Intendentes bonaerenses, representantes de movimientos populares y vecinos de distintos asentamientos expusieron en la Cámara de Diputados, sobre el proyecto de ley que propone expropiar terrenos para urbanizarlos mediante la creación del régimen de integración socio urbano y regularización dominial. Fue en el marco de un plenario de cuatro comisiones: Asuntos Constitucionales, Vivienda y Ordenamiento Urbano, Legislación General, y Presupuesto y Hacienda.
Néstor Grindetti, intendente de Lanús, dijo que el proyecto sumará en su municipio 10 mil escrituras y “permitirá que no haya vecinos de primera y otros de segunda, sino que sean todos uno y así cerrar definitivamente la grieta social, con un Estado presente para que todos los vecinos puedan
contar con los servicios básicos”.
El concejal Martín Rodríguez, presidente del Concejo Deliberante del municipio de Hurlingham, celebró que el Congreso debata esta iniciativa pero marcó lo que a su juicio son falencias en relación a un proyecto anterior que perdió estado parlamentario. Consideró que el actual proyecto “avasalla las atribuciones del Congreso de la Nación con respecto a la regulación dominial de las villas”.
La diputada nacional Silvia Lospennato aclaró, a su turno, que para redactar el proyecto se hizo “el primer relevamiento a nivel nacional sobre la materia”. Además, criticó que se quiera generar incertidumbre en la gente que, después de muchos años de espera, está por recibir su título de propiedad. “Ningún proceso de escrituración en marcha va a ser revertido por esta ley; no tendríamos semejante grado de irresponsabilidad”, sostuvo Lospennato.
Nicolás Ducoté, intendente de Pilar, les pidió a los legisladores que avancen en la aprobación para que “los vecinos cuenten con herramientas modernas para subsanar la ausencia del Estado por muchos años, garantizando que el suelo sea propiedad de miles de familias y materializando sus derechos”.
Al enmarcar el tema como “crucial y medular” para que los habitantes bonaerenses puedan avanzar con sus derechos, Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, sostuvo que “es fundamental desarrollar integralmente todo el Conurbano como un área metropolitana, más allá del espacio político que representamos los intendentes”, subrayó.
Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, sostuvo que “estamos ante una deuda histórica” que brindará certezas a las familias que “viven 
constantemente con incertidumbre”. Asimismo, mostró ilusión en “generar una herramienta institucional que nos ponga por primera vez en la dirección correcta para integrar y no segregar”.
Juan Ignacio Maquieyra, presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expresó que el proyecto es un “paso muy importante para lograr el proceso de integración urbana”, y en esa misma línea agregó: “En base al esfuerzo realizado en conjunto se puede construir un presente y futuro mejor, reivindicando los derechos de cada ciudadano”.
Al celebrar la voluntad de todos los bloques legislativos de avanzar en esta problemática, Juan Grabois, 
fundador y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, detalló los puntos que considera que deberían sumarse al proyecto original: no obstaculizar cualquier proceso de expropiación o regularización dominial vigente; exigir que el tribunal de tasación de la Nación intervenga dentro de los 180 días; definir los precios de los lotes una vez hechas las subdivisiones, no superando cierta cantidad de sueldos básicos, vitales y móviles; que haya participación de los gobiernos municipales; armar una comisión bicameral de seguimiento para un plan anual de obras de cómo se avanza en la integración urbana; y crear un plan nacional de lotes con servicios.
En ese sentido, Guadalupe Granero, coordinadora del programa de ciudades del CIPPEC, ponderó como necesario “declarar la emergencia habitacional por 10 años” y coincidió en buscar “alternativas más allá de la herramienta de la expropiación” que garantice el derecho a la vivienda para todos que “sean ágiles y socialmente más justas para acceder al suelo y la vivienda”.