras de medicamentos públicos. Resulta claro que los medicamentos públicos no están concebidos para competir en el mercado interno. Por el contrario, están concebidos –obviamente, con la garantía de calidad que determina la ANMAT‑ para bajar los costos de la prestación de la salud en las estructuras públicas de la salud; a eso apuntamos. Si hay una limitación y determinadas estructuras de medicamentos, que son varias, no pueden competir internamente en esas licitaciones públicas, se genera un efecto no positivo.

Por otra parte, quiero preguntar al señor ministro sobre el programa “Más cerca: más municipio, mejor país, más patria”, porque hay muchísimas quejas respecto de que a lo largo y ancho del país sus recursos están siendo dirigidos a aquellos municipios que responden al oficialismo.

Por otro lado, si está prevista alguna ley de compensación de los pasivos provinciales con la Nación, me gustaría saber con qué criterio se efectivizará, porque a raíz de la compensación que hizo con anterioridad este mismo gobierno, aquellas provincias que no tenían pasivos económicos con la Nación –es decir, que no tenían deudas- no recibieron ningún tratamiento favorable mediante medidas que las ayudaran a afrontar los difíciles problemas que atraviesan.

Quiero plantear un tema que suelo englobar en tres variables: violencia, narcotráfico e inseguridad. Todas ellas existen, y por eso debo decir sinceramente que me llamó la atención que en su participación inicial el señor ministro no aludiera al tema. A mi entender, en términos no sólo políticos sino también sociales tiene gran relevancia y se ubica en un plano de alta visibilidad; sin embargo, se impulsan definiciones que no van al eje esencial de lo que significan la violencia, el narcotráfico y la inseguridad en la República Argentina.

En primer lugar, hay que entender que esa realidad existe y que no hay soluciones facilistas ni simples. Asimismo, es preciso tener en cuenta que es un aspecto que acompaña la sociedad de consumo y desigual que tenemos. Cuando hablo de “sociedad de consumo” no me refiero a algo etéreo; vivimos en un proceso, en el marco de la sociedad actual –me refiero no sólo a la Argentina o a América Latina-, que se expresa en la debilidad de nuestras instituciones y es de gran complejidad. Pienso que los temas complejos deben ser abordados en forma compleja para encontrarles una solución o, por lo menos, avanzar en un camino de solución.

A mi juicio, esto trae aparejada la necesidad de un fuerte diálogo y de consenso político y social. Además, nos encontramos en una situación difícil, porque si no hay confianza en las instituciones y todo se transforma en un coro que crece en el marco de un Estado que no puede dar las respuestas necesarias avanza el criterio de la justicia por mano propia. Frente a ello el tema se agrava, como creo que felizmente hemos expresado los que tenemos responsabilidad de gobierno en todos los poderes, porque la violencia se intensifica y hay más desapego a la ley. Esta es una situación nueva que empeora la realidad que estamos viviendo.

Me refería al consumismo y a la sociedad de consumo porque el consumo ha desplazado al trabajo como principal actividad generadora de valores en la sociedad. Hoy la principal actividad de la sociedad es el consumo y no el trabajo.

El trabajo incorpora valores, estabilidad, sensación de poder cumplir frente a la familia, posibilidad de comer, una familia orgánica. Todo eso se nos ha ido escurriendo entre las manos. El consumo es felicidad aquí y ahora; cuanto más rápido, mejor.

Muchos delitos también están asociados a esta realidad porque todos estamos inmersos culturalmente en estos disvalores de la sociedad de consumo. Esto no compete sólo a los de arriba o a los del medio sino a todos, pero sobre todo a los de más abajo, que se prenden en esta locura de siempre tener más. Hemos perdido los valores de ser más, y en esto hay responsabilidad del Estado.

Querer y no poder acceder a lo que se desea es generador de violencia. Hay un concepto que asocia desigualdad y violencia. Está claro que es así, pero yo quiero recordar que en 2001 teníamos mucha más desigualdad que hoy, incluso violenta, y sin embargo no padecíamos la violencia actual. Entonces, creo que hay límites.

Vivimos en un continente muy desigual porque América Latina tiene una matriz impositiva absolutamente injusta. La propia CEPAL dice que el 5,4 por ciento del PBI en América Latina corresponde a impuestos directos y el 10 por ciento a impuestos indirectos que pagamos todos con independencia de nuestra posibilidad económica. Esta es una realidad que se reproduce en la Argentina y es una matriz impositiva muy injusta que genera más desigualdad. Por ello debemos asumir la convicción de que hay que modificarla.

El mensaje de separar a la sociedad en grupos antagónicos sólo coadyuva al incremento de la violencia, que no se arregla con más presupuesto. No se trata simplemente de una cuestión numérica, de poner más plata. La cuestión es dónde la ponemos y cuál es la integralidad que damos a las políticas. Hoy tiene tanta importancia una política de seguridad tendiente a contar con mayor cantidad de móviles como la de tener más acceso a la educación y seguir a los chicos que abandonan la escuela porque carecen de una familia que les exija que asistan a ella y de alguien que los controle.

Tampoco se trata de brindar un incremento al presupuesto del Poder Judicial. Necesitamos mejorar los procedimientos para que cese la impunidad, que es otra de las características que generan violencia implícita.

La impunidad genera violencia porque la gente ve que no se condena; fundamentalmente, que cuanto mayor es el rango, menor es la condena, y la protección al mayor rango emputece violentamente todo este tema en el medio de la sociedad.

Por eso nosotros como Estado tenemos que cuidar los mensajes. Es decir, tanta plata se gastó en turismo, tantas personas viajaron por el país y gastaron tanta plata, tantos se fueron al exterior y gastaron tanto. Esos números cuantitativos no ayudan a generar una realidad cualitativa en la conciencia de nuestros ciudadanos que nos permita juntarnos para pelear, todos juntos, contra el flagelo fundamental.

El incremento de la violencia está asociado con el crecimiento del narcotráfico en la Argentina. De eso no hay ninguna duda. El narcotráfico crece en la Argentina, y de eso tampoco hay duda. Cuando el narcotráfico se instala en los barrios marginales –esto lo dice la Iglesia y lo advertimos todos‑ aparece la secuela de más violencia y más muerte, sobre todo en los jóvenes y los niños.

Estamos ante una realidad en la que los jóvenes sin familia y sin horizonte destruyen las escuelas donde estudiaron y los centros de salud en los que se atienden sus familias. De modo que estamos ante un problema cuya solución es necesario abordar. En este sentido, la debilidad institucional es otro punto que nos interesa. Estuvimos muchos meses sin dirección en la Sedronar; actualmente ya tenemos dirección, y bienvenido sea.

Hoy estamos visualizando un mayor entendimiento entre la Nación y las provincias. Ojalá que lo planteado por el señor jefe de Gabinete respecto de la vigencia del federalismo se consolide porque es el camino real que tenemos para superar los problemas.

Hemos conversado con diferentes bloques legislativos para hacer un abordaje más integral; es decir, cómo hacemos para asumir la realidad en la que estamos inmersos como Nación, porque necesitamos que los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial‑ converjan a fin de afrontar un plan integral de seguridad, que no tenemos.

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- La Presidencia solicita al señor diputado que vaya redondeando su exposición.

Sr. Zabalza.- Ya concluyo, señora presidenta.

Para nosotros, el marco está en el acuerdo de seguridad democrática que este Parlamento trató hace unos cuantos años. Tengo aquí todos los puntos de dicho programa, que constituye la base esencial para juntarnos y conformar una mesa común. Estoy hablando de Nación, provincias, municipios, organizaciones políticas y sociales; todos tenemos responsabilidades, e incluso la responsabilidad ética de no mirar para otro lado frente a lo que está ocurriendo en nuestro país.

A nuestro entender, hay que retomar el camino del diálogo argentino, seguir el impulso propuesto por la Conferencia Episcopal en diciembre del año pasado y marchar con políticas claras planteadas desde el Poder Ejecutivo nacional a modo de convocatoria abierta a todos los sectores para discutir cómo salimos de esta situación.

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor jefe de Gabinete de Ministros.

Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- Rápidamente responderé a los distintos interrogantes planteados.

Respecto de la movilidad jubilatoria debo advertir que se aplicará exactamente como está concebida. Esto tiene variaciones desde el punto de vista de los recursos de los aportes de la seguridad social vinculados con el impacto de las paritarias desde el punto de vista de la evolución de los aportes, de las contribuciones y del índice de precios. En consecuencia, la movilidad jubilatoria estará vigente tal cual lo prescribe la ley aprobada por el Congreso.

En segundo lugar, en relación con el Programa Procrear, existe un sistema de demandas en forma sistemática. Hay demandas de 300 a 458 créditos por día. Hoy el sistema de financiamiento de créditos hipotecarios se ha extendido de un modo muy adecuado en la República Argentina. Existen 76 mil créditos otorgados por el Banco de la Nación Argentina y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, y en los últimos 125 años de historia del Banco Hipotecario Nacional, a partir de esta política activa en materia de créditos hipotecarios otorgados al programa Procrear estaremos llegando a cien mil créditos y se pretende llegar a cuatrocientos mil con una meta que se deberá ejecutar a un ritmo de cien mil créditos por año.

Finalmente, lo que se ha hecho para la sostenibilidad de los programas de crédito Procrear son acuerdos con corralones asociados al tema de provisión de materiales con el objeto de garantizar de que quien efectivamente recibe un crédito tenga la factibilidad de la ejecución con el mismo a partir de acuerdos de precios asociados a los insumos o bienes intermedios, asociados a la construcción de su vivienda.

Tercero, no hay ninguna previsión respecto a la emisión de billetes de mayor denominación.

Cuarto, respecto del presupuesto 2014, efectivamente nosotros tenemos el primer trimestre en ejecución. Es cierto, objetivamente, que ha habido modificación de algún conjunto de variables. Nosotros hacemos un nivel de evaluación desde el punto de vista del impacto de cada una de estas variables en materia de recursos y erogaciones, comportamiento de deuda pública finalmente asociada al tema de servicios de capital e intereses de deuda. Si uno toma en general el presupuesto público, tiene que proyectar para el año 120.000 millones de pesos en remuneraciones, 80.000 millones de pesos en gastos de funcionamiento, 105.000 millones de pesos en servicios de capital e intereses de deuda. A su vez, en materia de seguridad social se proyectan cerca de 465.000 millones de pesos, de acuerdo con la compatibilización con la evolución de recursos y erogaciones, más los 138.000 millones de pesos con distintas fuentes de financiamiento asociados al tema de inversión pública, más lo que efectivamente hemos corroborado desde el punto de vista de las transferencias corrientes asociadas a 285.000 millones de pesos, de los cuales hay un componente de subsidios y otros recursos complementarios.

Esta es la idea. Tenemos un análisis para cada una de las finalidades correspondientes. Asimismo, hacemos una evaluación desde el punto de vista de la tasa de desvío estándar existente en los distintos ejercicios presupuestarios para evaluar efectivamente las nuevas proyecciones macroeconómicas.

Nosotros consideramos que efectivamente la actividad económica está encaminándose en el siguiente contexto: estabilidad cambiaria, monetaria, previsibilidad desde el punto de vista de la evolución de la recaudación fiscal. En el primer trimestre ha sido equivalente a aproximadamente al 33,3 por ciento respecto al mismo trimestre del año anterior, lo que también ha originado un mecanismo de transferencias a las jurisdicciones provinciales, que es compatible con una evolución razonable desde el punto de vista de los recursos.

Ahí tenemos que diferenciar el base devengado y base caja. Base caja ha tenido un mayor nivel de ejecución en el primer trimestre en virtud de que efectivamente se ha asociado el mayor uso de estos recursos con respecto al pago de obligaciones devengadas en el ejercicio anterior.

Pero finalmente lo que quiero transmitir es que hacemos un monitoreo en forma constante desde el punto de vista de las proyecciones de recursos, de erogaciones, deuda pública y resultado fiscal primario y financiero.  Hoy no estamos con la idea o voluntad de hacer ninguna modificación, pero lo vamos a hacer en forma rigurosa trimestre por trimestre y en cada una de las oportunidades que estemos en el ámbito del Congreso para que eventualmente podamos discutir desde el punto de vista de la evolución de los indicadores macroeconómicos.

También con respecto al tema de canasta básica alimentaria y canasta básica total, he transmitido claramente que el cambio de la metodología nos remite a un año base de 1986 con 16 australes de concepto, por lo tanto el cálculo sobre esa base metodológica va a ser absolutamente inconsistente. Por eso no se divulga ni se publica, por una visión destinada al cambio de la metodología.

Respecto al tema de la ley de fabricación de medicamentos públicos, efectivamente cada una de las provincias argentinas también tiene en el marco de este entendimiento de carácter jurídico a nivel nacional distintas iniciativas. Algunas universidades nacionales promueven fabricación de medicamentos, algunas provincias hacen convenios específicos para la producción de medicamentos, que obviamente es mucho más barato.

Si uno toma tanto el sistema de seguridad social, fundamentalmente PAMI, más obras sociales de carácter estatal  más los recursos que se consolidan presupuestariamente con los Ministerios de Salud de cada una de las provincias argentinas, la erogación estimada para el año 2014 es equivalente a aproximadamente 20.000 millones de pesos, con lo cual el poder de compra es muy significativo y para eso es muy importante conjugar criterios entre todos los actores a efectos de propiciar obviamente una estrategia que nos permita la utilización de medicamentos genéricos.  Asimismo, hay que fiscalizar adecuadamente para que la normativa sobre prescripción de medicamentos genéricos, que es ley de este Congreso, se aplica regularmente.

El sistema de farmacias abarca 12 mil establecimientos en toda la provincia, pero no necesariamente esta prescripción de medicamentos genéricos funciona en forma adecuada. Por lo tanto es necesario compatibilizar por un lado la fabricación de medicamentos genéricos y el uso de los mismos en el sector público, y por el otro lado la prescripción de medicamentos genéricos a los efectos de establecer mecanismos sustitutivos de marca que efectivamente sean medicamentos que garanticen la eficacia desde el punto de vista de su prescripción.

–   Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- La reglamentación de la ley tiene algunos temas que guardan relación con acuerdos en cada una de las jurisdicciones para su ejecución, pero es una cuestión que debemos evaluar y tomo la iniciativa de hacerlo.

Desde el punto de vista del programa Más Cerca puedo decir que tiene una asignación de aproximadamente cinco mil millones de pesos.  Cuenta con diferentes niveles de ejecución que dependen de la identificación de los proyectos para cada uno de los municipios, de la preparación de los proyectos correspondientes, de la suscripción de los convenios y de los mecanismos de aprobación. En algunos casos se hace por administración y, en otros, por licitación y los mecanismos de certificación correspondiente.

Por lo tanto, el grado y velocidad de ejecución de ese programa están fuertemente asociados a la capacidad tanto de los municipios como de las provincias argentinas.

Respecto al tema de las compensaciones, si se toma el artículo 11 de la ley 25.570, que es el acuerdo Nación-provincias de febrero del año 2002, efectivamente las provincias argentinas que no recibieron procesos de restructuración de deuda son: La Pampa, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del Estero.

En una intervención anterior había hablado de casi cinco mil millones de pesos pero, para ser más exacto, el monto asciende a 4.874.280.000 pesos de acuerdo a la proyección del año 2014, que en el caso de Santa Fe es equivalente a 179.640.000 de pesos.

Diputado Zabalza: hay otras cuestiones que también voy a aprovechar para responder porque no tuve tiempo de hacerlo en mis anteriores intervenciones.

El programa Matanza-Riachuelo cuenta con un financiamiento internacional del Banco Mundial por 718 millones de dólares destinados a la provincia de Buenos Aires. Este programa tiene gran impacto desde el punto de vista del saneamiento ambiental. Se trata de una inversión cuya ejecución se prevé en cuatro años y, en definitiva, va a resolver estructuralmente los problemas de acceso al sistema de redes cloacales y el tratamiento de los efluentes a los efectos de tener un impacto ambiental positivo. Aclaro que este tema había sido mencionado con anterioridad.

Con respecto a las pistas clandestinas, vale decir que es falsa la información de que existen 1.200 pistas de este tipo en la República Argentina.  No hay ningún dato que lo corrobore efectivamente ni ninguna certificación efectiva en este sentido.

Puedo mencionar un caso personal.  En la provincia del Chaco se dice que hay 120 pistas clandestinas.  Muy bien.  Cité a los jueces federales correspondientes y les dije que, si esto era verdad, debíamos trabajar en forma conjunta en los respectivos allanamientos a los efectos de identificar cada una de las pistas con su correspondiente acción a los efectos de destruirlas, poniendo desde la provincia todas las máquinas viales y el equipamiento necesario para tal efecto. Pero ningún juez federal ha hecho una orden de allanamiento por este tipo de cuestión ya que considera que las avionetas pueden aterrizar en distintas superficies.

Por eso, muchas veces se hacen afirmaciones por parte de determinado tipo de asociaciones bajo el supuesto de que efectivamente están brindando una información veraz, pero la verdad es que no está debidamente corroborada.

Si podemos hablar de cada una de las provincias argentinas, en el caso del Chaco existen 33 mil kilómetros de red terciaria; 28 mil kilómetros son administrados por 101 consorcios y el resto por Vialidad provincial.  Por lo tanto, son susceptibles de aterrizaje en cualquier pista o, eventualmente, en todas las superficies sembradas o por sembrar.

Lo que quiero transmitir es que se trata de un tema más complejo que el simple hecho de hablar de pistas clandestinas. Lo puedo corroborar porque lo he planteado y he trabajado mucho para esta cuestión. Nunca se ha planteado una solución por parte de la Justicia con respecto a la supuesta existencia de estas pistas, que en forma sistemática y reiterada se mencionan.

En definitiva, desde el punto de vista del sistema preventivo es un atenuante muy claro la existencia de radares. Como todos saben, hay radares primarios y secundarios. Desde el punto de vista de la prevención, los radares primarios sirven para la detección de vuelos irregulares. Ustedes saben que este tránsito aéreo irregular, que se denomina TAI, tiene que ver no solamente con la posibilidad del transporte de estupefacientes sino también con la inexistencia de procesos de autorización de acuerdo con el protocolo desde el punto de vista aeronáutico.

En ese sentido, se han realizado inversiones en Santiago del Estero, en Resistencia. En el caso de Resistencia, el radar existente se instaló a partir de un convenio entre la Nación y la provincia, donde la provincia del Chaco ha hecho la inversión correspondiente para la estructura edilicia a los efectos de que eso funcione adecuadamente. También podemos mencionar Las Lomitas, Posadas, Santiago del Estero, Resistencia, y hay un esquema para extenderlo a Pirané y a otros lugares.

Por lo tanto, desde el punto de vista del rol de los gobernadores de las provincias argentinas y también del Estado nacional ha habido un esfuerzo para establecer los mecanismos de control del espacio aéreo, conjuntamente con la Fuerza Aérea Argentina.

Con respecto al mínimo no imponible, tema que surgió en anteriores intervenciones, les quiero transmitir un mensaje muy claro de la presidenta de la Nación. La presidenta propone al Congreso de la Nación que cualquier iniciativa se estudie con mucha precisión pero con un análisis efectivo del nivel de impacto que tenga desde el punto de vista de las deducciones especiales y generales y un análisis meticuloso por nivel de ingreso. Nosotros hemos identificado que desde los mecanismos de acceso a tenencia en moneda extranjera se han realizado 951 mil operaciones, por 531 millones de dólares, de personas que perciben entre 7 mil y 25 mil pesos mensuales, y el 65 por ciento de ese ahorro de tenencia en moneda extranjera está asociado a la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. En ese contexto, existen 47 mil autónomos y 82.034 monotributistas, y el costo fiscal de la instrumentación del mínimo no imponible en la gestión anterior, en septiembre del año pasado, fue equivalente a 6 mil millones de pesos, y la actualización anterior se hizo en el mes de marzo.

Los trabajadores con sueldo bruto inferior a 15 mil pesos no pagan impuesto a las ganancias. Mediante el decreto 1.242 se elevó la deducción especial hasta un monto tal que se neutralice el impuesto a las ganancias de esos trabajadores. Por la aplicación del decreto 1.242, a febrero de 2014 pagaron el impuesto a las ganancias 1.077.230 trabajadores, y a febrero de 2003 la cantidad de trabajadores que pagaron el impuesto a las ganancias fue de 2.405.865.

Es un mensaje para trabajar en forma conjunta con las iniciativas que puedan tener a los efectos de ver las deducciones y la estructura tributaria por cada uno de los contribuyentes, desde el punto de vista de las personas físicas que son alcanzadas por este tipo de tributos.

Pasando a las cuestiones internacionales me quiero referir al acuerdo con la República Islámica de Irán. Como ustedes saben, es un memorándum que oportunamente fue aprobado por el Congreso de la Nación. El canciller Timerman junto a su par iraní establecieron una hoja de ruta para ver si efectivamente ese convenio se puede ejecutar en el transcurso de doce meses. Para ello era necesario no solamente la aprobación por parte de la República Islámica de Irán sino también las condiciones desde el punto de vista del avance de la causa, que tiene que ver con el tema de la indagatoria a los imputados por parte del juez a los efectos de lograr las condiciones necesarias para que el juicio avance y exista castigo a los culpables. La misma presidenta en su mensaje de apertura de las sesiones ordinarias de este Congreso de la Nación estableció claramente una metodología para ver las propuestas que eventualmente podrían mejorar esa idea que se ha lanzado a través del memorándum, pero obviamente también le voy a llevar la consideración que ustedes establecen para la decisión correspondiente.

Con respecto a la evolución de las reservas internacionales, ustedes saben que ascienden a un monto de 27 mil millones de dólares. Entendemos claramente que las condiciones de reservas internacionales tenderán a mejorar a través de lo que significa la liquidación de exportaciones, la mejora de la evolución del comercio exterior y la percepción de inversión extranjera directa desde el punto de vista de múltiples proyectos de inversión, entre los cuales está la minería y otros emprendimientos de carácter industrial. Entendemos claramente que esta es una de las perspectivas para el transcurso de este año.

El diputado Zabalza hacía referencia al tema del Poder Judicial, y decía que esto no se resuelve solamente con recursos. Le quiero trasmitir lo siguiente: en el ámbito del Poder Ejecutivo de la Nación Argentina no ha habido gestión que haya asignado tamaña cantidad de recursos para el funcionamiento del Poder Judicial así como los mecanismos de automaticidad correspondientes para la transferencia de ingresos tanto al Poder Judicial como también al Consejo de la Magistratura.

Esto ha implicado un mejoramiento en las condiciones de asignación de recursos, como por ejemplo, bienes de uso para infraestructura edilicia y también para la remuneración de jueces, magistrados y funcionarios.

En este contexto, quiero trasmitir que existe una responsabilidad ineludible e insoslayable del Poder Judicial  con respecto a la aplicación de las leyes.

Desde el punto de vista de la vigencia plena del federalismo quiero señalar que el concepto de federalismo no sólo tiene que estar asociado a la transferencia automática de recursos. Quienes pertenecemos a las provincias del norte del país muchas veces nos vimos postergados por los gobiernos nacionales. Esta es la primera vez que sentimos un acercamiento muy claro y directo del gobierno nacional hacia las provincias del norte. Hemos podido hacer obras de infraestructura largamente postergadas a través de un programa de financiamiento internacional, mediante una modalidad que permite la equidad.

Como ustedes saben, la República Argentina tiene un problema clave que está asociado a la inequidad de la distribución del ingreso. Pero esta inequidad tiene que ver con tres componentes: la distribución funcional del ingreso entre trabajadores y empresarios, la distribución espacial del ingreso entre provincias o áreas geográficas determinadas y, por último, la distribución intertemporal del ingreso. Lo que uno puede afirmar objetivamente en forma categórica es que esta gestión de gobierno ha tratado de corregir estas asimetrías de un modo estructural, tanto la asimetría intertemporal de la distribución del ingreso ‑porque del mismo modo se aplicó la Asignación Universal por Hijo para niños, adolescentes y jóvenes‑, como la ley de cobertura desde el punto de vista previsional.

Pasar de aproximadamente 3.100.000 jubilados a casi 6 millones, y establecer los mecanismos para el aumento del 1.757 por ciento en el haber jubilatorio mínimo, que representa el 52 por ciento de la matriz global de los beneficiarios del sistema, implica claramente pensar en adultos, ancianos, jubilados, niños, adolescentes y jóvenes con un mecanismo de asignación  de carácter simétrico y distributivo.

Nosotros estamos a favor de la plena vigencia de este federalismo que permite la distribución en el territorio del 74 por ciento de los recursos y que implica acceder a agua potable, cloacas, viviendas, pavimento urbano, rutas, autovías, energía eléctrica y fibra óptica. De lo contrario, estos recursos siempre se distribuyen clara e indubitablemente a las zonas del centro del país, y los del norte argentino siempre estábamos postergados.

Por lo tanto, quiero hacer un reconocimiento extraordinariamente importante al presidente Kirchner y a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque esto lo saben perfectamente los lugareños y los pobladores de los distintos rincones de nuestro territorio argentino. (Aplausos.)

Eso es federalismo real, federalismo concreto, federalismo que llevó recursos a las provincias más alejadas y que por muchos años sufrieron la mayor inequidad en la distribución. Siempre se habló del centralismo porteño, pero en el norte argentino lo padecimos.

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Comparten su tiempo diez minutos los diputados Aguilar, Ivana Bianchi, Pucheta, Salino y Arenas. Como son varios los oradores y pocos los minutos, les pido que respeten el tiempo acordado.

Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.

Sr. Aguilar.- Señora presidenta: represento al bloque Compromiso Federal, que en su mayoría integramos legisladores de las provincias de San Luis, Córdoba y Buenos Aires. Usted, señor ministro, hizo hincapié en el federalismo desde una óptica por la que seguramente se ha visto beneficiado. Con mucho agrado hemos visto el inicio de un diálogo con nuestro gobernador. Como jefe de este bloque atentamente pido al señor jefe de Gabinete que esa agenda sea cumplida. Muchas veces nos sentimos discriminados.

San Luis ha mantenido conducta fiscal y políticas de Estado que verdaderamente son ejemplo en la República Argentina. Allá en 2010, en ocasión del cumpleaños de La Rioja, la señora presidenta manifestó a los riojanos, y por ende, a todos los habitantes de Catamarca, San Juan, La Rioja y San Luis, que les llevaba un regalo: el decreto 699 sobre prórroga de los beneficios de la promoción industrial. Sin embargo, hasta el momento ese decreto no ha sido reglamentado. Por ello, señor ministro, le solicito una respuesta y una acción a los fines de la reglamentación de tal normativa.

Ello genera algunos problemas con el tema de la producción. Sabe perfectamente el señor ministro que las provincias del interior tenemos el problema del transporte. Todos consideran la ruta 7 como “la ruta de la muerte”; por lo tanto, pido que se agilicen las obras iniciadas hace más de dos años, que avanzan muy lentamente.

Otra de las preguntas se relaciona con las obras sociales. Represento al sector gremial, y más puntualmente, a la administración de una obra social. Hoy, vemos con muchísima preocupación la situación real de las obras sociales. Los prestadores médicos se están manejando con precios que van más allá del ciento por ciento en las prestaciones. Usted también sabe, señor ministro, que nosotros dependemos de los aportes patronales que tienen que ver con las paritarias. En la actualidad todos los prestadores piden adelanto de precios, que están por encima del 30 por ciento.

Quiero saber cuál será la respuesta del gobierno en relación con los prestadores, pero más precisamente, cómo actuará el Estado respecto de la deuda que mantiene con las obras sociales, sobre todo, en temas puntuales como discapacidad y planes de alta complejidad.

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra la señora diputada por San Luis.

Sra. Bianchi (I.M.).- Señor ministro: en primer lugar, quisiera saber qué políticas se están llevando a cabo en la actualidad dentro del sistema carcelario argentino para disminuir el índice de reincidencia delictiva.

En segundo término, ¿existe un régimen para las personas con discapacidad dentro de las unidades carcelarias? En caso de que la respuesta sea afirmativa, desearía conocer la información sociodemográfica y de salud.

Por otro lado, ¿existen pabellones especiales para alojar a personas con discapacidad dentro de las unidades carcelarias, dentro de los parámetros de la ley 24.314?

Finalmente, quisiera saber si el gobierno nacional tiene pensado trasladar alguna oficina estatal al interior del país, específicamente a la provincia de San Luis.

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Pucheta.- Soy representante de militancia social.