El ministro de Trabajo Jorge Triaca aseguró este miércoles que el proyecto de empleo joven apunta a crear 240.000 puestos de trabajo, al explicar ante un plenario de comisiones, los detalles de la iniciativa impulsada por el gobierno nacional.
El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, aseguró que el proyecto «no afecta a ninguno de los derechos de los trabajadores y garantiza el acceso a la seguridad social», y sostuvo que se trata de «uno de los sectores más vulnerables a la hora de alcanzar la empleabilidad».
Al explicar en la Cámara de Diputados ante un plenario de comisiones los detalles del proyecto impulsado por el gobierno nacional sobre primer empleo, Triaca precisó que en los últimos meses “se han creado 35.000 puestos de trabajo y se han perdido 120.000”, sobre todo en el sector de la construcción, debido a la paralización de la obra pública desde los últimos meses de 2015.
El ministro expuso los alcances de la iniciativa oficial en el marco de un plenario de las comisiones de Trabajo, que preside el justicialista Alberto Roberti; de Presupuesto, que encabeza el macrista Luciano Laspina, y de Economías Regionales, a cargo de la aliada catamarqueña Myriam Juárez.
“Tenemos como objetivo cuidar el empleo”, aseguró Triaca, al exponer sobre la iniciativa que contempla un sistema de beneficios que integra exenciones sobre las contribuciones patronales e incentivos económicos adicionales para el empleador por cada nuevo empleo que cree cuando contrate trabajadores en su primer empleo.
En el encuentro, que en principio había sido convocado sólo por la comisión de Trabajo y a última hora del martes se sumaron después las de Presupuesto y Economías y Desarrollo Regional, el ministro manifestó la preocupación del gobierno por la existencia de “966 mil jóvenes que no estudian, no trabajan y no buscan empleo, que alcanza al 24 por ciento del sector”.
Ante los diputados, el ministro reconoció además que hay un “estancamiento en la generación de empleo desde los últimos cinco años” y que “uno de cada tres trabajadores está en el sector informal” y admitió que “hay tensiones en algunos sectores”, como en la industria manufacturera vinculada afectada por la caída de las compras por parte de Brasil, que atraviesa una dura recesión económica.
No obstante, Triaca aclaró que el proyecto “no plantea una situación permanente y para siempre” sino que aclaró que se trata de “un beneficio a 36 meses, descendiente”, al precisar que “no es lo mismo una empresa debajo de 200 empleados, y tampoco no es lo mismo para regiones del NOA NEA que para el resto”.
En torno a las expectativas a alcanzar con la iniciativa, precisó que el proyecto apunta a crear “240.000 oportunidades” al año, que tengan chance de encontrar a través de estos beneficios una oportunidad de desarrollo, «120.000 en el NOA y NEA y 120.000 en el resto del país”.
Precisó que en los últimos meses, y para atender la situación social, el gobierno nacional adelantó la convocatoria al Consejo del Salario, actualizó el valor del seguro de desempleo, impulsó la ley de Reparación Histórica para los Jubilados, la devolución del IVA para la canasta básica y propuso la cobertura universal de salud, así como el aumento del mínimo no imponible de ganancias, entre otras cuestiones.
Los empleadores que incorporen nuevos trabajadores bajo este régimen estarán exentos del pago de distintos porcentajes de las contribuciones patronales y podrán recibir incentivos económicos durante los primeros 36 meses de vida laboral formal del empleado.
Los cruces con los «dipusindicales»
Luego de la explicación del ministro, el primero en tomar la palabra fue el presidente de la comisión de Trabajo, que coordinó el encuentro, el justicialista Alberto Roberti, referente de los petroleros, quien aseguró que «no están dadas las condiciones para aprobar el proyecto pero tampoco para rechazarlo ‘in limine'».
Roberti aclaró que el proyecto, presentado en abril pasado por el gobierno, no fue «cajoneado» por esa comisión pero reconoció que hubo «un fuerte debate» entre los diputados al advertir que el escrito incluye cuestiones que «hacen ruido». En ese sentido adelantó que la intención de ese cuerpo es convocar, en las próximas semanas, a las centrales obreras para que expongan su opinión en torno al proyecto.
Sin embargo, el diputado del Frente para la Victoria y dirigente de la UOM, Abel Furlán, fue más duro al exponer la posición de las centrales sindicales. Aseguró que «claramente» el movimiento obrero «no tiene como agenda este proyecto de ley» y sostuvo que las preocupaciones de este sector son «la inflación, la destrucción de puestos de trabajo y los tarifazos, entre otras».
Furlán adelantó que «la CGT está en contra» de esa iniciativa y advirtió que el proyecto «precariza a los trabajadores porque da la posibilidad, a las grandes empresas, de deshacerse de un trabajador antiguo por un trabajador nuevo». Y explicó que el proyecto, «no exige un listado de trabajadores que sigan siendo parte de la empresa» cuando se incorpore el empleado joven.
Desde el oficialismo, el presidente del bloque de diputados del PRO, Nicolás Massot, cruzó al dirigente sindical y pidió que el movimiento obrero «se haga cargo» de este debate y del diagnóstico, al sostener que se trata de una situación que «es arrastrada desde hace más de una década, donde el movimiento obrero también existía y sin embargo no escuchamos ni por asomo, con esta vehemencia, las mismas críticas».
«Deben hacerse cargo, lo menos que uno espera es una oposición constructiva discutiendo los diagnósticos y no tomar actitudes catárticas porque, lejos de utilizar este ambiente que debe ser propositivo o como grupo de autoayuda, lo usemos para tratar de consensuar un diagnóstico», afirmó Massot, quien sin embargo manifestó la voluntad del oficialismo de abrir al debate e incorporar cambios a la iniciativa, como lo hizo con otras iniciativas del Poder Ejecutivo.
Al responder a esos cuestionamientos, Triaca aseguró que «la inflación es un tema que está resolviendo este gobierno, que viene bajando consistentemente en los últimos 4 meses» y consideró que esa situación «va a permitir recuperar la recomposición salarial», a la vez que rechazó que la iniciativa pueda generar «especulaciones» por parte de los empresarios, para tomar trabajadores más jóvenes en reemplazo de los más antiguos.
El diputado del PRO, Eduardo Amadeo, rechazó las críticas de la oposición y la «oportunidad» del debate planteada por varios diputados; puso de relieve las iniciativas impulsadas por el gobierno nacional para «atender a los más excluidos», a la vez que aseguró que este proyecto «forma parte de una agenda intensa que equilibra las necesidades de resolver el presente y sembrar para el futuro».
Antes, el diputado del Frente Renovador, Facundo Moyano, destacó la voluntad de «diálogo» del gobierno de Macri aunque cuestionó que «después, en lo concreto, no aparecen las soluciones y las posibles soluciones se terminan vetando por un capricho o una decisión arbitraria del Presidente».
Tras criticar la política económica del gobierno y advertir que «han profundizado todos los problemas que dejó el kirchnerismo», Moyano agregó: «Ninguno solucionaron». Y aclaró que ese espacio, que lidera Sergio Massa, está dispuesto «al diálogo» y no quiere «poner palos a la rueda», al afirmar que no es «una oposición destructiva».
Otro de los diputados que cuestionó el proyecto fue el ex ministro de Economía y actual diputado nacional del Frente para la Victoria-PJ, Axel Kicillof: dijo que es importante «que el ministro haya reconocido la existencia de despidos, luego de haberla negado varios meses» pero pidió volver a aprobar la ley antidespidos «y que Macri no la vete». E insistió: «No sean necios de nuevo en no escuchar a los trabajadores».
Fuente: Telam