Fue aprobado por mayoría en el plenario de las comisiones de Legislación Penal y General
En un plenario de las comisiones de Legislación Penal y Legislación General, que presiden los diputados oficialistas Gabriela Burgos y Daniel Lipovetzky, respectivamente, se firmó el dictamen en mayoría sobre el proyecto de responsabilidad penal para las personas jurídicas, por delitos cometidos contra la administración pública.
La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, propone dotar de mayor eficacia a las políticas de prevención y lucha contra la corrupción a través de la generación de incentivos para que las personas jurídicas prevengan la comisión de delitos contra la administración pública por medio de la implementación de programas de integridad, y cooperen con las autoridades. Se apunta, concretamente, contra las figuras de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y exacciones legales.
El proyecto de ley contempla también la responsabilidad penal para personas jurídicas por cohecho transnacional, tipificado en el artículo 258 bis del Código Penal.
La diputada Gabriela Burgos explicó que «esto ayuda a la transparencia de la sociedad y beneficia el funcionamiento de las personas jurídicas». «El tema de la corrupción nos indigna a todos y hay que atacarla. En nuestro país había un vacío en este caso porque había ausencia de legislación», afirmó. Además, sostuvo que en el proyecto «hay también una incorporación del acuerdo administrativo y que esto abre el panorama para denunciar actos que se hayan producido con anterioridad».
En la misma línea, el diputado Daniel Lipovetzky consideró que «es un proyecto disuasivo, para buscar transparencia en la sociedad» y lo calificó como «un gran avance en la lucha contra la corrupción». Además, consideró que «es una ley que la Argentina necesita».
Lipovetzky solicitó que se trate esta ley en el recinto de diputados para que luego sea tratado en el Senado lo antes posible.
La diputada Victoria Donda dijo que «esta ley debería llamarse ley Odebrecht» y en esa línea, presentó un dictamen de minoría conjuntamente con el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, el Partido Justicialista y otros bloques.
Tanto los diputados Ricardo Alfonsín como Carla Carrizo votaron en disidencia. En el caso del diputado Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista), rechazó la iniciativa por considerar que «no se trata de un proyecto contra la corrupción».
El diputado Luis Petri defendió la iniciativa y sostuvo que «necesitamos romper los pactos de impunidad y esta ley ayudará en ese sentido».
El dictamen fue aprobado en el plenario de este miércoles, después de haber iniciado el martes la discusión del proyecto pero sin haber alcanzado el quórum.
En el encuentro del martes, el diputado Fernando Sánchez afirmó que “tenemos voluntad objetiva de avanzar contra la corrupción». La diputada Silvia Lospennato ratificó el compromiso de todo Cambiemos para llevar cuanto antes el proyecto al recinto y Cornelia Schmidt-Liermann consideró que “con esta ley nos terminaríamos de insertar en el mundo”.