Por Horacio Umbídez
Cuando el diputado nacional oficialista Carlos Kunkel amenaza con la intervención federal de la justicia tucumana, no hace más que confesar la disposición del kirchnerismo a hacerlo en caso que la Corte de esa provincia no falle conforme sus deseos de convalidar el triunfo electoral de Manzur. De paso, anticipa que en ningún caso volverán a realizarse las elecciones en cuestión.
Demás está decir que el gobernador Alperovich, pese a controlar la legislatura provincial, no impulsará la sanción de una ley de acefalía, ni la de prórroga de su mandato.
Dicho esto, el hecho que el oficialismo tucumano haya pedido finalmente la intervención de la Corte de esa provincia es de la más absoluta razonabilidad. En primer lugar porque tiene formas de presionarla para conseguir un fallo favorable. En segundo lugar porque acudir a la SCJN hubiera sido seguramente rechazado por no haberse agotado las instancias de la justicia local. Y finalmente porque, ante la carencia de una ley de acefalía, el tiempo que transcurra hasta que haya un pronunciamiento judicial definitivo -cualquiera sea-, torna imposible la realización de un nuevo proceso electoral que decida nuevas autoridades y la provincia quedaría acéfala.
En ese caso el kirchnerismo podría decidir la intervención de los tres poderes provinciales e imponer su voluntad, so pretexto de hacerlo para restablecer el orden institucional en Tucumán.
Mientras exista la posibilidad que la Corte tucumana convalide el triunfo de Manzur, no es necesario precipitar ningún desenlace y el tiempo juega, en última instancia, a favor del oficialismo.
Ciertamente el kirchnerismo cuenta hasta el 10 de diciembre con mayorías suficientes en ambas Cámaras del Congreso Nacional para sancionar una ley que disponga la intervención federal. Eso es ni más ni menos lo que nos recordó Kunkel cuando ante radio La Red y respecto al fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán que declaró la nulidad de las elecciones provinciales del último 23 de agosto, declaró: «Los dueños [de los votos] no son nuestros funcionarios judiciales, sino el conjunto del pueblo. Y si no intervendremos el Poder Judicial de la provincia de Tucumán. Mire qué fácil…».
El federalismo político no está mucho mejor resuelto que el federalismo fiscal en nuestro ordenamiento institucional.
La posibilidad de que el gobierno federal intervenga los poderes de las provincias está contemplado en el artículo 6º de nuestra Constitución, pero la falta de una ley que reglamente las intervenciones federales precisando mejor las causas y alcances de la intervención, regulando las funciones y facultades de los interventores, estableciendo límites temporales a las intervenciones, fijando mecanismos de control parlamentario de las intervenciones, etc., implica el riesgo de abusos o de una intromisión del Estado Nacional en asuntos de las provincias.
El mencionado artículo de nuestra CN señala que el primer motivo de la intervención federal es garantizar la forma republicana de gobierno, y si bien las cosas no están funcionando muy bien en Tucumán y su justicia es habitualmente cuestionada por opositores y hoy lo es por el oficialismo, si hay algo que demostraron los jueces de la Sala 1 de la la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán, es que hay división de poderes.