Un primer paso para debatir el proyecto de responsabilidad penal de personas jurídicas (empresas, básicamente) por delitos cometidos contra la administración pública, se dio en un plenario de las comisiones de Legislación Penal y Legislación General, que presiden los diputados oficialistas Gabriela Burgos y Daniel Lipovetzky, respectivamente.
El plenario debatió sin quórum la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo, que también contempla la responsabilidad penal para personas jurídicas por cohecho transnacional, tipificado en el artículo 258 bis del Código Penal.
La diputada Gabriela Burgos reafirmó que “la decisión política de ambas Comisiones fue siempre tratar el tema y escuchar las propuestas de modificaciones que tengas los legisladores”. Y sentenció: “La corrupción es un tema neurálgico en nuestro país, que se utiliza de forma retórica. Por eso vamos a citar a una nueva reunión plenaria».
En tanto, el legislador Daniel Lipovetzky sostuvo que “venimos trabajando con la participación de muchos especialistas, debido a que es un cambio paradigmático y revolucionario en lo relacionado a lo Penal”. Y agregó: “Los que se hicieron presentes hoy acá demuestran compromiso y trabajo para luchar y erradicar la corrupción. Los que no vinieron deberán hacerse cargo de darle la espalda a una legislación como ésta”.
En esa línea, Fernando Sánchez afirmó que “tenemos voluntad objetiva de avanzar. Hay bloques enteros que decidieron no venir. Acá queda claro que hay muchos que dicen que quieren combatir la corrupción, pero no vienen. Luego sentenció: “El país está podrido de corrupción. Que se sepa quiénes queremos luchar contra este flagelo y quiénes no”.
A su turno, la diputada Silvia Lospennato ratificó el compromiso de todo Cambiemos para llevar cuanto antes el proyecto al recinto y criticó fuertemente a los que no asistieron: “Los que se esconden, son garantes de la impunidad del poder. Está claro que hay alguien que no quiere que se investigue, que no estén las herramientas. El problema de la corrupción no es casualidad, es producto de una dirigencia que vive con la corrupción y los ciudadanos estamos cansados”.
Para finalizar, Cornelia Schmidt-Liermann consideró que “la hipocresía que vemos hoy nos lastima. Sabemos que con esta ley nos terminaríamos de insertar en el mundo”.
Con respecto al proyecto de ley, el objetivo del régimen propuesto es dotar de mayor eficacia a las políticas de prevención y lucha contra la corrupción a través de la generación de incentivos para que las personas jurídicas prevengan la comisión de delitos contra la administración pública por medio de la implementación de programas de integridad, y cooperen con las autoridades.
Entre los delitos se destacan las figuras de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y exacciones legales.
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